Oposición y oficialismo se alinean en Rosario para recoger el guante arrojado por Nación y tomar a nivel municipal la fiscalización de precios al consumidor, luego de que desde la Secretaría de Comercio Interior se confirmara que hay más de 5000 denuncias sobre abusos comerciales en la provincia de Santa Fe. Avanza en el Concejo un proyecto para crear un comité municipal de control que involucra a ese parlamento, al Ejecutivo y a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Hay decisión política en ese sentido en el Palacio de los Leones.
"Creemos necesario que nuestra ciudad recoja el guante y adapte su estructura para el cumplimiento este mandato del decreto de Alberto Fernández, porque en el marco de esta pandemia los vecinos de Rosario están sufriendo aumentos desmedidos de precios, en algunos casos muy por encima de lo dispuesto por la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación", señaló el concejal justicialista Eduardo Toniolli, autor del proyecto que apunta a organizar la fiscalización local de precios que delegó el gobierno nacional con el decreto presidencial anunciado la semana pasada. La iniciativa la suscriben las peronistas Norma López y Alejandra Gómez Saenz, Ana Martínez (Juntos por el Cambio) y la radical María Eugenia Schmuck.
Todos asumen como una necesidad ponerle freno a los abusos de mayoristas que empujan la canasta básica hacia arriba, pero el primer escollo lo tienen en la propia capacidad de fuego del Estado. En el caso de la provincia, hay solo dos inspectores dependientes de la Secretaría de Comercio Interior. En las próximas horas, la Casa Gris adherirá al decreto presidencial y emitirá una resolución que “uniformizará” la tarea de los municipios y comunas santafesinas en ese sentido, anticipó el titular del área, Juan Marcos Aviano a Rosario/12 en su edición de ayer.
La secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayrú, confirmó que hay luz verde en instrumentar un control local y afirmó que la decisión política está tomada. "Entiendo que aún hay que instrumentarlo, y seguramente se cree una comisión de fiscalización en la cual la Secretaría de Control, a través de la Dirección General de Inspección pueda verificar los precios en los locales. Está en proceso de armarse, seguramente vía Concejo. Sé que vamos a tener que fiscalizar precios y hay decisión política en ese sentido", dijo la funcionaria ayer a este diario.
La planilla con la que saldrían estos inspectores a la calle tendrán como referencia los precios establecidos por el programa Precios Justos, elaborado por la Municipalidad con el Centro Unión de Almaceneros de Rosario, y que están publicados en la página web del municipio.
Lo que refirió Labayrú son las características del proyecto de Toniolli. El edil explicó que su propuesta apunta a "la creación de un comité de fiscalización y control de precios, en el que participen la Secretaría de Control (por medio de la Dirección General de Inspección de Comercio, Industria y Servicios), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Producción, y el Concejo Municipal por intermedio de la Comisión de Producción y la Oficina del Consumidor”.
Esta última repartición, que depende del Concejo, tendrá la función de recibir reclamos y denuncias que hasta ahora deriva a Comercio Interior de la provincia. Aportaría también personas para fortalecer el cuerpo de inspectores que fiscalice la ciudad. Hasta ahora hubo reuniones encabezadas por el secretario de Producción, Sebastián Chale, y ediles de la comisión de Producción del Concejo. "Hoy la mayoría de inspectores municipales están abocados a controlar el aislamiento, la circulación. En control de precios hace falta mayor poder fiscalizador", dijo la titular de la Oficina Municipal del Consumidor, María Julia Bonifacio.
"Falta definir la forma legal para instrumentarlo: si sale desde el Concejo o una simple adhesión al decreto nacional por parte del intendente, sin pasar por el Concejo, pero es solo decidir el marco. Todos los sectores están de acuerdo en llevarlo a cabo, entiendo que no hay fisuras entre oficialismo y oposición", celebró Bonifacio, ex concejal de Juntos por el Cambio. Y advirtió la necesidad de reforzar el control sobre los mayoristas, cuya remarcación obliga a los minoristas, sobre todo a los comercios chicos, a trasladar los incrementos.
El propósito no solo es el de evitar sobreprecios, también el de garantizar abastecimiento de productos esenciales en esta emergencia sanitaria. “Sostenemos que junto a la salud y la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables, el otro tema a resolver con urgencia es este, hay que cuidar el bolsillo de nuestros vecinos”, dijo Toniolli.
