El fiscal general del departamento de Azul, Marcelo Sobrino, de quien depende la Fiscalía de Olavarría, confirmó a este diario que los informes toxicológicos de los dos fallecidos durante el recital del Indio Solari ya están en manos de la fiscal Susana Alonso, quien lleva la investigación. Fuentes judiciales dieron cuenta de que ambas personas habían consumido drogas y alcohol, y que su muerte no ocurrió por aplastamiento o sofocación. Resta determinar si esa ingesta tuvo que ver o no con los decesos.

Consultado por PáginaI12, el fiscal General dijo que “llegaron los resultados de las pruebas químicas, pero no puedo hablar, es información específica y hay secreto de sumario”, y agregó que hasta el momento “la carátula se mantiene igual: ‘averiguación de causales de muerte’” en la que están imputados los dueños de la productora En Vivo SA, los hermanos Matías y Marcos Peuscovich.

Sobrino explicó que las autopsias y los peritajes iniciales arrojaron que Juan Francisco Bulacio, de 36 años, murió de un paro carodiorrespiratorio y Javier León, de 42, por una trombosis en el corazón.

Según la versión que circuló de los análisis, uno de ellos tenía 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre y 1,33 de marihuana, en tanto que el otro, presentaba 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre y altos valores de cocaína.

Como dijo durante la breve entrevista Sobrino, ahora será la fiscal Alonso “la que deberá desentrañar la verdad y producir pruebas”, y determinar cuál es el peso de estos informes para establecer responsabilidades o no en los fallecimientos, y determinar en qué tipo penal se encuadra la causa.

Por otra parte, a cuatro días del recital aún quedan personas extraviadas y aunque el martes se había dado por finalizado el rastrillaje, ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal afirmó que el operativo seguía adelante, al abrir una conferencia de prensa sobre las negociaciones salariales con los docentes.

Después de cuatro días de silencio sobre el tema, ayer finalmente Vidal aludió a los hechos del sábado a la noche. “Lo que nos pasó a todos fue muy doloroso. Mis condolencias a las familias de las personas que fallecieron. Nuestro equipo trabaja desde el domingo en el lugar, y todavía el operativo no se terminó”, expresó la gobernadora.

Según informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, hasta ayer había dos personas buscadas, y sólo una de ellas con denuncia formal por parte de sus familiares.

“Una persona desaparecida es de Virrey del Pino (Buenos Aires), aunque la familia no está segura de que haya ido al recital, cree que puede haber ido; y la otra vive en Ushuaia, no tiene celular, por lo que a ambos los estamos buscando”, afirmó el ministro.

Ritondo explicó que parte de los policías que participaron del operativo de rastrillaje, iniciado hace tres días, continúan realizando tareas de identificación “en las calles y en los campings”.

Las personas buscadas a las que refirió Ritondo son Jesús Juárez, de 40 años, con domicilio en Virrey del Pino (denunciado como averiguación de paradero) y una mujer, Anabella Ulloa, de Tierra del Fuego, que es buscada a través de Red Solidaria.

Sin embargo, el jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Leonardo Gorbacz, aseguró que “el gobierno fueguino ya no busca a ninguna persona oriunda de la provincia extraviada en ocasión del recital del Indio Solari en Olavarría” y agregó que “la última persona de la lista era el joven Paúl Colívoro Quiroga, de 23 años y con domicilio en Ushuaia, que apareció el lunes en Necochea en compañía de su novia”.

En cambio, en las redes sociales, en la página de Facebook “Recital del Indio- Donde estas?”, una lista actualizada ayer a las 18.30 daba cuenta de 19 personas que aún no se habían puesto en contacto con sus amigos o familiares ni habían vuelto a su lugar de residencia.

Sin embargo, en estos casos no se verificó denuncia policial. Además, con frecuencia, quienes piden o intercambian información sobre aquellos que buscan, cuando aparecen o se comunican no siempre avisan del reencuentro o del contacto. Esta situación, sumada a la falta de denuncias formales, impiden conocer el número real de personas que aún tienen paradero desconocido.