El avance judicial sobre los líderes progresistas de América latina continúa en base a un guion que se aplica de forma calcada de país en país. Esta semana le llegó el turno a Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, que fue condenado a ocho años de prisión
en una causa por sobornos a empresas privadas. La sentencia del tribunal de primera instancia, que será apelada por sus abogados, también lo imposibilita a participar en política por 25 años. La asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira expuso la matriz político-judicial detrás del fallo. “Esta causa es muy similar a la de `los cuadernos´ contra Cristina Fernández de Kirchner. En nuestro caso quieren proscribir la participación política de Rafael Correa y de su partido, Revolución Ciudadana (RC)”, dijo la asambleísta en diálogo con Página/12. El gobierno del presidente Lenín Moreno, antes aliado del correísmo, también le inició causas judiciales tanto a Rivanedeira como a otros tres asambleístas de RC, acusándolos de instigar el estallido social
que paralizó a Ecuador el año pasado. Por eso motivo todos ellos hoy se encuentran como asilados políticos en México
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-¿De qué se trata el caso “Sobornos 2012-2016” por el que se acusó a Correa?
-El proceso se inició hace un año y medio aproximadamente tras una investigación de un portal digital sobre aportes de empresas privadas a campañas electorales. La primera tesis de esta fake news fue que Odebrecht había llevado a la presidencia a Correa en 2013. En base esto es que inicia la investigación en 2018 la fiscal Diana Salazar, que fue puesta en su cargo por el actual presidente Lenin Moreno en este periodo de gobierno. Como la fiscal no pudo probar que Odebrecht fue quién financió la campaña, empezaron a vincular a otra serie de empresas privadas. El proceso tiene mucha similitud con lo que pasó en Brasil contra Lula y Dilma. Aparece una persona vinculada al entonces presidente Correa que había escrito en una libreta supuestas aportaciones que realizaban empresas privadas de forma irregular. La semejanza con la causa de “los cuadernos” con la que se quiso involucrar a Cristina Fernández de Kirchner es patente. Esa libreta fue la principal prueba en la que se basó el proceso judicial que hoy condenó a Rafael Correa, el que fue vicepresidente durante su gobierno, Jorge Glas, y otros ex funcionarios.
-¿Qué irregularidades encontraron en la causa?
--Primero, esa libreta en al que se basó todo el proceso es trucha. Se le hicieron peritajes que no validaron la información que hay en ella. Segundo, una perito que sí dió el visto bueno a la libreta supuestamente formaba parte del Instituto de Peritos de México. Pero luego este organismo informó que la mujer no estaba autorizada para cumplir con esa función, por lo tanto la invalidaba para ejercer sus funciones en el proceso. Es decir, hay una prueba en la que la perito no es perito, en que la prueba no es prueba, y en la que ninguno de los actores acusados han tenido vinculación directa con el proceso en el que se los involucra. Tercero, hasta el día de ayer, aun habiendo 2000 causas en lista de espera, el sistema de justicia ecuatoriano sólo avanzó en el caso que involucra a Correa. Todos esos elementos avalan lo que nosotros venimos denunciando desde hace meses: la única intención del presidente Moreno y de sus aliados judiciales, económicos y mediáticos, es la proscripción política de Rafael Correa, y básicamente eso lograron con la condena.
-El hecho de que usted junto con otros tres asambleístas del partido de Correa, Revolución Ciudadana (RC), estén como asilados políticos en México, ¿es parte de este mismo proceso?
-Sin duda. Es parte de un proceso de judicialización de la política o lawfare, que busca proscribir al correísmo. Nosotros estamos acá desde el 9 de enero. Agradecemos infinitamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por abrirnos las puertas de su país y permitirnos evidenciar que estábamos viviendo una persecución política con riesgo para nuestra vida y la vida de nuestras familias. El día que yo salí hacía México, a las pocas horas mi padre fue apresado en el Ecuador. Hasta hoy el proceso judicial en su contra continúa sin que pudieran probarle absolutamente nada. Forma parte del amedrentamiento que ha existido contra nosotros y contra nuestra postura política. Correa tiene cerca de dos decenas de procesos judiciales abiertos. Jorge Glas está en prisión desde hace casi dos años sin que se le haya aprobado ninguna de las causales por las que fue acusado. Estamos a puertas de una nueva elección presidencial que debería ser en febrero de 2021. Sin embargo, se está empezando a decir que por la pandemia habría un aplazamiento, lo que es gravísimo para la democracia. Para nosotros esto tiene una finalidad absolutamente política, liderada por las élites económicas y las corporaciones mediáticas. Ellos saben que tienen que apostarle absolutamente todo a Moreno para continuar teniendo el poder a sus espaldas. El correísmo les significa una amenaza para sus privilegios.
-Y todo esto en un contexto donde el gobierno de Moreno está siendo muy criticado por el manejo de la pandemia.
- Quieren tapar su ineficiencia poniendo una nueva cortina de humo que es justamente la sentencia que se emitió contra Correa. Además, en las últimas semanas han intentado hacer un “framing”, es decir, mostrar los hechos como si todo lo anunciado en cuanto a la pandemia, los fallecidos en las calles, en las casas, los apilamientos de cadáveres, la fosa común, entre otras barbaridades, fuera una estrategia lanzada por el correísmo desde México y Venezuela. Lo cual es absolutamente absurdo. Esto para nosotros ha sido clave identificarlo. Ahí se muestra la desesperación de un gobierno ineficiente, con un gabinete mediocre, para enfrentar la pandemia.
-Sin embargo Moreno llegó a la presidencia con el apoyo de ustedes. ¿Cómo explica su viraje?
-Para nosotros ha sido muy complicado descifrar eso al principio. Después contamos con información que nos remitía a cuando Moreno fue enviado especial para las Naciones Unidas, en Ginebra. Ahí fue cuando tuvo un acercamiento con Estados Unidos, más específicamente con el Departamento de Estado. En ese momento ya se perfilaba como candidato de RC. Llegó con un rostro amable, siendo una de las personas que gozaba de mayor aceptación por su carisma, por haber sido además contraparte de Correa. Era la persona que tenía los votos para ganar. De tal manera que cuando ganó las elecciones, ya en el proceso de transición se empezaron a sentir esos rezagos de desvío. Cuando asumió el gobierno el viraje hacia el conservadurismo fue absoluto, especialmente en materia económica. Le devolvió el poder a las grandes empresas. Unas 200 de ellas fueron beneficiadas con la condonación de impuestos por 4.500 millones de dólares. Además se alió con los dueños de los medios de comunicación hegemónicos.
-Y en cuanto al contexto latinoamericano, ¿cómo le parece que se enmarca este fallo?
-Yo sostengo que es parte de una trama enfocada por el Departamento de Estado. Los gobiernos progresistas latinoamericanos de la primera década del siglo XXI fueron una amenaza para Estados Unidos. Todo lo que hicimos en cuanto a integración, soberanía, alzar la voz por países dignos, por pueblos libres, dañó sus intereses geopolíticos. La llegada de gobiernos de derecha al continente, como Bolsonaro, Duque, Piñera, el golpe en Bolivia, vino acompañada de una vuelta al FMI, al Banco Mundial, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la cooperación militar norteamericana. Esto va anclado directamente con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que tenemos aquí. De tal manera que esto no es casual. Forma parte de un entramado para evitar que nuevamente lleguen al poder, a través del voto popular, presidentes que puedan irrumpir con esta lógica monopólica.
Entrevista: Juan Manuel Boccacci
