“No estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria”, dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ante la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. En videoconferencia, Moroni insistió en que el “principal objetivo” frente a la pandemia del Covid-19, “es proteger la salud de la población”; y en paralelo “la protección del empleo y los ingresos de los trabajadores”. El ministro repasó las medidas que adoptó el gobierno, entre ellas el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción con créditos para abonar sueldos de abril; el congelamiento de tarifas de servicios públicos y de alquileres y suspensión de desalojos; así como la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las escalas mas bajas (Ay B). Sobre el IFE, Moroni se mostró sorprendido por los 11 millones de personas inscriptas para recibir el ingreso de 10 mil pesos y por la “falta de información” del Estado sobre este sector de la economía, y admitió que la medida se podría extender “si es necesario”. El ministro también adelantó a los senadores el DNU que incorpora al coronavirus como “enfermedad laboral” al sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) para personal de salud y de las denominadas “actividades esenciales”.
Moroni sostuvo que se registraron “45 mil desvinculaciones” de puestos de trabajo desde mediados de marzo hasta los primeros días de abril, un número “similar a lo que pasó en el mismo período en 2019”. De todas maneras, el ministro ratificó la vigencia del DNU que prohíbe despidos y suspensiones. “Ningún despido es lícito”, afirmó Moroni y agregó que el objetivo del decreto “es impedir la disolución del vínculo laboral”.
Aunque dijo que en la emergencia, hay empresas --cuyas actividades están paralizadas-- que negocian con sus trabajadores y sindicatos la posibilidad de suspensiones con “una compensación monetaria”. “Confiamos en la defensa que los sindicatos hagan de sus trabajadores”, dijo y advirtió que esos acuerdos deben ser homologados por su cartera.
En ese sentido remarcó que la Confederación Sindical Internacional puso a la Argentina entre los 6 países del mundo que mejor respondieron a los efectos recesivos de la pandemia y más preocupados por cuidar las vidas, los empleos y el ingreso de los trabajadores.
Entra las medidas, Moroni insistió en la asistencia a las empresas para abonar sueldos de abril a una tasa del 24 por ciento “para mantener la unidades productivas y el empleo”, en un Fondo de Garantía del Estado que alcanza un total de 400 mil millones para “todas” las que lo soliciten. Créditos que se adjudican segmentados de acuerdo a la plantilla laboral y las “afectaciones” de cada empresa.
Sobre el IFE dijo que se están buscando distintas modalidades de pago (transferencias, billetera digital y puntos fijos con los bancos) para “evitar aglomeraciones”. También admitió que podría reabrirse la inscripción para aquellos que no han sido calificados por falta de distintos datos y la “escasa información” que el Estado posee sobre la actividad económica informal (reapertura que más tarde confirmó la Anses), así como la posibilidad de extenderlo en el tiempo y a otras actividades y monotributistas de las categorías C y D, “si es necesario”.
El gobierno también confirmó el DNU que anunció Moroni sobre la incorporación del coronavirus como “enfermedad laboral” en las ART para trabajadores de actividades esenciales. Un decreto que se hizo en base a un proyecto de la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun (FdT).
Las preguntas de los senadores pasaron por las dificultades económicas de sus provincias y la posibilidad de incorporar distintas actividades a la apertura administrada de la cuarentena. Moroni respondió que el Comité que encabeza el jefe de Gabinete analizará este martes esos pedidos y que la decisión final pasará por lo sanitario.
Hacia el final de la reunión, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reclamó un bono de 60 mil pesos para el personal de salud y fuerzas de seguridad, un aumento en el IFE y créditos para empresas a tasa cero: “No hay que temer a la inflación, necesitamos un Estado más audaz porque los manuales se destruyeron”, dijo.
En tanto, el oficialista José Mayans recordó que una de las primeras medidas del gobierno fue declarar la emergencia, económica, alimentaria y sanitaria por la crisis que dejó el anterior gobierno. Remarcó el “virtual default”, el “endeudamiento público”, la mayor inflación de los últimos tiempos, tasas por encima del 85 por ciento y la pérdidas de 240 mil puestos de trabajo. Avaló las “60 medidas” que tomó el Gobierno, que “pasó el tema de la deuda a un segundo o tercer orden” y que “se van a usar todos los recursos” para enfrentar sanitaria y económicamente la pandemia.
“Ponemos todos nuestro esfuerzo en alcanzar los objetivos: salud, trabajo y recuperación económica. Para en el futuro encontrar una camino económico más justo que el que tuvimos estos años”, cerró Moroni.