Integrantes de la Policía de Salta que trámitan sus retiros y a quienes se les suspendió el pago de sus haberes, responsabilizan a la jefa de la fuerza, Norma Morales, por esta medida que los deja sin sustento en medio de la pandemia. 

Si bien ayer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, salió a defender esta decisión y dio a entender que las personas a quienes se pasó a retiro en marzo pasado, y se les suspendió por lo tanto el pago de sus haberes, no trabajaban por decisión propia, hay casos particulares que escapan a esta generalización. “En realidad les dijeron que pasaban a retiro cuando salió el decreto en el 2015, 2016, 2017, lo que hicimos ahora es regularizar”, que dejaran “de cobrar como si estuviesen en actividad”, sostuvo el militar retirado en declaraciones al canal Somos Salta. 

Entre los muchos testimonios que recibió Salta/12 y que escapan a la generalización del oficialismo, se cuenta el caso del cabo Carlos Visgarra, un hombre de 40 años que cumplía funciones en la Comisaría del barrio Unión de la ciudad de Salta y el 9 de octubre de 2012, mientras trabajaba, sufrió una fractura en el cráneo y quedó con un desorden mental orgánico que lo incapacitó no solo para desarrollar su función de policía, sino también para el pleno goce de su vida. Desde entonces estuvo con licencia médica hasta que en 2014 inició los trámites de retiro. 

El 26 de marzo de 2013 Visgarra recibió la medalla de oro al valor, en reconocimiento por su acción el día en que fue herido. La misma fuerza policial reconoció, en una resolución dada el 8 de diciembre de 2018 que esta lesión fue en el marco de un "acto de servicio". 

Sin embargo, a pesar de la situación del cabo y de su familia, el 3 de este mes recibió la notificación de la Jefatura de Policía, fechada el 21 de marzo y en la que se le informaba que “proceden a dar de baja a los haberes” que percibía, a partir del 2 de marzo de 2020. Ese mismo 3 de abril Silva denunció a la Jefatura de Policía y a la misma institución policial por la vulneración de “disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional plasmadas en el decreto 297/20 y 329/20 (que prohiben los despidos en la cuarentena), pese” a que la institución conoce que su marido “compone su grupo familiar con dos hijos menores de edad”, de 4 y 14 años, a los que “se les vulneran los derechos del niño ya que teniendo el Estado a su esposo como personal activo no pueden ser beneficiarios de ningún beneficio de asignación, discapacidad” u otro.

“Mi marido ni siquiera puede defenderse solo de esta injusticia, ya que al tener el accidente laboral en 2012 quedó con desorden mental y dificultad para hablar. Le pegaron tan fuerte en la cabeza con una piedra que le fracturaron el cráneo, razón por la que estuvo con carpeta médica hasta 2014 y desde ese entonces estamos esperando que se resuelvan los trámites de jubilación”, contó Silva a Salta/12. 

La mujer se mostró indignada con la afirmación de una fuente de la Jefatura de que muchos de los comprendidos en la decisión de la jefa no agilizaban los trámites de retiro para seguir cobrando los haberes de activos. “Mi esposo recibió la medalla de oro al valor, el más alto honor de la Policía, y ahora nos hacen esto solo por que él cumplió con su tarea”, enfatizó. Ella misma tiene una discapacidad del 90% y el matrimonio tiene dos hijos menores de edad. “¿Qué les digo a ellos, que esperen dos años más hasta que salga la jubilación de su papá porque gente incompetente maneja el departamento previsional de la Policía de Salta?”, cuestionó.

Silva tiene una discapacidad física que necesita tratamiento y medicamentos en forma diaria, “las que no son cubiertas por la obra social". 

El 15 de abril, en la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, se presentó otra denuncia contra la jefa de Policía, Norma Morales. Este caso también escapa a la generalización del ministro de Seguridad. La policía Pamela Castillo contó que por disposición de la comisaria general el 4 de abril se la notificó, mediante "la impresión de una fotografía", de "la baja de haberes y pase a retiro obligatorio a partir de la fecha 2 de marzo del presente año". 

La decisión de la jefa de Policía se basó en este caso en el decreto 162/17, por el que el gobierno provincial dispuso el pase a retiro de una lista de policías. Pero la denunciante destacó que en ese instrumento el ahora ex gobernador Juan Manuel Urtubey “decreta que el pase a retiro obligatorio se hará efectivo una vez finalizados los trámites previsionales", es decir que el pago de los haberes no podía suspenderse. 

Añadió que en su caso estos trámites "aún no llegaron a la Anses, desconociendo los motivos de la demora administrativa denotando esto una clara violación a mis derechos”. Castillo contó a Salta/12 que presentó sus papeles "en tiempo y en forma y no los mandaron a la Anses", relató que intentó saber en este organismo el estado de su trámite y se dio con que su expediente no había ingresado. Averiguó entonces en el área previsional de la Policía y se enteró de que su expediente nunca salió de la Jefatura. 

En su caso, inició el trámite de retiro en 2015, "me lesioné en el 2015 y a raíz de esta lesión, el maltrato que recibí por parte de compañeros de trabajo, médicos y el personal de auditoría médica de MAS Salud, me agarró una depresión muy fuerte con ataques de pánico", contó. Hace cuatro años cobra el 50 por ciento del sueldo que cobraba cuando estaba en actividad. 

En su denuncia Castillo sostuvo que la disposición de la jefa de Policía es violatoria decreto nacional 329/20, además porque el aislamiento social impuesto “no me permite buscar una fuente laboral alternativa para el sustento de mi familia”. Y es también violatoria de la Constitución nacional, “perjudicándome económicamente dejando a mi familia expuesta, haciendo constar que tengo tres hijos de los cuales uno es menor de edad y los otros se encuentran cursando sus estudios”. E igual que la agente Yanina Gay, que también denunció a la jefa, la hizo responsable por su seguridad y la de su familila, y por "cualquier represalia que pudiera ejercer física, piscológica o laboral en mi contra o de cualquier integrante de mi familia”.

Otros testimonios recibidos por este medio, fueron volcados con expreso pedido de resguardar sus identidades. Un agente contó que sufrió un accidente de trabajo, como muchos de los que fueron notificados de la suspensión de sus haberes. "La Policía de Salta nos abandonó, porque muchos seguían aún con tratamiento, a muchos la ART no quiso proseguir con los tratamientos, te obligaban a salir a trabajar y te daban el alta sin haber cumplido con el tratamiento”, sostuvo. En su caso el trámite jubilatorio lleva ya cinco años y, según él, buena parte de los notificados están en situación parecida. “La jefa de Policía, el secretario de Seguridad (Benjamín Cruz, quien no respondió a las consultas de este medio), no toman conciencia del daño que hacen a muchas familias que hay detrás de cada hombre, de cada mujer, cuyos haberes fueron suspendidos”. Y deseó que el gobernador Gustavo Sáenz intervenga para retrotraer esta decisión.

Una oficial coincidió en que comenzó a cobrar menos desde que fue notificada del pase a disponibilidad para iniciar el trámite de retiro. En su caso la demora es de dos años, ella inició el trámite por episodios de pérdidas del conocimiento, la dosis para diez días de la medicación que necesita le cuesta $2500.

La decisión de suspender los haberes puede ser recurrida, pero varios de los notificados relataron a Salta/12 que por la cuarentena no pueden ir a la Jefatura a presentar sus recursos, por lo que deben hacerlo en las comisarías más cercanas a sus domicilios, donde “tienen orden de no recibirlas”.