El 42 por ciento de los inquilinos de todo el país no pudo pagar el alquiler en abril. Esto se debió a que el 58 por ciento percibe menos ingresos que en marzo, y el 34 por ciento de los hogares tuvo un miembro en el hogar que perdió el trabajo desde el inicio de la cuarentena, que comenzó el 20 de marzo. 

La mitad de los inquilinos (51 por ciento) no recibió el CBU para realizar transferencia bancaria, medida establecida en el decreto que congeló alquileres y suspendió desalojos. Así se desprende de los resultados de una encuesta realizada a 8 mil inquilinos de distintas provincias que llevó adelante la Federación de Inquilinos Nacionales. 

Los jóvenes de entre 18 y 25 años fueron el sector con mayores inconvenientes para afrontar el pago del alquiler de este mes. Por el decreto oficial que publicó el gobierno en medio de la pandemia, están prohibidos los desalojos. Las deudas por falta de pago deberán abonarse a partir de octubre. 

El artículo 8 hace referencia a la bancarización: la parte locadora debe comunicar los datos necesarios para que el locatario pueda realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos. Esto ocurre por un lado porque las inmobiliarias están cerradas. Pero por el otro porque la cuarentena obliga a las personas a quedarse en sus casas. Sin embargo, el 51 por ciento de los inquilinos no recibió el CBU para realizar la transferencia. Desde la Federación reclaman sanciones a las inmobiliarias y atribuyen la irregularidad a que tienen la mayor parte de sus contratos “en negro”.

“Hubo inmobiliarias que empezaron a mandar cobradores a los domicilios para cobrar en efectivo, y encima ponían un plus de 400 pesos por haber ido”, aseguró a este diario Maximiliano Vittar, representante de la Federación de Inquilinos en Córdoba. “Esto hay que rechazarlo, porque es inseguro, dado que no conocés a la persona que va a cobrar, y también desde el punto de vista sanitario, la idea es que no veas a nadie en cuarentena”, agregó. También hubo casos donde sí se proporcionó una cuenta bancaria, pero se pidió a cambio un cargo extra de hasta 6 por ciento de alquiler, o montos fijos de hasta 500 pesos.

“Hay inmobiliarias que piden la plata en efectivo en un sobre y que lo dejen por debajo de la puerta”, contó a PáginaI12 Emmanuel Canelli, referente de la Federación en Santa Fe. “En otros casos postergaron los plazos de pago para esta semana del 13 de abril, en donde inicialmente las inmobiliarias iban a abrir porque finalizaría la cuarentena. Hay preocupación de que les computen interés por esto”, informó. “Ahora que prorogaron la cuarentena directamaente piden poder abrir”, agregó. De hecho, la Cámara Inmobiliaria estableció un protocolo con horarios reducidos y condiciones sanitarias para ser actividad esencial y poder operar.

Gervasio Muñoz, referente de la Federación en la Ciudad de Buenos Aires contó que analizan un caso de una inquilina de La Plata que estuvo internada con coronavirus, pidió desde el hospital Italiano el CBU para realizar la transferencia, y ahora que fue dada de alta le comunicaron que deberá pagar intereses por haberse pasado de la fecha. Otro caso reportado fue el de un inquilino en Palermo al que le pidieron que pague la tarjeta de crédito del propietario.

Alejandro Braña, de Braña Propiedades, explicó que el problema de la bancarización es que las inmobiliarias, al cobrar los alquileres, tienen que pagar impuestos por la totalidad de ese monto, cuando su ganancia es un porcentaje por honorarios. “Hace 15 años que los colegios inmobiliarios buscan una solución”, informó. 

En el contexto de la pandemia, volvieron a reiterar la necesidad de contar con cuentas especiales de recaudación para administrar dinero de terceros. “Independientemente de que hay algunos propietarios que querrán el dinero en efectivo por un tema impositivo, también hay muchos otros que son jubilados y no están bancarizados, y necesitan de ese ingreso para vivir”, concluyó.