El ministro de Trabajo Claudio Moroni afirma que la tarea de su cartera no sólo se limita a elaborar políticas y acciones para mejorar las condiciones de trabajo. Es más, sostiene que en este marco inédito de pandemia es parte del mecanismo de protección estatal de la salud pública. En ese sentido, señala que se avecina la construcción de un nuevo mundo y, por ende, de un nuevo Estado. 

--Le ha tocado dirigir el ministerio en un escenario complicado e inédito. 

--Sí, pero si uno mira las normas que fuimos sacando desde que comenzó esta pandemia siempre apuntamos a mantener el nivel de protección a la sociedad en general y a los trabajadores en particular. En ese sentido, la Confederación Internacional de Trabajadores publicó un cuadro donde la Argentina está entre los países que más está protegiendo los derechos de los trabajadores. Pero además hay que tener en cuenta que congelar las tarifas, refinanciar la deuda de las tarjetas y reducir sus intereses, son cosas que también hacen al mantenimiento del nivel del ingreso familiar.

--La cuarentena administrada, como la definió el Presidente, permitirá el funcionamiento de otras actividades. ¿Cómo se controla o coordina?

--En esta nueva etapa vamos a articular que las habilitaciones de nuevas actividades se realicen de modo tal que se proteja la salud de los trabajadores y de la comunidad. Lo que estamos viendo en este momento son los protocolos que deberán cumplir esas actividades dentro de los establecimientos laborales. Pero también estamos estudiando otro punto importante como es la organización de la logística del transporte público. Tenemos que articular estas dos variables porque no queremos que el transporte de los trabajadores se transforme en un foco de peligro. Eso lo estamos comenzando a desarrollar. Hay vocación tanto de empresarios como de sindicatos de retomar la actividad pero de manera controlada. Pero antes hay que encontrar el punto de equilibrio donde el retorno a la actividad no provoque un desastre en la salud de la población. 

--¿El comité de crisis donde participan la CGT y las organizaciones patronales no debían elaborar propuestas de cómo se implementará esta nueva etapa?

--Eso se acordó cuando nos reunimos en la Casa Rosada y era el marco general. Ahora, en base al nuevo decreto presidencial, que definirá cuáles son las actividades que retornan, iremos al marco particular y ahí trabajar con los sindicatos y las cámaras empresarias. Hay avances, de hecho la Uocra ya acordó un protocolo de prevención con la Cámara de la Construcción. Igualmente la salida va a ser muy lenta y eso nos da el tiempo suficiente como para ir organizando y diagramando todo.

--¿A partir de estos nuevos regímenes de trabajo que se planean habrá que modificar los convenios colectivos de trabajo?

--Es necesario aclarar que nada de lo que se hará será impuesto de manera unilateral. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer será de común acuerdo. Todo lo que vinimos haciendo en normas laborales es ir tendiendo a frenar conflictos y motivar el acuerdo. Esta nueva etapa se irá realizando a partir de protocolos acordados y, por lo tanto, si hay modificaciones temporarias o permanentes de los convenios será por consenso.

--Cualquier intento de modificación de los convenios genera tensiones.

--Sí, pero lo que pasa hoy es totalmente diferente. Es la primera vez que atravesamos una crisis de este tipo y magnitud. Estamos viviendo un evento del Medioevo en el Siglo XXI. Tampoco significa que si hay una modificación será de manera permanente. No lo tenemos claro y por eso nuestra intención es avanzar siempre a partir de acuerdos y vemos en las partes la misma vocación. Puede haber temas puntuales y en general lo que vemos es una clara intención de alcanzar acuerdos para que la reactivación se desarrolle de la manera más normal que se pueda.

--¿Qué grado de conflictividad laboral hay en estos días?

--Tenemos una conflictividad importante pero que se va resolviendo bien. Debemos tener sometidos a conciliación obligatoria más de 20 casos. La pandemia provoca algunas situaciones que pueden resultar simpáticas. Por ejemplo, hace dos semanas atendimos el caso de la Federación de Trabajadores Sal que decía que no tienen nada que ver con la industria alimenticia y que eran mineros. Fue una discusión de dos días donde les explicábamos que si no había sal no había producción de alimentos. Lo importante ese conflicto y otros más se resolvieron.

--En este contexto de parate económico, donde la más afectadas son las Pymes, el Estado se vuelve un actor fundamental...

--Bueno ahí tenemos el sistema de DNU que sacamos y donde la gente se está escribiendo en la AFIP y que es la asistencia a las empresas. Eso representa un trabajo enorme, sobre todo para programar todo eso porque nosotros tenemos el viejo modelo de los Repro que es una herramienta para circunstancias puntuales. Ahora lo que tenemos que hacer es una asistencia masiva. Por eso tuvimos que hacer un trabajo de que será automático a través de la web de la AFIP. Eso representa un universo de unas 300 mil empresas con menos de cien empleados y que implica el 55 por ciento de la fuerza laboral del país.

--¿El Estado puede soportar este peso?

--Vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que soportar el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE). También estamos armando el bono para los trabajador de la salud que se le va a pagar durante cuatro meses unos 5000 pesos. Estamos armando toda una serie de herramientas que significan distribución de dinero desde el Estado y que a veces sólo se ve cuánto le cuesta al Estado pero la parte operativa es muy compleja.

--¿Por ejemplo?

--Cuando avanzamos con el IFE descubrimos que conocemos muy poco de ese sector que no es el grupo que está en los planes sociales ni el sector formal sino que es ese grupo que está en el medio y que son monotributistas de bajas categorías que a veces están formales o a veces informales y que van más allá del trabajador no registrado. La verdad es que descubrimos que teníamos bastante poca información. Ahora estamos avanzando para poder ayudarlos con mayor efectividad. Es un sector grande. Pensemos que el IFE va a ser por familia y estamos estimando cerca de cinco millones de beneficios y nos muestra el reparto entre la economía formal e informal en la Argentina.

--Es una prueba de lo desequilibrada que está la distribución de la riqueza.

--Efectivamente. Tenemos que pensar nuevos modos de regular esas relaciones.

--Ahora, todas estas medidas que toma el gobierno no terminarán el día en que se levante la cuarentena y el mundo no seguirá siendo el de antes.

--Sabemos que el mundo que sigue va a tener cambios y la verdad que es una tarea que nos tenemos que poner a pensar. Nadie tiene muy claro cómo sigue pero para nuestro gobierno no hay duda de que tenemos que darle a ese sector de la sociedad que le describo, un sistema de protección comunitaria adecuada.