La Auditoría General del Ministerio Público Fiscal remitió a la Legislatura provincial la investigación sobre el accionar del fiscal Adrián Spelta en la cuestionada prisión domiciliaria de la que gozaba Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval cuando fue asesinado en octubre pasado. La titular del organismo, María Cecilia Vranicich, entiende que “la evidencia reunida excede los límites de sanción” que puede solicitar la Auditoría al Tribunal de Disciplina, por lo que giró las actuaciones a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, con facultad para aplicar sanciones más severas o la remoción del cargo, según corresponda. 

La Legislatura tiene ahora 30 días hábiles para resolver si promueve una sanción, la remoción de Spelta o, si considera que la sanción debe ser leve (menor a 60 días), devuelve el caso a la Auditoría. 

Ayer, en LT8, Vranicich indicó que "Lucas y Emanuel Sandoval, tenían que estar en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario, porque el caso no entraba en lo estipulado para una domiciliaria". Y aclaró que "lo que se inició fue un estudio de caso testigo desde el área de control de gestión por casos de prisiones domiciliarias".

El triple homicidio en el que una de las víctimas fue Emanuel Sandoval –condenado por la balacera de 2013 a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti– complica al fiscal. Según publicó Aire de Santa Fe, la Auditoría cree que hay suficiente evidencia. “Esta auditoría advierte del análisis de la evidencia reunida que la sanción eventualmente aplicable podría ser mayor al límite legal de sesenta días de suspensión que puede solicitar esta Auditoría al Tribunal de Disciplina, por ende (...) corresponde a esta Auditoría inhibirse de continuar la tramitación del procedimiento disciplinario, y remitir los presentes a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa…”. 

El accionar que fue cuestionado a Spelta tiene que ver con la domiciliaria -acordada con la defensa- que se le otorgó a Sandoval y a su hermano Lucas -vinculados a la comercialización de estupefacientes en la zona norte-, en una causa que los tenía imputados por una triple tentativa de homicidio. Lo que se advirtió es que el beneficio se les otorgó a pesar de que no cumplían ninguno de los requisitos legales. La Auditoría le atribuyó al fiscal "no haber sostenido ni defendido el cumplimiento de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario (respecto de los hermanos) que ya habían ordenado y ratificado dos magistrados; haber pedido de común acuerdo con el defensor particular Fausto Yrure una medida cautelar fuera de lo previsto por la ley, siendo improcedente cuando sólo les correspondía la prisión preventiva en establecimiento penitenciario, poniendo en riesgo la investigación, como quedó demostrado con la fuga de Lucas, quien rompió la tobillera electrónica y abandonó el edificio, todo ello causando grave daño y obstaculizando la investigación; haber tergiversado la realidad al solicitar y argumentar la procedencia de una medida cautelar no privativa de la libertad cuando en los hechos consistía en una domiciliaria; y haber solicitado en la audiencia preliminar una pena de 12 años, siendo menor a la requerida en la acusación de diciembre de 2018 (20 años), argumentando un error material", entre otros.

Con la domiciliaria avalada por el juez Hernán Postma, los hermanos fueron a un departamento de barrio Rucci –de un abogado condenado por narcotráfico–, con tobilleras, en mayo de 2018. Sin embargo, once meses después, pidieron autorización judicial para mudarse a la casona de Pago Largo 654, en La Florida. Recién cuando un grupo comando entró a la vivienda y terminó con la vida de Emanuel, una joven y otro muchacho, se supo que el inmueble alquilado pertenece al camarista civil y comercial Oscar Puccinelli.

Por esas tres cuestiones, la Corte provincial encomendó una instrucción sobre el accionar de los jueces Postma, Gustavo Pérez de Urrechu (quien autorizó la mudanza) y Puccinelli. El informe concluyó que el acuerdo que permitió salir de la cárcel a los Sandoval fue “ilegal e irracional” y está a la espera del dictamen del procurador Jorge Barraguirre.