La Argentina es un país que estaba en emergencia antes de esta emergencia. Es decir: es un país con emergencias superpuestas.

En el primer proyecto convertido en ley que trató en sesiones extraordinarias el Parlamento en la gestión de Alberto Fernández se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Por eso, la emergencia generada por la pandemia del coronavirus se produce en un país donde ya se habían declarado nueve emergencias previas.

Había crisis antes de la crisis. Y, por supuesto, en cualquier país donde hay una emergencia potenciada hacen falta recursos crecientes. Estamos en una situación de alta complejidad que requiere de madurez, serenidad y consensos. No hay que olvidarlo ni un minuto: los mayores recursos que hoy se necesitan están directa o indirectamente vinculados a salvar vidas.

En esta perspectiva, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la antesala de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, afirmó con relación a los pasos a seguir en el marco de la pandemia: “Primero, continuar con las medidas de contención imprescindibles y respaldar los sistemas sanitarios. Algunos afirman que existe un conflicto entre salvar vidas y preservar los medios de vida. Yo digo que este dilema es falso. Dado que se trata de una crisis pandémica, es necesario derrotar al virus y proteger la salud de las personas para alcanzar la recuperación económica”.

Para ello, en el país de las emergencias superpuestas se necesitan más camas, más respiradores, más remedios, más comida. Tenemos en la Argentina un Estado que fue achicado y endeudado durante los últimos cuatro años, y que hoy se enfrenta con una demanda descomunal de recursos para atender las necesidades crecientes en el escenario de la pandemia. Es en este contexto que estamos trabajando en un proyecto para establecer un tributo extraordinario con una asignación específica, es decir, orientado a contribuir a resolver los problemas emergentes de esta crisis y tendiente a ayudar a los sectores más afectados.

Como punto de partida estamos trabajando sobre un universo referido a un bajísimo porcentaje de la población con altos patrimonios y grandes ganancias. Ante la enorme necesidad, ese sector de la sociedad puede contribuir sin que ese aporte los afecte demasiado: luego de pagar ese tributo seguirán siendo tan millonarios como antes.

En muchos países del mundo se está pensando en este tipo de imposiciones excepcionales. En una nota de hace unos días el Financial Times les pidió a los gobiernos un papel más activo en la economía y reformas de fondo sobre el rol del Estado y la distribución del ingreso. El periódico británico consideró que “será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía”. Agregó, además, que “la redistribución volverá a estar en la agenda (…) Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla”. En ese sentido, remarcó que “se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos”.

En una perspectiva similar, crece la demanda para colocar en la agenda de discusión global el tema de la evasión y las guaridas fiscales. Las cifras son escandalosas. En un informe de CEPAL llamado “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2019” se afirma que “el costo regional de la evasión y la elusión fiscal es el equivalente al 6,3 por ciento del PBI en el 2017, lo que equivale a 335.000 mil millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos, producto de la manipulación del comercio internacional de bienes, llegaron a los 85.000 millones de dólares, es decir, 1,5 adicional del Producto Bruto.

“La desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos”, afirmó Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Y agrega que por eso él entiende que un impuesto a la riqueza es una alternativa válida y un instrumento muy útil dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva.

Según el FMI, en los últimos dos meses salieron de los mercados emergentes aproximadamente 100.000 millones de dólares de inversiones de cartera, monto más de tres veces mayor que en el mismo período de la crisis financiera mundial ocurrida a partir de 2008.

También Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una organización integrada por investigadores y activistas preocupados por la evasión de impuestos y los “paraísos” fiscales, afirma que hay entre 8 y 35 billones de dólares en esas guaridas fiscales.

En la Argentina, la AFIP acaba de informar sobre la existencia de 950 cuentas sin declarar radicadas en esas guaridas. Se trata de alrededor de 2.600 millones de dólares. La información había sido provista por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2017 pero no fue analizada por la gestión de Mauricio Macri. En los cuatro años de ese mismo gobierno salieron del país 88 mil millones de dólares, una consecuencia de la apertura de la economía que habilitaba a cualquiera a comprar dólares y llevarlos libremente al exterior.

La Argentina, por otro lado, pagó 12.400 millones de dólares de intereses durante 2019 sólo por la parte de la deuda en dólares. En esta perspectiva, resolver el tema de la deuda sigue siendo una cuestión fundamental.

Finalmente, el Presidente Alberto Fernández, luego de mostrar los resultados de la primera etapa del aislamiento social obligatorio, decidió en línea con los expertos médicos, entre otros sectores consultados, extender la medida hasta el próximo 26 de abril. Es decir: el Presidente mostró que hay un camino y ese camino está dando resultados. Apartarse de él sería una locura. Mantenerlo, dado los costos sociales y económicos del aislamiento, requerirá de todos nuestros esfuerzos y creatividad como sociedad.  

Diputado Nacional Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario