Se viene otra puesta de la conflictiva relación entre concejales (que responden en su mayoría al gobernador) y la intendenta de la ciudad de Salta, una difícil relación que nació con el inicio mismo de la gestión y cuyo final, como en las zagas más audaces de la literatura, es abierto y esencialmente de largo aliento; pero tiene todos los condimentos de una trama atractiva: traición, destrato, rencor, recelo, desconfianza. Va de mal en peor y es el escenario de una disputa que comenzó cuando se disolvió la Cooperadora Asistencial.

El capítulo abierto hace unos días consiste en que el Ejecutivo Municipal se dispone a vetar la ordenanza con medidas fiscales extraordinarias que el Concejo Deliberante sancionó el miércoles 15 de abril en sesión virtual; la primera de esa naturaleza e “histórica”, según sus protagonistas.

Los concejales fueron varias veces advertidos acerca de la inconveniencia de aprobar medidas fiscales de ese tipo, porque la gestión municipal corre el riesgo de desfinanciarse y entrar en dificultad para afrontar gastos corrientes.

El enojo, la molestia y el resquemor acumulado por algunos concejales en tan poco tiempo, no solo modificó lealtades iniciales. Ese conjunto de sensaciones y estados de ánimo adquirió ya tanto vigor, que esta vez, en este tema, no hubo posibilidades de atender argumentos para revisar datos y números que desaconsejan esas facilidades fiscales, que de algún modo el Ejecutivo ya las había tenido en cuenta en un decreto del 6 de abril, con medidas casi similares.

Pero tan fino es el recelo, que los ediles autores de la iniciativa dicen haber presentado las ideas de esa ordenanza con bastante antelación y que el decreto municipal refleja muchos de los alivios fiscales propuestos. Es decir, el Ejecutivo copió bastante.

Tan desconfiada se volvió la relación que algunos concejales descreen de las planillas con datos de recaudación y proyección aportados a cuatro ediles, el lunes anterior a la sesión, por varios funcionarios de primer nivel de Hacienda comunal. No creen, porque además el Ejecutivo debe un pedido de informe del 3 de marzo sobre ingresos, egresos y aplicación de fondos.

Lo que no está claro es si esa planilla circuló y llegó a todos los concejales; y si llegó a todos, da igual.

Valió la pena el esfuerzo de acercar información, pero el intento, una de las primeras mediaciones del nuevo responsable de la relación institucional con el Concejo Deliberante, resultó tardío e inocuo a los fines de la sesión; tanto, que el Ejecutivo apeló a un extremo.

El día de la sesión, la propia intendenta Bettina Romero dejó entrever que la medida fiscal de los concejales podría complicar el pago de sueldos y en simultáneo el SIMUSA (Sindicato Municipal de Salta) que conduce Sergio Rodríguez ingresó una nota al Concejo Deliberante en uno de cuyos párrafos dice: “Querer ser generoso con la plata ajena es muy fácil, nos preguntamos porque (sic) no convocaron a todas las partes y seriamente analizaron los problemas de fondo, presentes y futuros antes de hacer demagogia política”.

Todo cayó muy mal entre los concejales de Salta Tiene Futuro, el bloque que hoy agrupa a quienes fueron las principales cabezas o protagonistas de las listas que llevó Bettina Romero en su candidatura a intendenta.

El proyecto de ordenanza estuvo a punto de volver a comisión y la votación para esa instancia, fue controvertida y ajustada en números. Controvertida, por la excesiva demora virtual de al menos dos ediles en su definición y ajustada, por el resultado (11 en contra del pase a comisión y 9 a favor de posponer la discusión).

La sesión de seis horas tuvo un broche brillante: el inusitado proyecto de resolución en el que el Concejo Deliberante le avisa al Ejecutivo que está trabajando, en qué horarios lo hace, dónde y cómo puede mandar notificaciones en papel y electrónicas. La idea, que plasmó un absurdo legislativo nunca visto, surgió porque la intendenta le dijo a una concejala que como no estaban trabajando, no sabía dónde mandar notificaciones.

La política necesita cada tanto de gestos edificantes. El presidente del Concejo Deliberante fue invitado el lunes anterior a compartir la conferencia de prensa de la intendenta por el Programa Unidos. Darío Madile argumentó que el convite fue sobre la hora, que así no funcionan los gestos, y fueron otros concejales.

Madile ya había dicho públicamente, cuando César Álvarez fue designado para las relaciones con el Ejecutivo, que los intermediarios no eran necesarios.

El titular de Concejo entonces jugó su jerarquía y tuvo ese gesto, el que esperaba el gobernador Gustavo Sáenz: el único mediador es el presidente del Concejo, el que puso el gobernador, que aunque sea ajustadamente, hizo aprobar la ordenanza con facilidades fiscales que a la intendenta no le gusta.

En el Concejo Deliberante afloró con fuerza esta vez la competencia entre la intendenta y el gobernador, que arrancó con las vicisitudes de la desaparecida Cooperadora Asistencial y se proyecta en el protagonismo en las redes sociales y también, por lo visto este sábado, por las preferencias locales del Presidente Alberto Fernández.

Como en las zagas, final abierto y largo aliento.