A un mes de la creación de la Unidad Fiscal Especializada para delitos relacionados al Covid-19, la oficina acumula unas 4 mil causas contra incumplidores de la cuarentena, y alrededor de 400 vehículos fueron remitidos al corralón municipal. "Es lamentable que Rosario sea la ciudad de la provincia con más personas acusadas de violar a aislamiento obligatorio", planteó el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que hizo un balance positivo del trabajo realizado, y advirtió: "La misión de la unidad terminará cuando se haya hecho el último juicio por estos incumplimientos".

A partir de las tareas de control de personal de comisarías y de las fuerzas de seguridad federales -Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria- la Unidad Especializada creada por la Fiscalía Regional -cuando la cuarentena regía solo para personas llegadas desde el exterior- suma causas a diario y hasta ayer al mediodía ya eran unas 4 mil. Según indicó el fiscal que está al frente de la oficina -luego se designó a Marcelo Vienna, Carlos Covani, Mariano Ríos y Matías Ocariz, por el cúmulo de trabajo-, las consecuencias que enfrentan las personas a las que se les formó causa son penales, ya que serán imputadas y deberán enfrentarse a un juicio (o alternativas a éste) con penas que van de los seis meses a los dos años. 

Pero también repercutirán en otras circunstancias administrativas y de la vida diaria, como la posibilidad de que los vehículos en los que circulaban al momento de la aprehensión sean decomisados ante una eventual condena; conseguir trabajo, por lo que significa contar con antecedentes penales; solicitar visas para viajes y hasta acceder a beneficios sociales y económicos, entre otras cuestiones.

Ponce Asahad lamentó el "gran número de incumplidores" que pone a Rosario al frente en toda la provincia. "Estas personas quedan con una causa penal en sus registros de antecedentes; pero repercute en diferentes aspectos de la vida", aseguró. Desde el inicio de las investigaciones, el fiscal señaló que muchas son personas que "tuvieron acceso a casi todos o todos los niveles de la educación formal". Ayer, actualizó que esa cuestión "se mantiene: son la mayoría", dijo. Entre los más resonantes se conocieron casos de empresarios como Fernando Riccomi y Roberto Dutra, por nombrar los que quedaron en la justicia provincial.

Al hablar de cómo continúa el trabajo de la unidad, una vez que se levante o flexibilice la cuarentena, que en principio se extenderá hasta el 26 de abril, Ponce Asahad aclaró: "La vigencia de esta unidad no es solo hasta que duren los períodos que disponga la autoridad nacional, sino que cumplirá su misión cuando haya terminado el último juicio de los imputados por la comisión de estos delitos".

El funcionario judicial también habló como ciudadano: "Celebro la coordinación de los gobiernos nacional, provincial y municipal, que son contestes a la responsabilidad que requiere este momento y priorizan los bienes jurídicos más preciados que tenemos que son la salud y la vida". 

En ese sentido, destacó el Centro de Aislamiento Rosario que recorrió esta semana, donde "se preserva la dignidad humana". Como contrapartida, consideró "lamentable" que Rosario sea la ciudad con más incumplimientos. "Se contrapone a los esfuerzos de la gran mayoría de los ciudadanos y al ejemplo y responsabilidad de las autoridades", dijo.