En Chubut quedó en evidencia que las autoridades políticas propician las detenciones arbitrarias en el marco de los procedimientos para el cumplimiento de la cuarentena, sobre todo tras la difusión de un audio donde el jefe de Policía, Paulino Gómez, decía que por pedido del ministro de Seguridad, Federico Massoni, había que "meter gente presa". Por esta razón y al acusar recibo de numerosas denuncias, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo y preventivo "para solicitar de manera urgente la intervención judicial a los fines que se ordene al gobierno de la provincia de Chubut adecuarse a las normas nacionales y abstenerse de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos". Una de las normas más cuestionada es el virtual toque de queda que se dispuso a partir del 24 de marzo desde las 19.30 de todos los días, así como la prohibición de circular entre ciudades y de viajar más de dos personas en un vehículo.

Las autoridades chubutenses concurrieron este lunes por la mañana a la audiencia convocada por la jueza Mirta del Valle Moreno y presentaron un nuevo decreto de necesidad y urgencia que, en teoría, derogaría las normas provinciales abusivas cuestionadas que derivaron en "detenciones ilegales a ciudadanos que realizaban actividades habilitadas por el decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas, hostigamientos, y propagación de covid-19 a raíz de las detenciones ilegales", tal como resumió la secretaría que conduce Horacio Pietragalla en el escrito al que accedió PáginaI12. 

Sin embargo, una fuente oficial explicó que esto no es respuesta suficiente al habeas corpus presentado, ni tampoco debería impedir que declaren los testigos, víctimas de estos abusos, presentados por las autoridades nacionales y la Comisión contra la Impunidad. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio fue el propio Massoni quien planteó que su DNU vuelva abstracto el habeas corpus, a lo cual la defensa pública se opuso así como la Comisión, en la voz de Mariela Flores Torres, concejala de Trelew. "El ministro nunca nos recibió", dijo Torres en la audiencia, a lo que Massoni negó haber recibido un pedido de reunión.

Los representantes de la Nación aclararon que no pidieron un DNU de flexibilización de la cuarentena sino el fin de los abusos, e insistieron que el mismo no responde todas las violaciones a los derechos humanos planteadas en el habeas corpus. Cuando llegó el momento de las resoluciones, la jueza no declaró abstracto el habeas corpus hasta tanto entre en vigencia el decreto provincial promulgado hoy. Para la magistrada, el decreto resultó respuesta suficiente para los cuestionamientos que hicieron no sólo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación sino también el defensor oficial Omar López, que había presentado un habeas corpus en el mismo sentido.

Pietragalla y el director nacional de políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski​, con el patrocinio letrado de Eduardo Hualpa, promovieron la acción de habeas corpus preventivo y colectivo "en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N°297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas".

En su pedido a la Justicia, los funcionarios nacionales indicaron que recibieron "denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el decreto nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente". A su criterio, estas conductas "resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad".

Antes de la resolución de la jueza se expresaron las partes. "Acá se trata de cambiar las prácticas sistemáticas policiales en todas las ciudades, si cambian solo la normativa no sirve, detener a personas luego de las 20 horas a media cuadra de su casa, o porque iban con un chiquito de dos años, entonces eran dos, como pasó este fin de semana, sin un compromiso expreso, así no rigen las garantías constitucionales", señaló el defensor López. "Aceptamos algunos de sus planteos, pero pedimos comprensión, es una situación extraordinaria, con 10 mil efectivos en la calle a toda hora, el personal policial quiere ayudar pero está cansado y la gente está de mal humor", adujo como respuesta José María Grazzini, ministro de Gobierno de Chubut. 

"Vamos a tratar de capacitarlo lo más rápido posible para cambiar la forma, lo que rechazamos es que sea estigmatizado, como en todo hay buenos y malos pero no debemos desmerecer el esfuerzo que hizo sin conocer cómo iba a circular el virus. En todo el país la fuerza sirvió para contener esto y en todos lados hubo denuncias de malos procedimientos, pero no vemos que haya pasado algo como lo de hoy, igualmente vamos a trabajar en el sentido que plantea la defensoría", agregó el funcionario.

Finalmente, la jueza Del Valle Moreno consideró que si hubo "apremios o vejaciones" es materia de la denuncia penal que realice la investigación pertinente en cada caso. Para el cumplimiento del control de la cuarentena, Chubut deberá aplicar el protocolo de uso racional de la fuerza. "Celebro que hayan dado marcha atrás, haciendo un mea culpa, es la respuesta esperada: un cambio en cómo ejercer el control, hay personas remisas a los límites pero eso no puede justificar que sean forzadas", apuntó la jueza y leyó lo que a partir de ahora puede y no puede hacer la policía provincial:

  • Uso racional de la fuerza, legalidad, necesidad, proporcionalidad y precisión.
  • Abordaje personal, no uso de motocicletas contra grupos de personas en la vía pública.
  • No proceder a detenciones compulsivas, recabar los motivos por los cuales una persona se encuentra fuera del domicilio, informar de inmediato a la autoridad judicial; no podrán realizar traslados a comisarías sin intervención del Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal.
  • En caso de que una persona se encuentre tomando un registro fílmico, el mismo no podrá ser impedido.