Más de 80 proyectos de ley fueron presentados en la Cámara de Diputados durante las últimas tres semanas. Todos ellos están relacionados al impacto económico y social causados por el COVID-19, aunque por ahora es probable que el recinto sólo se abra para tratar el impuesto a la riqueza . La agenda política se vio directamente afectada por la pandemia que atraviesa el mundo. En este marco, la actividad parlamentaria no fue la excepción.
Si bien la mayoría de las presentaciones fueron hechas por la oposición, el oficialismo también envió sus iniciativas. De este modo, el neuquino Darío Martínez (FdT) presentó un proyecto que le da entidad a la figura de "teletrabajador", en el marco de las relaciones laborales. Cabe destacar, que Neuquén es el único distrito que ya cuenta con una legislación en este tema.
Esta iniciativa busca dar un marco normativo al teletrabajo y, al mismo tiempo resguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. "Argentina no cuenta con una regulación nacional respecto del trabajo a distancia o el teletrabajo como un instrumento de generación y articulación de empleo", dijo Martínez.
Sobre la modalidad que llegó al tope de la agenda en el marco del aislamiento social, el diputado destacó que "además de regular relaciones laborales no tipificadas, hace a la protección de los trabajadores". "La legislación tiene que servir no solo para cubrir situaciones que de hecho existen, sino también prever situaciones futuras. A nadie se le escapa que este nuevo orden de las relaciones del trabajo y los distanciamientos sociales harán que tengamos que tener en cuenta nuevas formas de regulación", remarcó el neuquino.
En tanto, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta (Frente de Todos) impulsa la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de cuidado, limpieza e higiene "durante la vigencia de la pandemia".
"Este proyecto busca llevar un poco de alivio a los argentinos", señaló la diputada, en referencia a la situación económica que se desprende por el confinamiento obligatorio. "El 0% del IVA para los productos alimentarios y de higiene y limpieza es una forma de colaborar con las familias, con aquellos que están más relegados en la estructura social argentina y con la clase media en este muy delicado contexto", dijo sobre su iniciativa a Página/12.
"En esta situación sin precedentes, creemos que es de vital importancia atender y colaborar con los ingresos de las y los trabajadores en un contexto de gran incertidumbre", remarcó la diputada.
Por su parte, los proyectos de Juntos por el Cambio se basaron en su mayoría en "bajar los costos de la política", en ajustar y desfinanciar a los sindicatos y en declarar distintas emergencias que van desde la tarifaria hasta la fiscal.
De este modo, el diputado nacional por Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aprovechó esta situación y presentó, el dos de abril, un proyecto para eximir a los trabajadores del aporte solidario sindical, por un período de 180 días. Además, apunta a la colocación de un tope a dichos aportes. La misma iniciativa fue presentada por la senadora Pamela Verasay en la Cámara alta.
"Todos los sectores se mostraron solidarios. Los sindicatos deben tener un gesto para con los trabajadores, dejando de cobrar el aporte sindical. Esto no significa tocar el aporte a las obras sociales sindicales, que son fundamentales en estos momentos", justificó el mendocino a Página|12.
En línea con el reclamo del ala dura de Juntos por el Cambio, que encabezó Patricia Bullrich en las últimas semanas, se presentó una iniciativa para poner "un tope salarial al sector público y a los organismos descentralizados". Esta presentación cuenta con el aval de legisladores del bloque radical que no comparten el tono confrontativo de la ex ministra, como el sanluiseño Alejandro Cacace y las porteñas Dolores Martínez y Carla Carrizo.
Sobre el proyecto Cacace explicó a Página/12: "Debe haber una equitativa distribución de los recursos públicos, particularmente en el contexto de la pandemia. Una democracia, basada en el valor de la igualdad, no resiste que haya salarios en el Estado que sean más de 40 veces lo que cobra en promedio un ciudadano". Igualmente, las autoridades de los bloques que integran Juntos por el Cambio dieron marcha atrás cuando fueron convocados desde la Presidencia para bajarse las dietas.
Un proyecto similar presentó la diputada por Buenos Aires Romina Del Plá (Partido Obrero). En este caso fue más tajante y en su presentación indicó que la dieta de los legisladores, jueces de la Corte Suprema y miembros del Ejecutivo debe ser cuatro veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
"Este un histórico proyecto del Frente de Izquierda", aclaró la diputada a este diario. "Los funcionarios no pueden tener un salario diferenciado enormemente de la vida normal de la mayoría de los trabajadores. Además, establece que si quieren tener un ingreso superior, deben hacerlo también con el conjunto de los trabajadores".
Informe: Antonio Riccobene
