Desde este lunes comienza a regir el permiso que deberán tramitar las personas mayores de 70 años a través de la línea 147 cada vez que quieran salir de su casa en la Ciudad de Buenos Aires, pero no habrá multas ni trabajo comunitario para quienes no cumplan con este nuevo protocolo, como se había informado en un principio. La medida generó cuestionamientos entre los afectados y los especialistas en adultos mayores y gerontología. Y el Gobierno de la Ciudad bajó entonces el tono coercitivo y planteó el énfasis en el “cuidado” y la “protección” de los adultos mayores.

La de adultos mayores es una población nada homogénea que en la Ciudad abarca a unas aproximadamente 650.000 personas de más 65 años, de las cuales el 70 por ciento vive solo, lo cual indica que es un grupo etario capaz e independiente que puede sostener sus propias decisiones, según explican los expertos.

Muchos de ellos coincidieron en que, si bien la medida tiene un propósito de protección, la instrumentación genera una sobreprotección que violenta la autonomía producto de una mirada en la que se ve a la vejez como incapacitante y a la que hay que tutelar.

“Desde el punto de vista del derecho, es absurda” la decisión del gobierno porteño, había advertido temprano el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, uno de los primeros y más críticos de la decisión. Es “anacrónico” y “absurdo” que los adultos mayores tengan que gestionar un nuevo permiso para circular excepcionalmente en la Ciudad, dijo Semino, y remarcó que esa población “no es débil mental” ni “tiene una minusvalía” para que se lo tutele con medidas de ese tenor.

La psicóloga y sexóloga clínica especializada en adultos mayores Patricia Hidalgo explicó que “doy clases de sexualidad a mayores, tengo alumnos de 65 a 91 años entre los que armé un grupo de contención por la cuarentena. Tienen mucho enojo con la medida porque sienten que, más allá de que hay una intención de cuidado, los desvalorizan. Ellos también se saben cuidar y no quieren salir. Esto termina siendo una vulneración a un sector vulnerable que conlleva un prejuicio implícito de que son tontos, que no van a entender. Una mirada que violenta la vejez. Una cosa es cuidarlos, acompañarlos, y otra son estos mensajes de viejismo implícito donde se los ve como incapaces”.

La medida apunta, según el gobierno porteño, a minimizar la salida a la calle de este grupo de riesgo en medio de la pandemia de covid-19. La disposición busca que a través del llamado telefónico para tramitar la autorización, un operador intente resolver el problema que tiene la persona y, al mismo tiempo, tratar de disuadirla de salir a la calle. Si bien en un principio se había informado que habría multas, después de las críticas las autoridades porteñas dieron marcha atrás y sostuvieron que no habrá punición de ningún tipo. La decisión fue anunciada formalmente este viernes por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernan Quirós. La autorización, que alcanza a los aproximadamente 90.000 mayores de 70 años que viven en la Capital Federal, deberá solicitarse a partir de lunes 20 al 147, la línea gratuita de Atención Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá validez para el día otorgado.

Quienes soliciten el permiso deberán informar para qué quieren salir de la casa, y esa será, de acuerdo a la idea con que el gobierno porteño pensó el protocolo, la puerta para que los operadores les expliquen cuáles son las alternativas para cubrir sus necesidades sin salir a la calle. Para esto, se articulará con el Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que asiste con la comprar a domicilio de alimentos, medicamentos y cosas de primera necesidad. Además, los operadores buscarán disuadir a la persona para que no salga de su hogar y le informarán los riesgos que corren al exponerse a contraer la covid-19.

En caso de no disuadirlos de aventurarse en el espacio público, el operador le solicitará el número de DNI, que quedará asentado en el sistema y que podrá ser requerido por miembros de las fuerzas de seguridad. Del trámite telefónico quedan exceptuados quienes tengan que ir al médico, a vacunarse o a cobrar la jubilación. También estarán exentos quienes participen de actividades exceptuadas por la administración nacional durante la cuarentena obligatoria. No obstante, quienes sean parados por la policía y no cuenten con el permiso no recibirán multas ni sanciones, sólo serán enviados a casa tras una admonición de los uniformados.

