La pandemia de la covid-19 y el aislamiento dispuesto en Argentina hicieron resurgir los debates públicos sobre derechos digitales ¿Cuáles se ven afectados por acción de las empresas y el Gobierno, y qué precedentes sientan para el escenario post-crisis? Los ejes de discusión giran principalmente en torno a libertad de expresión, acceso y privacidad.Con respecto a la libertad de expresión, el director general de la OMS advirtió sobre los riesgos de la “infodemia”, y los Relatores de Libertad de Expresión de ONU, América y Europa instaron a gobiernos y plataformas a proporcionar información veraz sobre la pandemia.

En esta línea, la agencia Telam puso en marcha la plataforma de chequeo de información Confiar “para enfrentar la información falsa sobre coronavirus”. A su vez, las plataformas de redes sociales removieron contenidos sobre el tema por supuestas violaciones a sus políticas. Los Relatores advirtieron que la censura automática puede limitar “el acceso a información importante para la salud pública”.Por otra parte, la Ministra de Seguridad de la Nación anunció que hacen “ciberpatrullaje” en redes sociales. Numerosos expertos advirtieron que esto atenta contra la libertad de expresión, promueve la autocensura y reduce la participación ciudadana.

Sobre el acceso, por el aislamiento social se incrementó el uso de la red y sonaron las alarmas de un potencial “colapso”. Sin embargo, desde la comunidad técnica aseguraron que no había nada que temer. De todos modos, el Gobierno buscó mitigar los efectos del incremento del tráfico: hizo campañas sobre uso responsable de redes; acordó con Netflix y Youtube bajar la calidad de sus videos; declaró “servicio esencial” a las telecomunicaciones y TIC; y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), junto a Arsat y los empresas privadas acordaron darse soporte cruzado en sus redes mayoristas. A nivel minorista, las MyPyme reconocieron sus dificultades para servir a los hogares y solicitaron asistencia al Gobierno. Esto puso de manifiesto las profundas desigualdades del país en la infraestructura de acceso, escenario que destaca el potencial de las redes comunitarias de internet para extender la conectividad en zonas escasa o nulamente atendidas.

En tanto, a pedido de las organizaciones estudiantiles, el Ministerio de Educación, el ENACOM y las universidades nacionales están acordando con las empresas de telefonía liberar el uso de datos móviles para acceder a las plataformas educativas.

Sobre la privacidad, se discute la utilización de geolocalización para monitorear la transmisión de la enfermedad. Si bien la aplicación desarrollada por Nación no recibió críticas específicas, los Relatores solicitaron a los gobiernos limitar el uso de tecnologías de vigilancia para rastrear la propagación del virus y organizaciones sociales advirtieron la potencial irreversibilidad de estas prácticas. Además, la apropiación y venta de datos personales con fines comerciales se puso en debate al conocerse el acuerdo entre Zoom y Facebook. Ante esto, la plataforma de software libre Jitsi y Arsat se asociaron para ofrecer una opción libre, gratuita, segura y respaldada con suficiente capacidad de infraestructura.

En situación de crisis se toman medidas excepcionales que pueden sentar precedentes adversos como las prácticas de vigilancia y censura estatal y privada. Sin embargo, constituyen también una oportunidad para construir alternativas progresistas, viables y sostenibles en el tiempo como el zero rating para garantizar acceso a plataformas de educación virtual, las redes comunitarias de internet o el software libre. La crisis es también terreno fértil para plantear debates sobre los derechos digitales con un alcance social más amplio. Del activismo social y las decisiones estatales depende que esta situación adversa constituya una oportunidad para garantizar derechos.

* Investigadora de CONICET. Profesora de UNC.

** Directora de la Maestría en Industrias Culturales de UNQ. Docente de UBA.