La Corte Suprema decidió habilitar la “feria judicial extraordinaria” para tratar la acción declarativa de certeza presentada por Cristina Fernández de Kirchner para que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad de que los senadores/as sesionen por videoconferencia. También le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que emita un dictamen con su posición sobre el tema a lo sumo en 48 horas, aunque no es una opinión vinculante. La resolución lleva la firma del presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que el miércoles por la mañana había convocado a un acuerdo remoto para el día siguiente, pero lo levantó la noche anterior.

La Corte no quiso mostrarse tan urgida por el planteo de CFK y algunos de sus integrantes decían que tampoco quedaba muy bien hacer un plenario en condiciones excepcionales y esquivar el asunto. Ahora parecen dar señales de que dirán algo más o menos pronto, aunque mientras puedan, siguen tirando la pelota afuera y se mantiene la incertidumbre por el tratamiento del proyecto de impuesto a las grandes fortunas.

El planteo que la vicepresidenta presentó a través de la titular de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, pide a la Corte que tenga en cuenta la situación de “extrema gravedad institucional” que conlleva la imposibilidad del Senado de sesionar de manera presencial debido al aislamiento social obligatorio, y le requiere que resuelva en forma “urgente”. Dice que es imperioso que lo haga, dado que hace falta legislar sobre materias no habilitadas a través de decretos de necesidad y urgencia, como las cuestiones tributarias. Recuerda que el reglamento del Senado prevé en su artículo 30 que las sesiones deben celebrase en la sala “salvo en casos de gravedad institucional”. El objetivo es evitar cuestionamientos judiciales futuros, más aún teniendo en cuenta la experiencia de “maniobras de todo tipo –incluidas judiciales— tendientes a impedir la aplicación de las leyes que afecten intereses de grupos económicos”, dice.

El tribunal recibió el escrito el miércoles por la mañana. A partir de entonces ocurrieron algunas curiosidades. La oposición, que venía reclamando que el Congreso sesionara al menos virtualmente, comenzó a poner obstáculos y hasta le envió una nota a CFK –firmada por el radical Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, del ala PRO– cuestionado su presentación en la Corte y la existencia de una situación de gravedad institucional.

Pidieron una sesión presencial, pasando por alto las medias de aislamiento, con las restricciones que impone particularmente a los senadores incluidos en grupos de riesgo y los quienes viven en otras provincias. Es evidente la resistencia al impuesto a los más ricos, a pesar de que está pensado sólo para generar financiamiento en el contexto de pandemia. Mucho de lo que resuena en el ámbito de la Corte es similar a este tironeo.

Por lo pronto, el mismo miércoles que ingresó el pedido de la vicepresidenta, fuentes cercanas a la presidencia de Rosenkrantz informaron que se haría un acuerdo remoto al día siguiente, ya que los supremos habían habilitado esa posibilidad. Ricardo Lorenzetti se opuso, según informaron también en la Corte, y el resto iba y venía. Entre el presidente y su antecesor reina un encono insuperable desde el golpe palaciego que sacó a Lorenzetti de la presidencia, pero si algo tienen ambos en común –por motivos diversos– son vasos comunicantes con el mundo empresario, que como es obvio tiene grandes intereses en juego. Así las cosas, una mayoría suprema se resistía a tratar la acción declarativa de inmediato, pretendía estudiar cada uno en su casa y hacer el menor gesto de acercamiento a la petición de la titular del Senado. No querían incluir el tema en el plenario, por ende no lo veían justificado.

Así, la reunión se suspendió. Pero un día después, la mayoría le dio luz verde al presidente supremo para habilitar la feria y pedir un dictamen al procurador interino con plazo de 48 horas. Es señal de apurar el trámite, con una leve dilación hasta que el procurador conteste. Suponiendo que no pide prórroga, algunos funcionarios cortesanos estiman que la semana próxima tendrán que deliberar y definirse.

Peñafort cuestionó la suspensión del encuentro supremo y apuntó a Rosenkrantz en su cuenta de twitter: “La Corte iba a decidir hoy si trataba o no el tema, con su nueva modalidad de acuerdo virtual, que no aplica a tiempos de normalidad sino a tiempos como estos. Pero Rosenkrantz anoche decidió NO tratarlo. Y dispuso suspender el acuerdo (…). Porque por un lado no quiere definirse en el tema y tampoco quiere quedar públicamente obstaculizando. Porque, siendo clara, lo que no quiere Rosenkrantz es que salga ese impuesto”.

Varios expertos en derecho constitucional vienen señalando los posibles caminos que tiene la Corte: uno sería rechazar la acción de CFK y decir que los reglamentos debe interpretarlos el propio Congreso y que es una cuestión “política no judiciable”. También podría rechazar la presentación y tal vez decir mediante un “obiter” (consideraciones) que se puede sesionar de manera remota, según señaló el especialista Andrés Gil Domínguez. Para rechazar, hay quienes dicen que se podría considerar que “no hay caso”. Otra alternativa es que diga que no es un asunto de “competencia originaria” de la Corte y lo mande a primera instancia. También, claro, que abra el caso y opine sobre la constitucionalidad de sesionar por videoconferencia. Las apuestas en tribunales apuntan a la primera opción, que se basaría en la división de poderes y cerraría el camino a futuros reclamos. Está por verse.