El 70 por ciento de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires durante la primera etapa del aislamiento social estuvieron relacionadas al incumplimiento del aislamiento social, bajo lo que el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño calificó como "un patrón común", la deficiente capacitación del personal policial para interpretar los alcances de la cuarentena y su actuación "cuanto menos irregular", que llevó a registrar, al menos, un caso de violencia institucional por día y una "cifra negra" de denuncias que no respetan el procedimiento legal.  

A través de la asistencia a los detenidos y las denuncias directas de los ciudadanos, el informe del MPD confirma las denuncias que desbordaron las redes sociales con casos que van desde maltratos a personas con permisos de circular hasta la investigación del fallecimiento de una persona en situación de calle por una golpiza policial.

"El espacio público está vacío. Ha sido ocupado por las fuerzas de seguridad que son los que están a cargo del control del cumplimiento de la cuarentena. Es una situación inédita que requiere un equilibrio muy fuerte porque un porcentaje de los efectivos de las fuerzas de seguridad se exceden en sus funciones", describió la defensora adjunta del Fuero Penal y Contravencional porteño, Marcela Millán. 

La famosa "resistencia a la autoridad"

Entre el 20 de marzo, día en que se implementó la cuarentena, y el 31 de marzo, la defensoría asistió a 133 personas detenidas por delitos con jurisdicción en la Ciudad, entre ellas, el 56,4 por ciento fueron detenidos por "resistencia a la autoridad" (artículo 209 del Código Penal), figura contemplada en el decreto presidencial. Mientras que otro 14 por ciento  quedaron detenidos por el artículo 237, que no figura en el decreto presidencial, pero en la práctica se engloba dentro del mismo tipo delictivo.  

"En general hay una baja de la cantidad de delitos, que tiene que ver con el aislamiento. Esto nos indica que la actividad de prevención de la fuerza de seguridad están enfocada en el cumplimiento del aislamiento", precisó Millań en diálogo con PáginaI12, quien también está a cargo del programa de Violencia Institucional. El informe del MPD precisa que los artículos 239 y 237 no aparecen siempre como único delito imputado sino, a veces, asociados a otros que son más frecuentes en tiempos normales: daños, amenazas, portación de armas o estupefacientes. 

La aparición recurrentes de la figura de "resistencia a la autoridad" en las detenciones durante la cuarentena tiene un arraigo en las prácticas policiales. "En la Ciudad conviven todas la fuerzas de seguridad, desde la Defensoría trabajamos mayormente con la Policía de la Ciudad, y que la carátula sea 239 o 237 depende de quién realice la detención. A los efectos es lo mismo, es una figura utilizada para ejercer el control social, la persecusión sobre ciertos sectores sociales , sobre los vendedores ambulantes ", resaltó Millán sobre las prácticas recurrente reflejadas en informes anteriores . 

Un caso de violencia institucional por día

Para las 133 personas asistidas por el MPD, la disposición fue que no quedaran alojadas en las dependencias policiales, con el objetivo de evitar posibles contagios. Se abrieron los sumarios y la Defensoría tomó un primer contacto, pero la precisión de lo ocurrido caso por caso comenzó a relevarse de manera personal, terminada la primera etapa de la cuarentena. Los tiempos burocrácticos frente a los videos que circularon por las redes y las denuncias recibidas de manera personal impulsaron a la Defensoría a abrir canales de comunciación directos del Programa de Violencia Institucional. 

Del total de denuncias recibidas, 13 se registraron como casos de violencia institucional, ocurridos entre el 24 de marzo y 2 de abril. En diez de esos casos, la fuerza interviniente fue la Policía de la Ciudad, mientras la Policía Federal y la Prefectura protagonizaron los otros tres hechos. Amenazas, malos tratos, falta de identificación del personal policial, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta, fueron las irregularidades descriptas por los denunciantes.  

"Las 13 denuncias se registran en un lapso de 11 días, que fueron los más álgidos, donde la gente debía procesar las restricciones para salir de sus casas", interpretó Millán, pero la falta más grave quedó registrada del lado de las fuerzas de seguridad: "Es notoria la falta de capacitación por parte del personal policial de Ciudad y del resto de las fuerzas de seguridad para el abordaje y alcances de los casos contemplados en el DNU 297/2020", sostiene el informe del MPD. 

"Las observaciones realizadas presentan un patrón común, reflejado en la falta de justificación legal por parte de la policia de la Ciudad de Buenos Aires, al solicitar que se deje de realizar la conducta de circular por la vía pública de mal modo o excediendo el margen de su actuación", insiste el informe. 

Una de las denuncias registradas por el MPD relata el caso de una mujer víctima de violencia institucional que, el 24 de marzo, salió de su casa con dos hijos pequeños para radicar la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica. A la salida del edificio, un oficial de la Policía de la Ciudad le recriminó que estuviese en la calle y le dijo: "Los problemas con tu marido los arreglás en tu casa" y la amenazó con quitarle la tenencia de los niños por ponerlos en peligro.

Por otra parte, Millán reconoció que los casos de violencia institucional es muy probable que se incrementen cuando se sigan tomando las entrevistas a las personas que fueron demoradas por las fuerzas policiales. "La Policía labró actas por resistencia a la autoridad a personas en situación de calle y a personas con problemas de salud mental", alertó la defensora adjunta sobre el rol de la policía y adelantó que esos casos terminarán siendo archivados por las fiscalías.  

Precisamente, entre los casos que están siendo investigados por la Defensoría está el de la muerte de una persona en situación de calle el 24 de marzo en el barrio de Núñez. Según las denuncias de los vecinos, que conocían a la víctima, el fallecimiento fue producto de una golpiza por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad. La Defensoría ya contactó a la hermana de la víctima, pero aún resta conocer los datos de la autopsia, ya que la mujer no puede trasladarse a la Ciudad por la vigencia de la cuarentena. 

La "cifra negra"

Los casos relevados por la Defensoría permiten revelar otra acción irregular por parte de la Policía de la Ciudad: personas que se encontraban realizando acciones permitidas por el decreto de aislamiento, como compras en cercanía, fueron demorados y se les labraron actas "sin intervención judicial". 

Millán precisó a este diario que esa prácticas se registraron también contra los trabajadores de servicios de delivery o en barrios como La Boca, donde la gente es advertida con "actas" a pesar de estar a cuadras de sus casas y yendo a buscar viandas a los comedores del barrio. 

"Es una cifra negra que no tenemos cómo registrarla. No está dentro de las previciones del decreto 297 ni está dentro de las previcicones del Código Penal. Si la Policía inicia una actuación tiene que ser por algo concreto y la persona demorada tiene que saber la razón", advirtió la defensora adjunta.