Un grupo de organismos de derechos humanos denunció ante el Consejo de la Magistratura que los juicios por crímenes del terrorismo de Estado atraviesan un “franco retroceso”. Señalaron que esa situación es notoria en los procesos donde los imputados son jueces investigados por su complicidad con la dictadura o empresarios implicados en delitos de lesa humanidad incluso antes del golpe. Algunas causas pasan mucho tiempo sin juez, porque es común que haya excusaciones de amigos o conocidos de los acusados. A la vez, advierte el escrito presentado ayer, se usan mecanismos dudosos para designar jueces subrogantes: el Consejo elige suplentes que no son de la jurisdicción del tribunal o cargo vacante, los designa para un caso (no para un juzgado o tribunal, como dice la ley) y por el sólo hecho de que manifiestan voluntad.

La nota entregada al Consejo está firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos Capital, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Fundación Memoria. Reclama al organismo que “tenga a bien generar los mecanismos” para resolver “el constante deterioro que venimos corroborando en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el ámbito del Poder Judicial”. La primera reacción del Consejo fue pedir ayer mismo a la Comisión de Selección y a la Unidad de Derechos Humanos que le informe sobre el estado de un relevamiento requerido con anterioridad sobre causas de lesa humanidad. La Corte Suprema, por su lado, con la cercanía de un nuevo aniversario del golpe de 1976, le pidió a la Cámara de Casación Penal un informe sobre la agenda de juicios orales sobre crímenes de lesa humanidad pendientes.

Como ejemplo de algunas causas contra civiles demoradas citan las de Pedro Hooft, Rodolfo Pradas (juez y camarista de Mar del Plata) y Ricardo Lona (Salta). Para el primero fue postulado para subrogar Héctor Pedro Plou, de Junín. En causas de lesa humanidad y Triple A de Bahía Blanca, está postulado el camarista César Alvarez, de La Plata. Susana Filipuzzi, jueza de Viedma, también iría a Bahía Blanca. Según las normas vigentes, las subrogancias deben priorizar jueces de una misma jurisdicción, pero los elegidos, por lo pronto, son de zonas ajenas y formalmente aparecen como autopostulados para cierto caso. También deben subrogar un tribunal, no un expediente.

Otro problema relacionado está dado, dice la presentación, por el hecho de que en el concurso para ocupar una vacante en la Cámara Federal de Bahía Blanca está segundo en el orden de mérito Santiago Ulpiano Martínez, denunciado como juez subrogante por irregularidades en juicios de lesa humanidad. Si llegara a camarista se tendría que excusar en gran cantidad de casos, por eso los organismos piden que los consejeros tengan en cuenta que ese factor que causaría nuevas demoras en los expedientes. A lo que hay que agregar las denuncias por su presunto mal desempeño en causas de por crímenes dictatoriales.

El texto advierte sobre la “grave situación” del Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín, donde están pendientes 21 juicios por crímenes cometidos en Campo de Mayo y la Zona de Defensa 4. Ese tribunal tiene vacantes y dos jueces provisorios, Diego Barroetaveña y María Lucía Cassin, que a la vez cumplen funciones en otros tribunales por lo que las audiencias son breves y esporádicas. Entre los juicios pendientes están los de los desaparecidos de las empresas Ford y Mercedes Benz, un juicio por homicidio contra el ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso, y otros contra Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone por víctimas que aún no tuvieron juicio.