La presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad, Irene Cari, estuvo detenida ayer durante casi todo el día, al atardecer se le concedió el arresto domiciliario, con custodia policial, y hoy a las 9 será indagada. Aparentemente, se le imputa desobediencia a una orden judicial. Pero en realidad todo en el operativo de la Policía de Salta es confuso y ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público Fiscal brindaron información certera.
La medida desató la reacción de organizaciones sociales y políticas, particularmente de mujeres, que tramitaron la liberación de la referenta e incluso informaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en el entendimiento de que se trata de una acción que pretende ser aleccionadora para el movimiento de mujeres.
Según se pudo establecer, Cari fue detenida luego de que prestara ayuda a una niña de 14 años que en la madrugada recurrió a ella tras escapar de un hogar, a donde había sido enviada por decisión de una jueza de Tartagal, luego de que la chica denunciara un delito en su perjuicio.
Cari misma detalló las circunstancias de su detención en un audio que envió a su hijo, en el que aseguró que su único delito consistió en prestar ayuda a esta nena. "Fui detenida por haber salvado la vida de una niña a la que ni siquiera estaban buscando y por no entregarle (a la Policía) a las 2, 3 de la mañana a la pequeña me han declarado delincuente, y esta mañana me han golpeado ahí en la vereda, en la calle", denunció.
Añadió que la acción policial en su contra se dio precisamente cuando salía con la intención de llevar a la nena a la institución de la que se había fugado. Contó que la chica fue a su casa a la madrugada, "la pusimos en un domicilio seguro para que descanse, para que esté protegida. Inmediatamente hicimos la denuncia al 911 y me fui a la comisaría a hacer la denuncia donde me negaron, no querían tomar la denuncia, y me puse mal, como loca, que me tomen la denuncia porque había una menor desaparecida, una menor que se había escapado”, relató.
Se sabe que se le indicó a Cari que debía llevar a la nena de vuelta a la institución esa misma madrugada, exigencia que ella rechazó, porque la chica estaba ya descansando en un lugar seguro. En cambio, se comprometió a llevarla a la mañana, cosa que intentaba hacer cuando fue detenida en un operativo policial de la Comisaría de Villa Palacios.
La novedad de la detención puso en movimiento a distintas organizaciones, el diputado nacional Juan Ameri concurrió junto con un abogado a la Alcaidía de la Ciudad Judicial, a donde había sido trasladada Cari. Allí la esperaba la abogada Gabriela Gaspar, de la Multisectorial de Mujeres. Tal era el nivel de desinformación sobre el operativo, que ayer por la tarde, mientras se intentaba obtener la libertad de Cari, se vivieron momentos de zozobra porque, en medio del escándalo de esta detención, se había perdido el rastro de la nena, de cuyo paradero recién se supo a la noche.
Según se supo, la detención de Cari fue decidida por la fiscala Verónica Simesen. El procurador general Abel Cornejo informó que el Ministerio Público Fiscal intervino porque se presentó una denuncia por la desaparición de la nena. En conversación con la periodista Marta César, presidenta de la Multisectorial de Mujeres, el procurador se comprometió a hacer lo posible hoy para que Cari sea liberada de toda responsabilidad penal y quede en libertad tras la audiencia, prevista para las 9.
No a la violencia institucional
La detención de la referente feminista se produjo en momentos en que crecen los reclamos y denuncias por hechos de violencia policial e institucional en el marco de las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus.
Un total de 49 organizaciones, del campo popular, de la política, estudiantiles organismos de derechos humanos y hasta gremios, suscribieron anoche un comunicado de solidaridad con Irene Cari y de rechazo a la violencia policial.
"Su detención violenta y arbitraria se da en el marco de una serie de acciones de ésta índole protagonizadas por las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el país, que se han agudizado desde la imposición de la cuarentena por el Covid-19", señala el comunicado que inició la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, pero que enseguida recibió la adhesión generalizada de otras organizaciones.
El comunicado destaca que durante más de 3 horas, se ocultó el paradero de Cari a sus abogados, familiares y miembros de organismos de DDHH que se acercaron a la Alcaldía para exigir su liberación. Por ello responsabilizaron "a las autoridades provinciales por la seguridad de la compañera Cari" y exigieron: el "cese de la violencia institucional", la absolución y libertad inmediata a Irene Cari y la derogación del decreto de necesidad y urgencia 255/20, por el que el gobernador Gustavo Sáenz creó un régimen sancionatorio de excepción para quienes transgredan las medidas de aislamiento por la pandemia del Covid-19. También exigieron el cese de la persecución a dirigentes sociales que "ponen el cuerpo todos los días, incluso en cuarentena".
Las organizaciones aseguraron que Cari fue detenida arbitrariamente y se atropellaron "todos sus derechos constitucionales". Tras recordar que fue aprehendida cuando intentaba restituir a una nena que había pedido su ayuda, afirmaron: "Las violencias machistas no están en cuarentena, porque nos siguen matando, porque nos siguen violentando y niñas, niños, adolescentes, mujeres, y las disidencias estamos en peligro, todos los días y más aún en este contexto de crisis".
En este camino, además de exigir que no se le imputen cargos a Cari, "que no solo no ha cometido ningún delito, sino que además hizo lo que le corresponde al Estado", responsabilizaron al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, "militar retirado negacionista de la última dictadura", por "cualquier perjuicio ocasionado a la compañera".
Y exigieron también que haya un acompañamiento a las adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos, y que se pongan en práctica políticas públicas integrales.
