La intención original del gobernador de Salta Gustavo Sáenz de descontarle entre un 10% y un 15% del sueldo de los trabajadores de toda la administración pública para apuntalar a las pequeñas empresas en crisis, provocó el repudio generalizado de gremios estatales y legisladores de la oposición, una indignación que ni siquiera pudo ser sosegada por la rápida marcha atrás del mandatario salteño. Incluso los diputados oficialistas, quienes destacaron la importancia de que el aporte sea voluntario, no pudieron ocultar la incomodidad que les generó el anuncio inicial.

Los más indignados fueron los maestros, a quienes les molestó además que Sáenz los incluyera en el grupo de los empleados estatales que, supuestamente, no están trabajando. “Lo que ayer sucedió generó mucha indignación”, se lamentó la delegada de la Asamblea de Docentes Autoconvocados, Sandra Nieva, “porque se habló de los trabajadores que no están trabajando”. 

La dirigente consideró que “sentirnos incluidos como no trabajando realmente es un golpe muy bajo porque nosotros suspendimos nuestra medida de fuerza en una asamblea, sabiendo que se venía esto, e inmediatamente nos abocamos a sostener, de la forma que sea posible, la educación de los niños con nuestros propios recursos”. 

Luego de repasar los inconvenientes de conectividad a Internet y acceso a los dispositivos con los que tienen que lidiar los docentes y las familias de los alumnos, Nieva recordó que “la docencia no está de vacaciones, está trabajando y está sosteniendo el sistema educativo salteño”.

La dirigente gremial cree que el carácter obligatorio del aporte de los trabajadores estatales no fue un error del gobernador. “Antes del anuncio (del domingo por la noche) ya había una cuenta a la que se podía hacer aportes solidarios. ¿Cuál era la necesidad de mandar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la Legislatura si ya estaban los mecanismos dados para que el que quiera hacer aportes lo pueda hacer a través de esa cuenta?”, se preguntó retóricamente.

En el mismo sentido se expresó el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Victor Chuquisaca, quien calificó de “desacertada” la intención del gobernador de que sean los empleados públicos “que no tienen un sueldo digno ni llegan a cubrir la canasta básica” quienes se hagan cargo de la crisis que atraviesan las pequeñas empresas.

“Tocar los sueldos estatales va en contra de las leyes y de los derechos de los trabajadores”, dijo el dirigente gremial sobre la posibilidad de que el aporte fuera obligatorio, y se mostró contrario incluso a la idea de la contribución voluntaria: “no estamos de acuerdo con esa idea de pedirle al trabajador estatal que se solidarice con obligaciones que son del Estado. Es una responsabilidad del Estado velar por esas empresas, por esas microPyMEs, y eso va en sentido contrario a las políticas nacionales”. En todo caso, sugirió el referente de ATE, deberían ser las grandes empresas las que realicen ese aporte solidario.

Consultado sobre el hecho de que se hubiese excluido a los trabajadores sanitarios y de seguridad de ese aporte “voluntario”, Chuquisaca se mostró molesto con la doble vara respecto del personal de salud: “cuando les conviene somos héroes, porque estamos expuestos las 24 horas, pero cuando quieren se olvidan de quiénes son los que están poniendo el pecho”, se quejó.

Como hace 20 años

En 2001, el entonces presidente de la Nación Fernando De la Rúa tomó la decisión de recortarle el 13% a los jubilados y empleados públicos para superar la grave crisis en que estaba sumida la Argentina. A ese episodio lo retrotrajo el proyecto de Sáenz al diputado del Partido de la Victoria, Ramón Villa.

“Bajo ningún punto de vista lo vamos a acompañar”, le dijo Villa a Salta/12 y lo fundamentó en que “esta medida que va en contra de los trabajadores no corresponde”. El legislador consideró que “si alguien tiene que aportar para la situación sea más leve son quienes más tienen: las grandes fortunas, los bancos, los ingenios azucareros, los feedlot, Salta Forestal…”, pero “no ataquemos los bolsillos ya flacos de los empleados públicos”.

Aunque planteando otra alternativa de financiamiento, su par de Ahora Patria, Julio Moreno, también cuestionó la iniciativa original. “Me parece que (el gobernador) está mal asesorado”, arriesgó, porque “no se puede obligar a nadie a que cobre menos de lo que cobra”, concluyó el legislador.

Para Moreno, la situación acuciante de las pequeñas empresas salteñas debería financiarse con una reducción del gasto público, sobre todo, “a través de los fondos reservados, que son un rubro bastante importante y que sí podría sacrificar el Estado”.

Tanto Villa como Moreno cuestionaron la decisión de Sáenz de continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio sin proponer ninguna flexibilidad, tal como habilitó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A modo de ejemplo, el diputado del departamento Rivadavia consideró que, si bien no se podía eliminar la cuarentena en municipios como Santa Victoria o Banda Sur por sus límites con Paraguay y Bolivia, y con la provincia de Chaco, respectivamente, en Banda Norte sí podría flexibilizarse el tránsito de los pequeños productores sin que eso suponga un riesgo sanitario. En el mismo sentido, Moreno opinó que “cuando el Presidente prorrogó la cuarentena, lo hizo pensando en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe y eventualmente Mendoza, donde hay más posibilidades de contagio, y no en Salta donde hay poca gente contagiada”. “Tiene que seguir la cuarentena pero tiene que ser más flexible en algunas actividades porque esto no da para más”, concluyó el legislador que es también economista.

Voluntario sí, obligatorio no

El oficialismo, por su parte, salió a defender la posibilidad de que los trabajadores estatales realicen un aporte voluntario, aunque reconocieron que plantearlo inicialmente de manera obligatoria fue un error.

“Hay que permitirle a la gente la posibilidad de decidir”, opinó Germán Rallé, presidente del bloque justicialista “Gustavo Saénz”, quien contó que terminado el anuncio recibió muchos llamados de docentes repudiando el descuento obligatorio. “Cualquier medida que toque la economía de las familias, indudablemente, tiene que ser una decisión particular y solidaria, no una decisión compulsiva”, concedió, y celebró la marcha atrás del gobernador porque “iba a generar un malestar en la gente”.

Rallé adhirió a la idea de que “los grandes inversores, sobre todo las empresas mineras, podrían hacer un aporte, crearse un fondo, y después descontarle de las regalías”, pero reconoció que “es más fácil sacarle la comida a un perro que tocar a esas empresas”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún, también se mostró en contra de que el aporte fuera obligatorio. Hecha esta salvedad, consideró que el fondo solidario “es una muy buena idea de Gustavo (Sáenz), porque hay que ponerse en su lugar, ya que no es fácil gobernar en estos tiempos de crisis”. Consultado sobre las alternativas financieras, Jarsún dijo que “la Provincia está fundida”. “No hay de dónde sacar la plata, yo creo que si Gustavo (Sáenz) pudiese poner la plata, la pondría, pero Salta es una provincia con tantas deudas y gastos fijos que es imposible resolverlo”, agregó.

Además, el legislador de Rosario de Lerma justificó la necesidad de crear el fondo en que “no hubo ninguna medida que haya favorecido a los pequeños comerciantes y es un sector muy golpeado, y manifestó que si hubiese sido por él habría flexibilizado la cuarentena, aunque aclaró que apoya al gobernador en sus decisiones.