El periodismo dejó de ser, al mismo tiempo, una vocación de servicio y una concepción empresaria. Ese pacto está roto desde hace años y cualquier camino hacia su reinvención debe reconocer que el mercado es su enemigo, no su salvador. Tal es la tesis de Victor Pickard en su libro ¿Democracia sin periodismo? Enfrentando a la Sociedad de la desinformación (2019, Prensa de la Universidad de Oxford) en el que propugna, para garantizar la pluralidad de voces, un sistema público de medios financiado por el Estado. Por cierto, y en muchos aspectos, este texto parece escrito para nuestro acá y ahora.
Pickard es profesor asociado en la Escuela de Comunicación Annenberg, Universidad de Pensilvania, donde codirige el Centro de Medios, Desigualdad y Cambio (MIC). En ¿Democracia sin periodismo? historiza la crisis actual del periodismo estadounidense y la sitúa dentro de los problemas estructurales de largo plazo que afectan a todo el espectro de las empresas de contenidos periodísticos. Y plantea reconvertir los medios locales o regionales de base privada sin apoyo publicitario en medios sin fines de lucro financiados por el Estado, un gran fondo fiduciario respaldado por múltiples fuentes de ingresos o con gravámenes obligatorios sobre oligopolios de comunicación. Pickard plantea en 2019 una idea similar a lo que los autores plantearon ya en estas mismas páginas. (https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-245191-2014-04-30.html ).
Resulta pertinente recordar aquí que en Europa o Estados Unidos la radiodifusión pública son los servicios de radio, televisión y otros medios de comunicación electrónicos que reciben financiación de los contribuyentes. En la Argentina todos los medios son públicos, pero sólo se consideran públicos a los medios de gestión estatal. Para Pickard «el mercado» es la causa que oprime la actividad periodística y diezma las redacciones en todo Estados Unidos y provoca que regiones enteras carezcan de cobertura de noticias locales en un momento en que más se necesita del periodismo entendido como servicio público. El problema es un sistema de relaciones de poder y asignación de recursos que determina qué periodismo se financia y cuál no y, por lo tanto, debe perecer.
Según esta lógica, si los públicos (o más bien, los anunciantes, los inversores y los propietarios de los medios) no apoyan ciertos tipos de periodismo, debemos dejar que se marchiten. El absurdo inherente de esta posición se pone de relieve si imaginamos el diseño de nuestra educación pública de acuerdo con una lógica comercial similar. Si bien lo dicho parece un planteo absurdo o extremo, es precisamente esta lógica salvaje la que está apagando el periodismo a plena luz del día.
Para la construcción de un sistema público de medios que suministre contenidos de calidad, Pickard considera conveniente: regular los medios de comunicación a través de obligaciones de servicio público, como la imparcialidad y la determinación de las necesidades de información de la sociedad; establecer estándares profesionales que protejan a los periodistas de las operaciones comerciales; gestión comunitaria de las redacciones.
La lucha por un sistema de medios públicos independiente no termina con la financiación. Una vez creadas las condiciones materiales para este nuevo sistema, es necesario imaginar este proyecto en capas: la capa de financiación (¿cómo se sostendrá financieramente este sistema de medios públicos?); la capa de gobernanza (¿cómo se tomarán democráticamente las asignaciones de recursos y otras decisiones clave?); la capa de verificación (¿cómo se determinará la información necesaria?); la capa de infraestructura (¿cómo podemos garantizar la distribución y el acceso a la información, incluidos el servicio de banda ancha universal y los algoritmos que privilegian a los medios públicos en la búsqueda y en las noticias?); y la capa de compromiso (¿cómo podemos asegurarnos de que las comunidades locales participen en hacer sus propias noticias y contribuir con sus historias?).
A juicio de Pickard, este sistema requeriría un consorcio de medios públicos compuesto por expertos en políticas, académicos, tecnólogos, periodistas y defensores públicos que se especializan en el trabajo relevante para cada una de estas capas, mientras que siempre informan y comprometen a las comunidades locales.
Sin duda, este trabajo de Pickard revitaliza las conversaciones sobre el futuro del periodismo y de alguna manera nos libera para pensar de manera más audaz y creativa.
* Comunicadores, integrantes del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom)