“Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?".  La frase que lanzó a modo de broma por Twitter un joven de Balcarce, luego de postularse al Ingreso Familiar de Emergencia y ser rechazado por la Anses, le valió una causa penal por el delito de intimidación pública. Fue monitoreada y detectada por el Área de Ciberpatrullaje de Gendarmería como sospechosa, y luego pasó a la Justica cuando la tomó por válida la fiscal Laura Molina. Luego de las reacciones que generó la mención al ciberpatrullaje como herramienta para "medir el humor social" (la propia ministra de Seguridad admitió que no fue la mejor frase en declaraciones posteriores), se conoció el caso que reavivó la polémica. Mañana la ministra Sabina Frederic tendrá una reunión en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para analizar el tema, tras anunciar la intención de consensuar un protocolo al respecto, y el viernes hará lo propio con organismos de derechos humanos. 

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya habían manifestado su preocupación y habían salido a pedir públicamente información a esta cartera sobre la "vigilancia y/o inteligencia" que se está desplegando en las redes sociales. "Por medio de un pedido de información, presentado el viernes 10 de abril, solicitamos conocer cuál es el marco legal (decretos, disposiciones, resoluciones, normas internas) en el que se están realizando las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales: cuál es su contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y con qué mecanismos de control. También requerimos informes sobre la normativa que define 'fuentes abiertas' y 'redes sociales', con qué palabras se realizan las búsquedas y qué acciones se realizan a partir de los resultados, entre otras cuestiones", comunicó el CELS.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el "ciberpatrullaje" tiene el único fin de prevenir la comisión de posibles delitos, entre ellos los de saqueo. E insistieron en la decisión de avanzar en un protocolo de actuación, consensuado con la sociedad civil, que a futuro cobre carácter de ley. 

Al joven de 21 años le caben ahora los cargos previstos en el art. 211 del Código Penal de la Nación, que pena a prisión de hasta seis años al que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".