La pandemia por el Coronavirus ha trastocado todas las instancias de la vida cotidiana, y las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires no son una excepción. PáginaI12 pudo saber que los presos que permanecen en sedes policiales por delitos menores, que son aproximadamente unos cien, estarían muy cerca de coordinar una protesta por las deficientes condiciones de encierro que están padeciendo. Por este motivo la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) emitió una advertencia para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Queremos comenzar reafirmando nuestra oposición a que las personas detenidas por cualquier motivo permanezcan en sedes policiales y, por ende, consideramos que sólo la excepcionalidad de la pandemia actual y el extremo hacinamiento de las cárceles federales pueden explicar la regresiva decisión de transformar las alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en centros de detención inclusive para personas ya indagadas por los jueces e incluso procesadas con prisión preventiva", dijeron en un comunicado. A esa situación se suman los 10.000 detenidos por el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño desde ese momento fueron detenidas o demoradas 9.820 personas en la Ciudad de Buenos Aires. De ese total, 720 personas fueron detenidas y 9.100 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios. Es decir que a los acusados de otros delitos se suman éstos 720. 

"Desde la LADH  queremos denunciar la grave situación que se ha creado en las alcaidías de la policía de la Ciudad. En medio de la pandemia los jueces no tienen mejor idea que mandar a jóvenes acusados delitos menores allí, lugares absolutamente inapropiados, denuncian que no tienen baños, ni ventanas, ni patios, y además están incomunicados", dijo a PáginaI12 el presidente de la LADH José Schulman. "Esta situación revela que los estados municipal y nacional ignoran el colapso de las prisiones, y que los jueces siguen insistiendo en una mirada primitiva contra el delito, encerrar por cualquier cosa, lo que es una violación en tiempos normales ahora en plena pandemia es un atentado contra la vida. A los jueces que lean las declaraciones de la ONU, la CIDH y dejen de encerrar a muchachos y muchachas en las comisarías", agregó.

La LADH enfatizó que "no podemos dejar de señalar que la mayoría de estas personas no deberían encontrarse privadas de su libertad, ya que no se encuentran acusadas de delitos graves sino de delitos menores contra la propiedad y el motivo para no concederles la excarcelación es que poseen antecedentes de hechos similares, en clara e inconstitucional aplicación del derecho penal de autor".

La organización que preside José Schulman advirtió que "ante la crisis del COVID-19, la prisión preventiva, que siempre debe ser tomada como última y excepcional medida cautelar, debería ser todavía más excepcional, aunque todavía haya magistrados que no acepten esta circunstancia y apliquen sus prejuicios poniendo la defensa de la propiedad por encima de la defensa de la vida y la salud". Sin embargo, la entidad consideró que aún para los casos excepcionales en los que sí podría justificarse esta medida, como los homicidios y otros delitos contra la vida y la integridad física, las alcaidías no son espacios adecuados para la permanencia de las personas detenidas, porque no cumplen con los mínimos estándares que establece la normativa vigente para el tratamiento de reclusos y su progresividad. 

"Actualmente hay más de cien personas en esta injusta situación. Según la información obtenida, estas alcaidías no solamente carecen de ventanas suficientes y de baños adecuados sino que también carecen de patios o los que poseen son reducidos, con la consiguiente imposibilidad de acceder al aire libre. Por otra parte, si bien la restricción a las visitas físicas de los familiares puede ser razonable para disminuir los riesgos de contagio, los números de teléfonos de estas alcaidías no son conocidos, lo que limita fuertemente la posibilidad de contacto con sus familiares, que en algunos casos han manifestado expresamente que no se les permitió comunicarse con las personas detenidas", denunció la LADH. 

"Reclamamos a las autoridades porteñas que informen públicamente los teléfonos de todas las alcaidías, como así también tomen las medidas necesarias para adecuarlas a las nuevas circunstancias, e informen asimismo la capacidad de cada alcaidía y el número de personas que diariamente se encuentran en cada una de ellas, distinguiendo entre las que no han sido aún indagadas, las que se encuentran indagadas pero sin que se haya resuelto su situación procesal y las que se encuentran procesadas con prisión preventiva", fue el reclamo al Gobierno de la CABA. En tanto a los jueces penales les exigieron que "tengan en cuenta la necesidad de preservar por sobre todo otro valor la vida y la salud de las personas y, en consecuencia, eviten el encarcelamiento de personas acusadas por delitos que no pongan en riesgo esos bienes". 

La LADH se sumó a otros organismos de derechos humanos que vienen advirtiendo sobre las detenciones arbitrarias en el marco de los operativos para el control de la cuarentena obligatoria, y emitió un flyer con datos para acudir a ella: