La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal se imputó provisionalmente a Mercedes Susana Ávila, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la muerte de una nena de 5 años, integrante del Pueblo Wichí del norte de Salta. Según se pudo conocer, la agente estatal asistió ayer a la audiencia de imputación acompañada de una defensora particular que también sería funcionaria del estado provincial.

Según la información que brindó la mujer en sede judicial, presta servicios al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia desde diciembre pasado. Sin embargo, del Boletin Oficial surge que fue nombrada con un contrato de “locación de servicio”, es decir como monotributista, en mayo de 2017. En aquel momento el contrato era por cinco meses y “a renovar”, como sucede en muchos de los casos de trabajadores estatales que prestan servicio en la provincia.

En la información previa a la declaración formal, Ávila aclaró que se desempeña “en cualquier servicio que le solicite” el Ministerio de Desarrollo Social. Tras brindar estos datos, la empleada pública se abstuvo de declarar este lunes en el marco de la investigación penal iniciada en enero pasado, a instancias de las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta y que siguen en trámite.

La agente estatal está acusada en el marco de la causa que se inició por las muertes por desnutrición y otras causas evitables de niños de hasta cinco años en el norte provincial. La acusación en particular a Ávila es por la muerte de una nena de cinco años que falleció el 26 de marzo pasado por una infección generalizada. La niña estaba desnutrida y el día anterior, la madrugada del 25 de marzo, había fallecido su hermano de un año y tres meses en el domicilio que ambos habitaban con su familia, en la comunidad wichí Vertiente Chica, en jurisdicción de Santa Victoria Este.

Durante la audiencia de imputación, a la acusada se le hicieron conocer los elementos de convicción agregados a la investigación; se le leyeron los hechos por los cuales se la imputa y la participación que se le atribuye y que consta en el decreto de imputación, que indica que “en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo pasado”, se dirigió a la vivienda de una familia, ubicada en Vertiente Chica, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, “cuyo hijo de un año de edad, había fallecido”.

En esa visita, indicó la Fiscalía, la funcionaria entrevistó a los padres del bebé fallecido y constató que otra hija, de cinco años de edad, “se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitró los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció el 26 de marzo, consignándose como causa de fallecimiento shock séptico, en el certificado de defunción”.

Esta es la primera imputación en la causa en la que el fiscal Pablo Cabot investiga la raíz del deceso de 25 niños de hasta cinco años de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán en enero y febrero.