El fallo con el que la Cámara de Casación benefició al genocida Lucio César Nast con la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia de coronavirus no es uno más. Hay quienes, dentro del ámbito de los derechos humanos, lo comparan con el del 2x1 de la Corte Suprema y, por tanto, ven peligro. Uno de ellos es el fiscal federal de Rosario, Adolfo Villate, para quien la resolución de la Alzada es “equiparable” a la que hace algunos años intentaron los supremos ya que “da un subterfugio para lograr una virtual libertad” a personas investigadas y condenadas por cometer delitos de lesa humanidad. Desde las entrañas judiciales advirtieron lo mismo y vaticinan una “conmutación de penas masivas” para los otros expedientes que están llegando a la Casación.

 “Vamos a dar las batallas que haya que dar hasta que todos los genocidas cumplan condena de la en cárcel común”, aseguró Juan Emilio Basso Feresín, integrante de H.I.J.O.S. Rosario, agrupación querellante contra Nast en el juicio en el que fue condenado a 22 años de cárcel, y en el que se le sigue actualmente por otros tantas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.

Para Basso Feresín, fue “vergonzoso” el fallo con el que, por mayoría, la Sala II de la alzada habilitó a Nast, de 66 años y algunas pocas dolencias, la prisión domiciliaria por considerar que corre riesgo su vida en el marco de la pandemia de coronavirus, aunque no se sorprendió. 

“La Justicia federal nos tiene acostumbrados a intentar la impunidad de los genocidas”, sostuvo. La decisión mayoritaria de la Cámara llegó a última hora del viernes en donde, por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques desarrollaron brevemente la decisión que habilitó a Nast a irse a su casa. Admitieron el recurso con el que el defensor del ex policía, penado por participar de secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, y a punto de recibir una nueva condena, Gonzalo Miño, discutió la decisión del Tribunal Oral Federal de Rosario de rechazarle el beneficio del arresto domiciliario. Consideraron ese fallo “carece de un fundamento sustentable”, y le dieron vuelta la decisión en escasas diez páginas. 

Como informó este diario ayer, los casadores consideraron al genocida un detenido de “alto riesgo” de contraer la covid-19 en la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena. Tal como lo sugirió su defensor, tuvieron en cuenta que tiene 66 años, que presenta problemas de salud como gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis y dolor crónico abdominal, entre otras dolencias a las que definieron como “complejas”, así como las “las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia”, en relación a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo puede llegar a tener la pandemia “entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast”.

La decisión de dejarlo ir a su casa “está amparada en la pandemia de coronavirus, pero es altamente arbitraria”, denunció el fiscal federal Adolfo Villate, que en primera instancia se había manifestado en contra del beneficio. Es que el genocida tiene algunas dolencias, pero “la única que puede considerarse como riesgosa en términos del virus (que provoca la pandemia) es el tabaquismo”, plantea Villate. Por otro, “si se le habilita la domiciliaria por riesgo de contagio, ese beneficio debe terminar cuando no exista más riesgo. Bueno, los jueces no limitaron nada”, continuó el representante del Ministerio Público Fiscal. 

Sin embargo, lo que preocupó de la decisión mayoritaria es un planteo que, al pasar y sin mayores argumentos, los jueces depositaron en su voto justo antes del texto resolutivo: “El tiempo de detención que viene observando Nast no exterioriza una expresión de impunidad por los graves hechos que se le imputan”. “Cuando leí eso no podía salir de mi asombro. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo deslizan así sin más? Nunca imaginé que usarían eso como argumento”, señaló Villate, que participó del juicio en el que Nast fue condenado, también lo hace en el que enfrenta actualmente y ahora, con el beneficio concedido, reclamará que no se haga efectivo hasta tanto no le coloquen una pulsera electrónica. 

“Decir que porque está cumpliendo pena hace tiempo no puede decirse que el beneficio de domiciliaria signifique una impunidad acerca de los hechos por los que fue condenado, la verdad, es un argumento nunca visto”, añadió. Hace casi once años que Nast está detenido. Pasaron casi seis desde que recibió su primera condena, confirmada por Casación. 

¿Un nuevo 2x1?

Para él, la decisión de la mayoría de la Sala II es “arbitraria” y “equiparable al 2x1" que la Corte quiso implementar a condenados por delitos de lesa humanidad. “Da un subterfugio para lograr una atenuación de las condenas impuestas y una virtual libertad. Porque convengamos que la domiciliaria es prácticamente una libertad. Es buscarle la vuelta al igual que quiso serlo el 2x1 otorgado a (Luis) Muiña. A Nast le buscaron la vuelta para mandarlo a su casa”, apuntó. “En otro contexto, un fallo como este habría empujado a la gente a la calle" como sucedió con aquel que los Supremos debieron revertir, concluyó. 

Villate vaticinó que el argumento implementado por la Sala II --en disidencia votó el juez Alejandro Slokar-- “va a repetirse” en otros expedientes. Coincidieron con él varias fuentes de los despachos tribunalicios federales. Nast no es el primer genocida preso que obtiene el beneficio de la domiciliaria amparado en las medidas de prevención de la covid-19. Sin embargo, “hay muchos que no lo han recibido y tienen más condiciones que él de hacerlo”, apuntaron desde un despacho federal. 

“(Alfredo) Astiz, sin ir más lejos, padece cáncer y su expediente está al caer en Casación. Si el estándar de actuación es el que utilizaron con Nast, esto se va a convertir en una conmutación de pena masiva”, advierte la fuente. Hace poco más de una década, Yacobucci excarceló al “Ángel Rubio” y Jorge “Tigre” Acosta, decisión que le valió al país una advertencia de la Embajada de Francia y resultó todo un escándalo. 

El repudio y la batalla

Horas después de conocerse el fallo de Casación, H.I.J.O.S. Rosario, agrupación que es querella en el expediente en el que fue condenado y sigue siendo investigado Nast, y otras regionales salieron a repudiarlo. “Juane” Basso, referente de la organización, aseguró que no los sorprendió. “Va en línea con una tendencia que viene teniendo la Justicia Federal, que se profundizó en los años del macrismo, de ir otorgando con más flexibilidad domiciliarias a genocidas. En el marco de la pandemia, y en el caso de Nast sobre todo, se nota mucho el corte ideológico del fallo”, opinó. 

El ex policía que actuó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario durante la dictadura ocupa una celda individual, con ventana por donde ingresa aire y luz natural, en la Unidad 31 de Ezeiza, en un pabellón que se encuentra poblado al 55 por ciento. “Sabemos que hay penales que realmente están complicados, con sobrepoblación. Nast tiene distancia con otros presos, también de lesa. ¿Cuál es su riesgo? Los jueces son flexibles con los genocidas y duros con el resto de los ciudadanos”, denunció. 

No obstante, Basso aseguró que les abogades de H.I.J.O.S. ya están evaluando qué pasos seguir, ya que cuentan con la posibilidad de insistir con un recurso extraordinario que de vuelta la decisión. “Es un tema que está preocupando a todos los organismos de diferentes puntos del país. Vamos a las batallas que haya que dar tanto en el plano del debate público, porque hay que exponer que esta justicia federal sigue teniendo una tendencia pro impunidad, como en el terreno jurídico, donde vamos a pelear lo que haya que pelear. Hasta que todos los genocidas cumplan condena en cárcel común”, subrayó.