Organismos de derechos humanos firmaron una solicitada dirigida al gobierno porteño, en la que manifiestaron preocupación por la situación sanitaria, económica y el accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la expansión del coronavirus. Advirtieron también por la epidemia de dengue y la falta de medidas para prevenirla y luego paliarla. Los reclamos se reprodujeron en una carta que enviaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la que, luego de reconocer el trabajo coordinado que está realizando junto al gobierno nacional, le reclamaron políticas puntuales en las áreas de salud, economía y fuerzas de seguridad.
Las organizaciones firmantes fueron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justica Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
En el caso de la situación sanitaria, los organismos instaron al gobierno porteño a hacer cumplir los protocolos establecidos en los "lugares estratégicos donde se concentran las personas", es decir supermercados y hospitales. A su vez, exigieron que se le de una solución a "las carencias que tienen los centros de salud y los hospitales públicos de elementos de seguridad sanitaria para su personal", haciendo particular hincapié en la compra de barbijos con sobreprecios por parte del gobierno de la ciudad.
Los organismos también reclamaron que se atendiera la epidemia por dengue, que según indicaron ya cuenta con "la escalofriante cifra de más de 3200 infectados". "El gobierno de la Ciudad ha descuidado las acciones de prevención, omitiendo la realización de fumigaciones, limpieza de lugares públicos, desinfección y campañas publicitarias", denunciaron.
En segundo lugar, los organismos reclamaron por la situación económica de los sectores más vulnerables de la capital. "Vemos como el gobierno de Rodríguez Larreta no garantiza la asistencia en aquellos barrios populares que albergan más de 75.000 familias distribuidos en 57 conglomerados. Estas familias viven en condiciones habitacionales de hacinamiento y tienen serias dificultades para resolver sus necesidades de alimentación y de acceso al dinero", denunciaron.
Por último hicieron un reclamo por los casos de violencia institucional y la compra recientes de armamento antimotines
en el marco del aislamiento social. "Es
absolutamente incomprensible que, en épocas de cuarentena, de crisis sanitaria,
social y económica, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destine recursos
de la administración local para la adquisición de elementos antidisturbios", indicaron y agregaron: "Es el
momento de educar a las fuerzas policiales en los valores de seguridad
democrática, poniendo el respeto por los derechos humanos de la población en
primer lugar y erradicar el abuso de autoridad y el uso de la violencia como
método de solución de conflictos sociales".
Texto completo del comunicado
Pandemia, situación sanitaria, social, económica y el accionar de las Fuerzas de Seguridad en CABA
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos:
En esta situación de emergencia sanitaria, social y económica, reconocemos y nos complace observar el trabajo conjunto que está haciendo el Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales y Municipales, independientemente de su signo político para transitar esta etapa con el menor costo para la población.
En la actual coyuntura que es de una gravedad extrema, si bien el Jefe de Gobierno y su Ministro de Salud, se alinearon con las directivas del Gobierno Nacional y trabajan en coordinación con la provincia de Buenos Aires para afrontar la pandemia que se acelerará con la propagación del COVID-19, nos preocupan algunas situaciones que se manifiestan en por lo menos tres dimensiones de esta emergencia nacional. La estrictamente sanitaria, la económica social y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Respecto a la situación sanitaria de la CABA que es la más afectada por el COVID-19, resulta urgente e imperioso que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta haga cumplir los protocolos establecidos, tanto en los establecimientos públicos como privados que se encuentran dentro de la categoría “servicios esenciales”.
Hay dos lugares estratégicos dónde se concentran las personas, uno es en los supermercados y en los establecimientos de venta de alimentos, el otro es en los Hospitales públicos y privados.
En ambos lugares se diagnosticaron personas con COVID-19, afectando principalmente a los y las trabajadoras y observamos con gran preocupación que no se respetaron los protocolos vigentes y tampoco se informó a la población que siguió concurriendo a dichos establecimientos en total desprotección.
