Las niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 18 años en situación de calle que vienen cumpliendo el aislamiento obligatorio en paradores que dependen del Gobierno porteño se encuentran en “situación de riesgo y es necesario que se declare en forma urgente la emergencia social” para atender sus necesidades. En diálogo con Página/12, trabajadoras y trabajadores que dan asistencia a esos chicos, precisaron que a los dos paradores habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, donde están alojados muchos de ellos desde el comienzo del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional, “se están incorporando otros jóvenes en la misma situación, sin las medidas de prevención necesarias”.

Lo que demandan “para garantizar la seguridad de todxs, es que los que están llegando ahora sean asistidos en otros lugares que deben ser habilitados con urgencia y que tienen que contar con los recursos necesarios”.

El planteo lo realizó el colectivo de trabajadoras y trabajadores del CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Calle) y del Centro de Día y Noche “La Boquita”, ambos pertenecientes a la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA.

El peligro que advierten es que “están ingresando jóvenes que no vienen realizando aislamiento a dispositivos donde vienen cumpliendo cuarentena total otros niños en situación de calle”. Por ese motivo plantean “la urgencia de habilitar nuevos Paradores de Emergencia ante la crisis sanitaria, para garantizar la cuarentena del conjunto de la población en calle”. 

De acuerdo con el censo realizado por las organizaciones no gubernamentales que asisten a esas personas durante todo el año, se estima que al menos son 871 las niñas, niños y adolescentes sin techo. El reclamo de quienes los asisten es, además, para que “se garanticen las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento, la implementación de un plan de salud integral, recursos técnicos, materiales, y el refuerzo urgente de personal ya que más de la mitad se encuentra licenciado por ser grupo de riesgo”.

Aclararon que apelan a la denuncia pública porque no recibieron respuesta alguna de parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.


"Hay falta de planes de asistencia integrales"

En el comunicado al que tuvo acceso este diario, las y los trabajadores de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle, ante la emergencia por Covid-19, expresaron su “profunda preocupación” por la “crítica situación que atraviesan las políticas públicas destinadas a restituir y garantizar los derechos de niñxs y adolescentes en situación de calle” frente a la actual situación.

Aseguraron que “la ausencia de planes de asistencia integrales por parte del Ministerio a cargo de María Migliore, para hacer frente a la pandemia, en una ciudad que constituye el principal foco de contagio del país, trae aparejado que no se garantice el derecho a realizar cuarentena para la población de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”.

De esa manera se los expone “a múltiples situaciones de riesgo y vulnerando una vez más sus derechos”. Consideraron que “el fortalecimiento de esta red institucional es clave para reducir la circulación comunitaria del virus, aportando al resguardo no sólo de la población de extrema vulnerabilidad con la que trabajamos, sino de la sociedad en su conjunto”.

Precisaron que “la población alojada y asistida tanto en CAINA como en La Boquita padece de diversas y complejas problemáticas que dificultan, en ciertos casos, una permanencia sostenida en espacios convivenciales”, aspecto central para lograr el objetivo del aislamiento. La heterogeneidad comprende a “niñxs y adolescentes con problemáticas de consumo, discapacidades, patologías graves de salud mental, trayectorias marcadas por violencias y abusos, que en muchos casos requieren de asistencia especializada”.

Por todo eso le vienen planteando a las autoridades porteñas que es “imprescindible montar múltiples dispositivos de emergencia y abordaje acordes” a la situación. Eso significa ayudar a que quienes están “en condiciones de sostener la permanencia puedan hacerlo en espacios designados para tal fin, cumpliendo de esta manera con su derecho a la cuarentena”.

Consideraron que en el marco de la asistencia social “deben garantizarse otros espacios de atención integral y cuidado para aquellxs otrxs a quienes se les dificulte la permanencia sostenida, desde donde pueda trazarse una estrategia de trabajo para tal fin”.

Puntualizaron que para poder garantizar la contención general los dispositivos deben contar “con el personal, los recursos técnicos y materiales necesarios”. Para lograrlo se necesitan “equipos de trabajo idóneos” para afrontar todas las situaciones que se planeen. Lejos de lograrse ese objetivo, los dos centros que están funcionando padecen “la falta de protocolos claros para accionar medidas de cuidado eficientes”. A eso se suma “la nula articulación con el sistema de salud”, un tema central en la actual situación.

El colectivo de trabajadoras y trabajadores sostuvo que es “fundamental la elaboración inmediata de un plan de salud integral para su abordaje”.

Esto significa “contar con asistencia médica para la detección de casos sospechosos y evaluación integral de lxs niñxs y adolescentes”.

Ante la comprobación de un caso positivo de coronavirus, hay que garantizar “los canales necesarios para el tratamiento de esta situación con carácter de urgencia” porque se pueden producir en forma paralela la presencia de “otras patologías no coincidentes con la sintomatología del Covid-19”. Esa asistencia extra puede ser “clínica o mental”, dadas las características complejas de los jóvenes en situación de calle.


"La sobrecarga de tareas se torna insostenible"

Otro aspecto negativo es que los dispositivos no cuentan con el personal suficiente por el licenciamiento de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la población de riesgo ante el coronavirus. El plantel se vio reducido “a menos de la mitad” y en algunos casos “a la tercera parte”. Hoy “la sobrecarga de tareas se torna insostenible” para quienes tienen que cumplirlas.

Los reclamos para solucionar esos problemas se vienen planteando desde hace tres semanas “sin respuestas” hasta el momento. Ratificaron que con sólo dos centros de atención “no se puede garantizar la cuarentena hacia la totalidad niñxs y adolescentes en situación de calle” en la Ciudad de Buenos Aires. Para buscar una solución han presentado “propuestas técnicas y profesional incorporando criterios epidemiológicos, para garantizar tanto el aislamiento obligatorio, como la implementación de medidas preventivas dentro de los centros”, para el cuidado de los niños y del personal.

Denunciaron que, además de la falta de respuesta, sufrieron “acciones de amedrentamiento y hostigamiento hacia lxs trabajadorxs, incluyendo amenazas de despidos en caso de no acceder a realizar ingresos compulsivos de niñxs a los centros”. Sostuvieron que han recibido “directivas que violan los protocolos establecidos e implican romper con la cuarenta que vienen realizando lxs niñxs que se encuentran alojados en dichos centros desde el 16 de marzo”.

Por todo lo expuesto, exigieron que se declare “de manera urgente la Emergencia en materia Social, asignando una partida presupuestaria extraordinaria, que permita enfrentar el estado de situación actual, garantizando al conjunto de la población en vulnerabilidad todas las medidas de cuidado”.