Son veintidós considerandos y 23 artículos útiles de un total de 26, los que tiene el decreto municipal 123/20, que prevé flexibilizaciones administrativas y medidas fiscales para el comercio y la pequeña empresa local en la emergencia pública por la pandemia del Covid-19.

Tras citar todas las medidas de emergencia adoptadas en el orden nacional y provincial, el Ejecutivo municipal expresa que “es necesario generar desde el municipio acciones propias y exclusivas y articular con organismos provinciales y nacionales programas y políticas que lleguen en forma coordinada y efectivas, tanto a los sectores más vulnerables como a aquellos que fueron especialmente afectados por la imposibilidad de ejercer sus actividades normales y habituales”.

Asimismo, indica que “el Covid-19 se presenta como una intimidación al bienestar de los salteños y al interés público, cuya satisfacción y defensa constituye la principal misión de este Departamento Ejecutivo” y que “como consecuencia del aislamiento social obligatorio instaurado para la protección de la salud individual y colectiva, las pymes y empresas salteñas se vieron obligadas a cerrar sus puertas de atención al público, para evitar la propagación del coronavirus”.

Así es que en líneas generales el decreto, que lleva las firmas de la intendenta Bettina Romero y del coordinador legal y técnico, ordena a todos los funcionarios "colaborar, relevar, detectar e informar necesidades básicas y trabajar en conjunto”.

Tras aludir inicialmente a las tareas de desmalezado, fumigación y limpieza; en el artículo tercero dispone coordinar acciones con organismos nacionales y provinciales para el control de precios e invita "a los Señores y Señoras integrantes del Concejo Deliberante a sumar sus esfuerzos y horas de trabajo en territorio, cuidando a los vecinos y coadyuvando a reforzar el esquema de inspecciones establecido, haciendo efectivo lo dispuesto en la normativa vigente”.

La manera en que está redactado el decreto invita a leerlo como un sincero pedido de colaboración o una sutil manera de decirle a los ediles que salgan a las calles a trabajar.

Se adoptan después en el decreto algunas de las siguientes decisiones: poner en vigencia, dentro del área legal, medidas de arbitraje y mediación para locatarios de inmuebles destinados a vivienda o pequeños comercios, que tuviesen deudas generadas con posterioridad al día 1 de marzo de 2020.

Se implementa una ventanilla única para recibir y solucionar, mediante procedimientos uniformes, ágiles y transparentes, los requerimientos, reclamos y denuncias de cualquier naturaleza y origen. 

También invita a la Cámara de Comercio para consensuar el modo de desarrollar actividades comerciales en el marco de las excepciones dispuestas por el Decreto Nacional 297/2020 y disponer a través de la Secretaría de Desarrollo Humano una red solidaria y comunitaria de lucha contra el hambre y la desnutrición.

Facilidades fiscales

En lo impositivo establece el 28 de abril como fecha de pago Anual 2020 de la Tasa de Protección Ambiental, Tasa General de Inmuebles, Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a la Radicación de Automotores; ratifica que los vencimientos de los distintos tributos que corresponden a febrero, se difieren y unifican con los vencimientos de marzo. 

Además se extienden los vencimientos de la TISSH (Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene) para pymes y comercios de comprendidos en el Régimen General; se fija el 28 de abril como vencimiento de la TISSH de febrero y marzo, para los contribuyentes PROCOM (grandes contribuyentes) y se podrá revisar el vencimiento dispuesto para aquellos casos concretos de dificultad manifiesta y probada para el pago de esas obligaciones. Se suspende hasta 1 de junio el inicio de nuevas fiscalizaciones e inspecciones y los plazos en los procedimientos de inspección y fiscalización en curso.

Serán suspendidas las notificaciones legales, sumarios y multas por falta de presentación de declaraciones juradas o el pago de los períodos mensuales febrero a diciembre 2020 y se dispone que los que planteen y prueben efectos evidentes de recesión de actividades como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, no tendrán límite de cantidad de planes de facilidades de pagos a realizar hasta el 31 de diciembre de 2020, pudiendo realizar más de uno por tributo.

Eximiciones al comercio

El bloque opositor Salta Tiene Futuro propone una ordenanza para eximir al comercio salteño del pago de tres tasas, durante cuatro meses.

Mientras comienza a aplicarse el mega decreto 123, los concejales del bloque Salta Tiene Futuro, que agrupa ahora a los opositores a la intendenta Bettina Romero, anticiparon públicamente la decisión de impulsar un proyecto de ordenanza para eximir durante cuatro meses al comercio salteño, del pago de las tasas de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, Publicidad y Propaganda y Ocupación del Espacio Público.

Este planteo es uno de los primeros escollos que debe sortear el nuevo asesor político e institucional César Álvarez, quien señaló ya en declaraciones públicas que no es conveniente desfinanciar al estado municipal.

El proyecto, en el que se propondría además la reducción de costos para las habilitaciones comerciales en hasta un 50% y la prohibición de clausura s y multas, es impulsado por los concejales Dario Madile, Frida Fonseca, Romina Arroyo, Francisco Benavidez, Julio Romero, Liliana Monserrat, Santiago Alurralde y Raúl Córdoba. La idea es que se trate el próximo miércoles durante una sesión virtual.