La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, encabezó una reunión con organismos de derechos humanos para avanzar en la redacción de un protocolo sobre prevención de delitos en Internet y sus derivaciones al Poder Judicial durante la emergencia sanitaria. El encuentro fue convocado tras el rechazo que generó la mención al “ciberpatrullaje” como herramienta para “medir el humor social” y el inicio de una causa penal a un joven que incluyó la palabra “saqueo” en una broma en Twitter. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, destacó en un comunicado que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren “sobre el ámbito público”, y recordó que tanto el Ministerio como las fuerzas de seguridad “sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a una hipótesis o amenaza específica y respetando las restricciones que establece la ley de inteligencia”.
La ministra presentó ante las organizaciones un borrador de protocolo que modifica una resolución de 2018 y les pidió que le hagan llegar sus críticas y aportes, a más tardar el martes. Quienes participaron de la reunión contaron a Página/12 que el tono fue cordial y que Frederic se mostró muy receptiva. Sus interlocutores coincidieron en destacar que el “ciberpatrullaje” es ilegal y que es una actividad que debe regularse por ley. De la videoconferencia participaron también la APDH, Amnistía, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Defensoría del Pueblo porteña, la Federación de Carreras de Comunicación Social, Grooming Argentina y el Observatorio de Derecho Informático Argentino.
La vigilancia masiva de redes sociales “es una práctica de inteligencia porque se realiza de manera anónima y sobre personas identificadas”, destacó la ICCSI al expresar su rechazo. “Sólo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas”, precisó. “Los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón" por las que se usan y "esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar” como ocurrió con el joven imputado tras copiar un meme. La inteligencia implica “una intrusión en la privacidad, nunca es una práctica de pesca”, y “en el caso del ‘ciberpatrullaje’ ni siquiera está claro, porque no ha sido informado públicamente, cómo se está haciendo, si de manera artesanal o con un software, ni con qué herramientas, parámetros o mecanismos de control”, afirmó, y destacó que las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas o redes sociales afectan derechos como la privacidad y la libertad de expresión.