Durante la presentación del nuevo protocolo, Rodríguez Larreta dijo que “no buscamos prohibir a nadie” salir a la calle. Se trata, aseguró el funcionario, de una iniciativa para “ayudarlos en sus necesidades cotidianas para que salgan lo menos posible ante el riesgo de contagio”. “En Argentina, el promedio de edad de fallecimiento por coronavirus es de 71 años y en el mundo, ocho de cada diez fallecidos son mayores de 70 años”, precisó, por lo cual defendió la medida que aseguró “son decisiones antipáticas y difíciles, pero lo hacemos para cuidar a todos”.

En el mismo sentido, Quirós agregó que “si en la conversación con el 147, no te convencemos de resolver el problema, salí libremente, pero danos la oportunidad de ayudarte”. Por la tarde, el titular de la cartera sanitaria también aclaró dudas sobre el posible colapso de la línea 147 ante el aluvión de llamadas que podría recibir, y dijo que desde hace diez días se “viene construyendo un call center apropiado para dar respuestas a esta necesidad”. Además, sostuvo que el “volumen de movimiento de los mayores de 70 años es más o menos de 40 mil personas por día, de las cuales buena parte de esas necesidades son de las que están exceptuadas”, y aseguró que van a “fortalecer el servicio todo lo que haga falta”.

“Necesitamos poner en el debate público y en la reflexión estas medidas porque los adultos mayores no deberían salir todo el tiempo a la calle porque se están exponiendo”, aseguró Quirós.

Tras el lanzamiento de la disposición porteña, la medida encontró eco en el presidente Alberto Fernández, quien, en declaraciones radiales. “No tomen esto como un agravio o un ataque a la libertad, sino como algo en lo cual el Estado los está cuidando”, remarcó Fernández y reiteró el pedido a “los que tienen que quedarse haciendo cuarentena, háganlo”.

Semino advirtió que la medida “subestima el concepto de responsabilidad que tiene el adulto mayor” y recordó que “todas las violaciones que se han visto en la Ciudad por parte de adultos mayores fueron generadas “por los propios Estados”. “800 mil adultos mayores fueron movilizados para cobrar” sus haberes jubilatorios mientras que la campaña de vacunación hace viajar a muchos “de un lado para el otro”. Por eso, en lugar de tomar medidas como la del permiso excepcional, añadió, el gobierno porteño debería controlar el estado de los más de 2.000 adultos mayores internados en geriátricos del sistema público de la Ciudad, porque esos espacios constituyen, indicó Semino, una “verdadera bomba de tiempo”.

Por su parte, Alejandro Burlando Páez, coordinador general del Programa Gerontológico de Salud, que depende de la cartera sanitaria porteña, dijo a PáginaI12 que “es una medida cuestionable. Así como para otras decisiones nos consultaron y nos escucharon, esta vez, desde el ministerio no lo hicieron. Y hay una cuestión básica, existe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promulgada en 2015 y aprobada en 2017 como ley nacional, que sostiene que los adultos mayores son sujeto de derecho y no objeto de cuidado. Por lo cual podemos decir que es una medida que tiene poco de mirada gerontológica y a la que le falta una perspectiva de derechos”.

 

El especialista remarcó que “estoy absolutamente de acuerdo con promover políticas y acciones de cuidado”, pero, al mismo tiempo, advirtió que “lo que hay que revisar es con qué concepción se hacen, con qué mirada acerca de lo que es una persona mayor y lo que significa ser sujeto de derecho y no objeto de cuidado que los ubica en un rol pasivo, donde suponemos que no puede entender, que no aprende y que imposibilita hacer promoción de la salud”.