La voluntad política que exhibe el Gobierno para empezar a ponerle límites a sectores sensibles del poder económico es acompañada por una amplia mayoría de la sociedad. La luna de miel de baja intensidad que tuvo Alberto Fernández en el tramo inicial de su gestión se convirtió, a partir de la crisis del coronavirus, en un respaldo masivo a las iniciativas que despliega la conducción del Estado en respuesta a la emergencia. El apoyo es casi unánime en materia sanitaria. El 90,6 por ciento aprueba las medidas del Poder Ejecutivo, el 87,5 por ciento está de acuerdo con extender la cuarentena hasta mayo si es necesario y el 66,8 por ciento rechaza las presiones de grandes empresarios para levantarla. Esa revalorización del rol del Estado, que ya era visible el año pasado con el triunfo del Frente de Todos en las elecciones de octubre, irradia sobre la economía.

La ciudadanía reclama la intervención pública para que la proteja de quienes especulan con los precios, de los abusos de los bancos, de las arbitrariedades de telefónicas, operadoras de televisión por cable e Internet, de las prestadoras de luz y gas, las petroleras y las empresas de medicina prepaga, entre los principales núcleos que en muchos casos anteponen la evolución de sus balances al interés general. Los acreedores internacionales también aparecen en la percepción que muestran las encuestas en la vereda de enfrente al objetivo prioritario de garantizar el bienestar de los argentinos en un momento de máxima vulnerabilidad económica.

Los titulares de los diarios que califican la propuesta de reestructuración de la deuda como “mezquina”, “hostil” y “agresiva” enfocan el tema desde la mirada de los grandes fondos de inversión. Les preocupa más la disminución de sus ganancias respecto de lo que eran sus expectativas cuando le prestaban de manera irresponsable al gobierno de Mauricio Macri, con todas las inconsistencias a la vista, que las necesidades internas en medio de una crisis sin precedentes, a escala planetaria. Esos medios y comunicadores actúan como voceros del establishment financiero. Sin embargo, los sondeos de opinión pública reflejan una realidad muy distinta.

Un buen ejemplo lo ofrece el proyecto de ley del oficialismo para cobrar un impuesto excepcional a las grandes fortunas. El 81,8 por ciento se manifestó de acuerdo (16,1) o muy de acuerdo (65,7) con esa posibilidad, en un nuevo relevamiento nacional de la consultora Analogías, que viene midiendo las reacciones sociales frente al accionar del Gobierno tras la llegada del coronavirus. Solo el 13,8 por ciento está en desacuerdo (7,8) o muy en desacuerdo (6,0) con gravar a las familias más adineradas del país. La iniciativa apunta a quienes tienen patrimonios superiores a los 3 millones de dólares, para que realicen un aporte extraordinario en las actuales circunstancias. El piso del impuesto sería una alícuota del 2 por ciento, equivalente a 60 mil dólares para aquellos que declaran tener 3 millones.

Ese respaldo popular está en línea con lo que ocurre en países centrales. En Europa se debate fijar un impuesto similar a las mayores riquezas por un lapso de diez años.

Analogías también registró que la mayoría prefiere posponer hasta nuevo aviso los pagos de la deuda externa por la crisis económica. El 82 por ciento se expresó en esa dirección, con un 58,7 por ciento que se manifestó muy de acuerdo y un 23,2 por ciento de acuerdo. Solo el 7,3 por ciento considera que el Gobierno debe cumplir con los vencimientos sin ninguna reprogramación.

El sector financiero en general aparece en las encuestas con una imagen negativa. Frente a la pregunta de si los bancos están colaborando para que la economía supere este momento tan delicado, el 68 por ciento dijo que nada (20,7) o poco (47,3), contra un 21,6 que respondió que lo hace bastante (14,0) o mucho (7,6).

El Gobierno parece advertir ese clima de malestar con poderes concentrados, que se traduce en una demanda creciente para que intervenga en defensa de las mayorías populares. Esa visión está presente en el discurso de Fernández y del oficialismo en general desde un principio. Las circunstancias actuales le dan espacio para avanzar más rápido. En las últimas semanas se vio esa intención, con resultados más o menos exitosos.

La AFIP tomó esta semana una medida importante para identificar a los dueños ocultos de las empresas, con un nuevo régimen de información al organismo, de modo de ir echando luz sobre estructuras fantasmas diseñadas para evitar el pago de impuestos. En la misma línea, la semana anterior detectó casi 1000 cuentas de argentinos en el exterior que no estaban declaradas.

El Banco Central, por su parte, viene lidiando con los bancos para acotar ganancias extraordinarias y empujarlos a cumplir el rol que deberían en la economía, de financiar a la producción y el consumo. No es tarea sencilla y las quejas de las pymes reflejan que la autoridad monetaria debe reforzar su intervención para imponerse en la pulseada. De todos modos, avanza en esa dirección. Esta semana, por ejemplo, intervino para acotar maniobras especulativas en el mercado cambiario y volvió a regular la tasa de interés de los plazos fijos con la determinación de un mínimo de 26,6 por ciento.

En materia de precios, en tanto, el Gobierno buscó multiplicar la capacidad de fiscalización pública con el Decreto de Necesidad y Urgencia que autorizó a los intendentes a asumir esa tarea y avanzó con la imposición de precios máximos. El sondeo de Analogías presenta conclusiones categóricas sobre esta cuestión. El 90,6 por ciento de los encuestados a nivel nacional (2808 casos, con entrevistas telefónicas en formato IVR) consideró que hay abusos empresarios con los precios de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. El 68,2 por ciento opinó que los abusos son muchos y el 22,4, bastantes.

El próximo lunes la Secretaría de Comercio Interior prorrogará el sistema de precios máximos, pero existen fuertes presiones empresarias para que se autoricen aumentos en varios rubros. Un grupo de 28 asociaciones de consumidores y usuarios elevó una nota a esa dependencia para expresar su rechazo a cualquier incremento y le solicitó que se ordene a los comercios la exhibición de los listados de precios para que el público pueda verificar su cumplimiento.

Esa dinámica está presente en el funcionamiento general de la economía. El Gobierno impulsa controles y regulaciones sobre el poder económico, lo cual genera resistencias en esos espacios, pero también recibe el reclamo de los más desprotegidos para que avance con más velocidad y decisión. El contexto de crisis a causa de la pandemia inclina la balanza en la opinión pública hacia esta posibilidad, con la idea de que el Estado es el único que podrá salir en su defensa.