En Salta la época de la humita, que se inicia a fines de enero (cuando se cosecha el choclo) y concluye en otoño, involucra buscar queso criollo, uno de los insumos que, entre las variedades del producto, se lo pondera como el mejor en sabor. No es menor tampoco que sea utilizado para la papa con queso, otra de las comidas tradicionales de Salta durante todo el año.

Para contar con tres kilos de ese insumo, las familias campesinas precisan al menos 50 litros de leche. Teniendo en cuenta el precio de la leche, a $60 por litro (según el precio promedio del INDEC de marzo), si vendieran los 50 litros implicaría una recaudación de $3.000 para una familia. El monto involucra un 333% más que los $900 que logran los puesteros del paraje Los Leones, de Los Blancos en Rivadavia Banda Norte, por la venta los tres kilos de queso criollo.

Los parajes campesinos que producen en estas condiciones son parte de la misma zona donde se carece de una alimentación suficiente para los chicos de comunidades originarias. En ambos casos la deuda interna se traduce en una histórica pobreza estructural aún sin resolver.

“Estamos a 40 kilómetros de Los Blancos y no tenemos posibilidad de conservar la leche”, para trasladarla y comercializarla, dijo a Salta /12, Débora Taboada, integrante del Frente Nacional Campesino (FNC).

Si la situación de los pequeños productores ya era complicada, la cuarentena la terminó de profundizar. Antes de que se disponga el aislamiento social, Taboada hacía pan para vender. En el puesto, en tanto, se crían animales para consumo de carne, que es otra de las posibles salidas para la subsistencia familiar.

Con la cuarentena, Débora tuvo que dejar de hacer pan y con su esposo empezaron a salvar la época con la producción del queso. Pero esto va a ser “hasta que puedan dar leche las vacas, porque en esta época ya empiezan a dejar a los terneros”, es decir, para esta temporada las vacas dejan de producir leche y destetan a sus crías. Con la venta del queso (que no es de todos los días), compra mercadería.

Junto a otras familias campesinas, Taboada reclamó políticas al gobierno provincial a fines de noviembre del año pasado a raíz de la sequía. Las osamentas de los animales que murieron de hambre y sed fueron parte del paisaje de los caminos vecinales y hasta de las rutas de la zona. En algunos casos la ayuda de alimento para los animales llegó recién hace dos meses. “Ahora nos queda algo de maíz pero con eso vamos a poder engordar los chanchos para venderlos o hacer chorizos”, dijo. Es una práctica habitual en las familias campesinas aprovechar el frío del invierno para carnear cerdos, y a veces también animales vacunos, para preparar chacinados y otras conservas que se consumen durante varios meses. 

Taboada afirmó que en esta realidad en el campo se vive el día a día. “Para comer nosotros nos rebuscamos, pero no nos queda para más, y eso que producimos”, dijo. Suele suceder, lamentó, que “los que se ponen las botas son los comerciantes, los que pueden tener más vocabulario y los que tienen más plata”.

Donde golpea la desigualdad

Las consultas a Taboada se hicieron tras conocer el petitorio del FNC al Estado Nacional. En el comunicado de la entidad se sostiene que “en el marco de la cuarentena por el Covid–19 se agudiza la pobreza y la miseria en los puestos, parajes, colonias, comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina, pobreza estructural arrastrada durante décadas, agravadas durante los últimos 4 años de neoliberalismo y profundizada hoy por la crisis económica, social y sanitaria”.

Desde el FNC se afirmó “que el gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández puede contar con nuestras modestas contribuciones en estos momentos difíciles que vive la patria y la humanidad. Valoramos el gigantesco esfuerzo que realiza el Estado argentino para cuidar de la salud y la vida de todos los argentinos y las argentinas. Nos solidarizamos con todos y todas las personas que habitan el suelo patrio, sostenemos que para salir victoriosos de esta crisis debemos estar unidos, organizados y ser solidarios”. 

En esa lógica solicitaron la asistencia con alimentos no perecederos a familias campesinas e indígenas más carenciadas. Pero además reclamaron “asistencia técnica y financiera” para garantizar: acceso al agua potable y para la producción. Para poder producir en huertas familiares, para autoconsumo y venta de excedentes. También para la producción a escala familiar de huevos y pollos. La producción de leche mediante pequeños tambos para abastecimiento local. Y para fortalecer la producción de ganadería menor para la provisión de carne. Fortalecer la producción de hortalizas y cereales en chacras, a escala familiar. 

Asimismo, también peticionaron asistencia para fortalecer la fruticultura para el autoconsumo y el abastecimiento local; fortalecer la producción apícola, para abastecimiento local y regional, y los trabajos en agregado de valor en origen de la producción campesina. Y mejorar la sanidad e inocuidad de la producción de la agricultura familiar. 

En el mismo sentido, pidieron capacitaciones para innovar y mejorar la producción de alimentos; incorporar sistemas de energía fotovoltaica para poner al servicio de la producción, la salud y la comunicación.

“Desde el Frente Nacional Campesino (FNC) peticionamos apoyo al Estado para evitar el caos, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y abastecer con alimentos sanos los pueblos y ciudades del país”, indicaron.

El campesino como proveedor

Los técnicos de la delegación salteña de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) habían alcanzado en 2015 a atender alrededor de 4000 familias campesinas con acciones para mejorar la producción y la cadena de comercialización. Se estimaba que existían alrededor de 10 mil unidades productivas en manos de agricultores familiares. El delegado de ATE Agricultura Salta, Ricardo Bima, indicó que en el censo 2018 ese número bajó “en parte por problemas en el relevamiento y en parte porque efectivamente muchas familias migraron de sus lugares hacia los centros urbanos”.

En 2017 despidieron a 28 trabajadores de la SAF salteña, quedaron unidades productivas sin apoyo y se redujo la cantidad de familias alcanzadas además de la calidad de las acciones. No fue menor el golpe cuando se quitó el Monotributo Social Agropecuario (MSA), que además permitía a las familias contar con facturaciones que les posibilitaran formalizar la venta de sus producciones.

Las políticas públicas que se habían empezado a desarrollar durante el kirchnerismo llegaron a ser de corto o nulo alcance durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo una política pública definida por el referente de la Sociedad Rural, en aquel momento ministro de la Producción, Miguel Etchevere.

Desde ATE Agricultura Salta se adhirió al reclamo del FNC y de las organizaciones campesinas como el FONAF. Desde la entidad gremial se afirmó que ante la realidad signada por la pandemia “claramente tenemos que retomar con urgencia las acciones que se venían llevando adelante con todos nuestros compañeros despedidos, entre ellas la constitución de mercados de cercanía en cada lugar donde se producen alimentos (ferias, mercados, bocas de expendio minorista y mayorista), la adecuación de normativa para que no obstaculicen la comercialización garantizando alimentos sanos, la prioridad por parte de los estados municipales provinciales y nacionales para la compra de productos de la agricultura familiar, campesina y de pueblos originarios para hospitales, escuelas y otras instituciones, la capacitación y asistencia técnica para mejorar y diversificar la producción agropecuaria, el financiamiento y el crédito a tasas convenientes para el sector, garantizar que puedan ser transportados alimentos frescos de origen animal y vegetal, para confluir en mercados concentradores regionales, provinciales o nacionales”. 

Esto implicaría ver al campesinado como un proveedor del Estado y no solo como sujeto de asistencia, además de asegurar el alimento para la población.