“Ahora esta fea la mano (…) están especulando los empresarios porque están pagando poco", advirtió Lucía Ruiz, protesorera de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF) y dirigente campesina de Morillo, ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte, en el departamento Rivadavia.

El año pasado, al igual que otros campesinos del Chaco salteño (región que atraviesa además zonas de los departamentos San Martín y Orán), sufrió una de las sequías más complicadas de los últimos tiempos. En todos los casos los relatos de los pequeños productores indicaban que se morían animales de ganado mayor y menor por falta de agua y forraje.

En un escenario en el que a los agricultores familiares les queda la opción de vender los animales o arriesgarse a que mueran en la sequía por venir, el precio para comercializar los termina perjudicando. Por kilogramo de animal en pie se paga entre $54 y $56, que representan entre $5 o $6 pesos más de lo que se pagó el año pasado. “Está muy por debajo de la inflación”, evaluó la referente campesina al sostener que esta situación permite la “especulación de los feedloteros”, los grandes productores de ganado que llegan a la zona para comprar animales flacos (y con bajo peso) para meterlos en corrales de engorde.

Ruiz detalló que en la zona de Rivadavia Banda Norte hay más de dos mil productores. El trabajo que realizan y el costo de producción no se refleja en el precio que quieren pagarles. “Uno paga las vacunas, que salen mas de $70 cada una. Nada más para la antiaftosa. Pero se suman otros $70 (en vacunas) para la de rabia, y así”, dijo al sostener que son al menos cinco vacunas por cada animal. “Ahora vamos a sacar terneros de seis meses para el feedlot. Muchos nos vamos a tener que deshacer de los terneros”, en caso de que la sequía se anticipe, afirmó.

Si bien luego de los cortes y protestas que se hicieron a fines del año pasado el Estado provincial acercó forraje, el alimento para los animales llegó tarde “y (fue) para un ratito”, dijo Ruiz a Salta/12. Aunque en la zona se instalaron cisternas para la cosecha del agua de lluvia, destacó que eso alcanza para el consumo humano, y de ninguna manera alcanza para abastecer la demanda de los animales. Ruiz explicó que el agua de los pozos es insuficiente y como en muchos casos tienen poca profundidad, es salobre y los animales la rechazan. Y ocurre además que cuando llueve poco en la época húmeda, el caudal de agua de los pozos disminuye. 

A ello se suman otros inconvenientes para extraer el agua, como el caso de esta agricultora, “una mujer que es pequeña productora y me dijo preocupada que no sabe qué va a hacer porque la bomba se le rompió. Y una bomba nueva está por arriba de los 70 mil pesos”, detalló Ruiz.

El remate, una salida truncada

La realidad de la sequía y de los precios injustos no es de ahora. Una alternativa que se planteó desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), en su momento, fue la instrumentación de remates de animales. Los fondos del Banco Mundial gestionados a través del PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) a fines de 2014 llegaron a mediados de 2015 y recién se pudieron instrumentar en 2016.

Este proyecto tuvo como protagonistas en el Chaco salteño a los técnicos María Tolaba y Raúl Marinconz, ambos despedidos por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, junto a otros 25 compañeros que aún esperan la reincorporación.

La iniciativa planteaba en origen una experiencia sostenida por tres años de dos remates anuales en un predio en el cual, en un poco más de un mes, se trasladaba a los animales desde los puestos y se los hacía engordar. Luego de tres años de acompañamiento el objetivo final planteaba la posibilidad de que los pequeños productores continuaran solos en el mejoramiento de condiciones para producir y vender a precio justo.

Con el traslado del ganado mayor desde los puestos hasta el pueblo Coronel Juan Solá o Morillo, el animal pasaba de un precio de $17 a $22 por kilogramo, lo cual implicaba una ganancia de $5 para el productor. Pero con el engorde, la mejora del animal permitió que llegara a venderse a $27 por kilogramo en pie. En el proceso de engorde y remate que se realizó entre octubre y noviembre de 2016, el total de la venta fue de $1.324.647. Se calculó que la ganancia para los pequeños productores involucrados en el proceso fue del 33%.

La experiencia quedó truncada luego de dos remates más. La devaluación hacía casi imposible continuar con la experiencia. Luego vinieron los despidos de los técnicos que estaban en la zona y los campesinos quedaron sin apoyo institucional.

Para Marinconz, el remate podría ser la alternativa de la intervención estatal para permitir la venta a un precio justo en la encrucijada en la que se encuentran los pequeños productores ante una probable sequía. El predio donde se hicieron los remates aún está disponible en Morillo. Marinconz evaluó que la decisión de intervenir tendría que ser inmediata.

Ruiz por su parte, indicó que el director general de Ganadería de la provincia, Ignacio Chavarría, les dijo que hablar de remate es “imposible”, dado que existe una situación excepcional de cuarentena que impide las aglomeraciones, que es lo que generaría una instancia de remate. Sin embargo, Ruiz entendió que solo el Estado podría intervenir para contar con un precio más justo en medio de la coyuntura.

Pese a haber sido despedidos y que, como otros trabajadores de la SAF esperan su reincorporación, Tolaba y Marinconz aún viven en la zona, y son consultados permanentemente por los pobladores y organizaciones a quienes asisten y acompañan como pueden.