Es de extrema preocupación y requiere urgente solución las carencias que tienen los Centros de Salud y los Hospitales públicos de ELEMENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA para su personal, lo que ya no sólo ha sido denunciado por los y las trabajadores de diferentes establecimientos y sus representaciones gremiales, sino que han presentado recursos de amparos para que garanticen la provisión de estos elementos. En una situación crítica como la que estamos viviendo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la adecuada provisión, calidad y cantidad suficiente de elementos de protección personal para el equipo de salud que de esta manera podrá realizar su trabajo en las máximas condiciones de seguridad laboral y brindar el cuidado que la población necesita.
No podemos dejar de mencionar que mientras los Hospitales públicos están atravesando una situación crítica, se adquieren los popularmente llamados “Barbijos de Oro” por compra directa a la empresa Green Salud cuyos propietarios son Ignacio José María Sáenz Valiente y su esposa Laura Jumerosky, empresa que se constituyó como sociedad anónima, recién el 22 de octubre de 2019 y ya le está vendiendo al Gobierno de la Ciudad con sobreprecios descomunales, barbijos por 3000 pesos cuyo costo real es cercano a los 300 pesos.
A la situación gravísima de la Pandemia por COVID-19 se suma la epidemia de Dengue. El gobierno de la Ciudad ha descuidado las acciones de prevención, omitiendo la realización de fumigaciones, limpieza de lugares públicos, desinfección y campañas publicitarias que se realizaban en las comunas. Hoy tenemos la escalofriante cifra de más de 3200 infectados y un silencio terrible en cada una de las conferencias de prensa que vemos diariamente. No alertar a la población y no combatir la cría de mosquitos genera la reproducción de la enfermedad trasmitida por las picaduras. Las comunas del Sur de la Ciudad son las más afectadas, siendo una preocupación y un reclamo constante de los y las comuneras.
En el terreno económico social vemos como el Gobierno de Rodríguez Larreta no garantiza la asistencia en aquellos barrios populares que albergan más de 75.000 familias distribuidos en 57 conglomerados. Estas familias viven en condiciones habitacionales de hacinamiento y tienen serias dificultades para resolver sus necesidades de alimentación y de acceso al dinero.
Gran parte de estas familias asisten a comedores comunitarios o sociales para subsistir, a los que el gobierno no atiende adecuadamente. En los barrios no tienen cajeros automáticos, no es fácil adquirir alimentos, los supermercados se encuentran afuera de los mismos y los negocios de proximidad están desabastecidos y no brindan la posibilidad de comprar con las tarjetas de las asignaciones sociales.
Es absolutamente incomprensible que, en épocas de cuarentena, de crisis sanitaria, social y económica, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destine recursos de la administración local para la adquisición de elementos antidisturbios, como si el recurso represivo fuera una opción para resolver los conflictos sociales que pudieran presentarse en esta crítica situación. Se ha destinado la suma de 52 millones de pesos para la adquisición de cartuchos de posta y granadas de gases que sólo sirven para reprimir a la población. Nada más lejos de promover una convivencia pacífica.
Citando como fuente al ministerio Público de la Defensa Porteño y las denuncias recibidas por los Organismos de Derechos Humanos, se constataron denuncias por amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta, falta de identificación del personal policial . Se está investigando la muerte de una persona en situación de calle por una presenta agresión policía. Las fuerza interviniente fue en su gran mayoría la Policía de la Ciudad.
Este es el momento de educar a las Fuerzas Policiales en los valores de Seguridad Democrática, poniendo el respeto por los derechos humanos de la población en primer lugar y erradique el abuso de autoridad y el uso de la violencia como método de solución de conflictos sociales.
Otro tema preocupante es que el gobierno vuelve a endeudarse en 150 millones de dólares, avalado por la emergencia social y sanitaria. Es una obligación moral, ética y de calidad institucional que se informe a la ciudadanía de cuál es el destino de cada uno de estos dólares y garantizar que sirvan para fortalecer el sistema de salud y mejorar la situación de los sectores más golpeados para enfrentar esta pandemia.
Hacemos nuestras las palabras del Presidente Alberto Fernández “Que nadie piense que, por cuidar la salud de los argentinos, uno está descuidando el futuro de los argentinos. Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la Miseria”.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Comisión Memoria Verdad y Justica Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
