“¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?”, es el título del comunicado de más de cien organizaciones sociales, ambientales y rurales que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población durante la cuarentena. Por contrapartida, organizaciones de la agricultura familiar-campesina se comprometieron a mantener la producción y los precios durante la pandemia. En Misiones, la organización Productores Independiente de Piray (PIP-UTT) donó 5000 kilos de alimentos en barrios populares.
“Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, comienza el texto firmado por la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), la Red Federal de Docentes por la Vida, las ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad, el colectivo de comunicación Huerquen, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, entre otras.
Entre las actividades “esenciales” y exceptuadas durante la cuarentena figura “la producción agropecuaria”, donde no se diferenció entre quiénes producen alimentos sanos, sin venenos, de los que producen transgénicos para exportación.
Desde el agronegocio, donde sobresale la Mesa de Enlace y Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) comenzaron una campaña publicitaria donde se muestran “preocupadas por la salud”: ofrecen máquinas fumigadoras para combatir el dengue, regalan silos-bolsa (plásticos gigantes donde acopian los granos) para fabricar ropa de protección de hospitales y clínicas, productores de Villa María (Córdoba) publicitaron la donación de maíz transgénico en comedores comunitarios. La empresa cordobesa Porta Hermanos, en juicio por contaminar y enfermar al barrio San Antonio, publicita una campaña de donación de “alcohol en gel solidario”. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), donde participan todas las grandes empresas de agrotóxicos y transgénicos, envió una gacetilla el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, con un llamado a lavarse las manos y cuidarse del coronavirus.
“Si realmente queremos privilegiar la salud de la población, hay que prohibir que nos sigan contaminando y enfermando con venenos, es urgente cambiar el modelo agropecuario”, afirmó Eugenia Boccio, una de las impulsoras del escrito. Forma parte del Colectivo Cultura Orgánica de San Jorge (Santa Fe), ciudad que acumula denuncias y luchas contras las fumigaciones. Llamó a tener una mirada amplía frente a la pandemia: “Está muy bien aplaudir a los médicos, pero sin los campesinos que producen alimentos no podemos vivir”.
La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero denunció en lo que va de la cuarentena fumigaciones en los departamentos de Jiménez, Rivadavia, Ibarra, Belgrano, Río Hondo y Pellegrini. Se repitieron casos en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. “Es la trágica cotidianidad de los pueblos fumigados, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de litros de agrotóxicos”, denunciaron las organizaciones y exigieron la aplicación de la Ley 25.675, que establece el “principio precautorio”: cuando hay riesgo de afectar la salud y el ambiente, se deben tomar medidas de protección.
En Argentina existes numerosas pruebas de los efectos de los agrotóxicos. Desde las denuncias de los pueblos afectados (Madres de Ituzaingó de Córdoba, vecinos de Avia Terai en Chaco y de San Salvador en Entre Ríos, entre otros) hasta las pruebas científicas. En la “Antología toxicológica del glifosato”, Eduardo Rossi recopiló más de 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida más famoso.
El escrito de las organizaciones cita el libro “Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina”, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Sistematizaron información de más de treinta relevamientos sanitarios en pueblos y ciudades (en el marco de la materia Práctica Final), y dan cuenta de las enfermedades que se repiten en los pueblos fumigados: abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas, problemas respiratorios y pulmonares.
“Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente; quienes firmamos esta carta les pedimos a nuestros gobernantes, una vez más, que defiendan nuestra salud”, resalta el final del escrito. Afirman que es tiempo de impulsar la agroecología, con alimentos sanos y a precios justos.
Como muestra de ese otro modelo, Productores Independientes de Piray (organización de El Dorado, Misiones, parte de la UTT) donó 5000 kilos de mandioca, poroto, maíz y frutas a familias humildes. En la misma sintonía, cuatro organizaciones de la agricultura familiar lanzaron la campaña “compromiso social de abastecimiento”, para que no falten alimentos durante la pandemia. Consiste en mantener el nivel de producción y a los mismos precios que estaban antes de la cuarentena. Se trata de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Frente Nacional Campesino (FNC).
