Institucionalizar la respuesta a las pandemias del hambre y la pobreza supondría la revolución más grande de la historia. Desgraciadamente no creo que se produzca, pero no porque no se pueda lograr, sino porque ni siquiera existe intención de intentarlo. Es aquí donde quiero incidir. En España, país en el que crecen las peticiones de ayuda para comer en las grandes ciudades, las llamadas de auxilio, solo en los diez últimos días de marzo, se incrementaron en un 50%. Un artículo de Eduardo Bayona publicado en el diario Público refería que más de 16.000 familias han pedido en los últimos días algún tipo de ayuda pública para poder comer en las grandes ciudades; a esta cifra habría que sumar la de otras casi 8.000 familias que solicitaron se les transfiriera el monto de las becas de comedor de sus hijos para poder alimentarlos. Probablemente, los números se quedan cortos y habrá que añadir a tantas otras personas que están fuera del circuito habitual y no saben o no tienen manera de acceder a ese auxilio.

Pero nadie habla del parón de la economía sumergida (que representa entre el 20% y el 25% del PIB) que ha llevado a la desesperación a un sector importante de la población. Los trabajos precarios han desaparecido dejando sin perspectiva de ingresos a millares de ciudadanas y ciudadanos que ya de por sí hacían equilibrios en los bordes de un sistema injusto. Caritas cifra en 8,5 millones de personas (un 18,4% de los españoles) el total de las que se encuentran en situación de pobreza y exclusión. Para todas ellas, la pandemia agudiza la angustia y la desesperanza. Ayuntamientos de la mano de las asociaciones, las ONG, Cruz Roja o los servicios de la iglesia, intentan atenderles, pero no es sencillo. Al menos, contamos con la confirmación de que el Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital, lo que va a traer una oleada de alivio básico a millares de hogares, un millón según cálculos del Gobierno español. Veamos si ello se consolida, o de nuevo se convierte en una ilusión desvanecida.

No me olvido, en este contexto, de quienes se encuentran en situación irregular en España procedentes de otros países, más de 600.000 almas siguiendo cálculos de un centenar de entidades, que han pedido al Gobierno que se realice una regularización administrativa extraordinaria para remediar en lo posible un estado de vida precario. Han visto su situación muy agravada por la epidemia del coronavirus y la realidad de no poder obtener ingresos provenientes de sus frágiles condiciones laborales, ahora desaparecidas, más la amenaza de una detección policial debida al estado de alarma y el miedo a la expulsión que pende sobre ellos cual espada de Damocles.

Esto afianza mi idea inicial de que la respuesta seria y definitiva de confrontar estas lacras desde el Estado, como una tarea prioritaria y urgente, es la verdadera revolución que ha de iniciarse. La “guerra” que se libra, según expresión tan desafortunada como arraigada en el lenguaje belicista al uso, no solo es contra el covid-19 sino, principalmente, contra sus consecuencias económicas y sociales y contra las pandemias previas como la pobreza y el hambre, que se ven incrementadas por aquel, pero que siguen tan difusas como olvidadas por todos. Nuestro país debería abanderar esta iniciativa tan magna como difícil y promover las condiciones necesarias en las instituciones europeas (el Parlamento parece que inicia algún movimiento en ese sentido) para que, al menos entre sus miembros, golpeados por los efectos del coronavirus, se aborde una acción conjunta contra aquellas calamidades dentro y fuera de sus fronteras, en las naciones más desfavorecidas. Sería un gravísimo error de proporciones universales dejar pasar este momento crucial para la humanidad y no ofrecer respuestas reales, factibles y de exigencia obligatoria, para acabar con aquellas o reducir sus efectos.

Soy consciente de que están en marcha acciones como la que protagoniza el G20 de permitir una moratoria de pagos de la deuda bilateral a los países pobres, con el fin de evitar que la crisis derivada de la pandemia se transforme en una crisis de deuda en esos mercados. Pero esto, que equivaldría a un paso en un camino necesario, no sería en modo alguno suficiente.

Ayuda imprescindible

África es un auténtico polvorín ante la crisis. Se constata, ahora con mayor claridad, la opción china de ocupación del continente. Mientras tanto, la oficina africana de la FAO ha hecho públicas unas previsiones que anuncian lo peor: la crisis económica que traerán las medidas aplicadas en contener la enfermedad llevará a que solo en el oeste de África, entre junio y agosto de 2020, más de 17 millones de personas necesiten alimentos. Esto supone con respecto al año pasado un incremento de seis millones de seres humanos pasando hambre en la misma zona. En el resto de África, si no se hace algo por evitarlo, las cifras doblarán el número de hambrientos que existen hoy y que suman un total de 64 millones de personas que precisan ayuda urgente .

En Latinoamérica, otra región de diferencias inmensas, se prevé que México encabezará el mayor retroceso económico este año, seguido por Argentina (que ya ha pedido aplazamiento y reducción drástica de la deuda externa, so pena de suspender pagos), Chile, Perú y Colombia. Venezuela verá cómo se desploma su PIB, de nuevo . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resume en su resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas”, que se trata de la región más desigual del planeta en que pobreza y pobreza extrema se extienden de forma transversal a todos los Estados, sumando la precariedad en temas tan vitales como el acceso al agua o al saneamiento, la inseguridad alimentaria, la contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. Añádase a esta situación global la informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región para concluir por qué preocupa tanto la pandemia. Sin olvidar la violencia generalizada y en particular la de género, así como el asesinato y persecución de líderes indígenas y dirigentes sociales y campesinos.

Sé que en estos días de confinamiento los datos caen como mazazos sobre nosotros. Son tantos que pueden llevarnos a la insensibilización ante fenómenos frente a los cuales, como sociedad civil, pareciera que nada podemos hacer. Quizás por esa incertidumbre y por estar abrumados por la realidad y con un futuro que el virus presenta como siniestro, un grupo de ex presidentes latinoamericanos como Ricardo Lagos (Chile) Juan Manuel Santos (Colombia), Henrique Cardoso (Brasil) y Ernesto Zedillo (México) y varios ex ministros de Economía, académicos y gobernadores de Bancos Centrales de la región, se han dirigido al Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es que este organismo no dé de nuevo la espalda a estas naciones o simplemente ofrezca las recetas consabidas de contención austericida, sino que se implique en profundidad con los países latinos, tanto a corto plazo en lo que se refiere “a necesidades fiscales y cambiarias de los países”, como a medio plazo “para seguir apoyando las economías en el futuro”.

Dicen los firmantes que el mundo, América Latina y El Caribe, no se pueden permitir respuestas tardías. Abogan por la confianza mutua, la transparencia y la razón frente a la amenaza del populismo. Y tienen razón: la espera puede llevar al desastre en una sociedad maltrecha per se y ahora agredida por esta amenaza invisible y contundente. Pero esas mismas admoniciones pueden ser tildadas a su vez de populistas si solo se quedan ahí, en un comunicado o en un manifiesto. Se trata de personas cuya relevancia no les permite ser indiferentes o simplemente advertir de los riesgos, sino que deberán defender, en primera línea, las atinadas propuestas que realizan. En todo caso, pienso que sería poco realista considerar que la crisis se limita a lo económico o financiero como se hizo con la de 2008; porque esta crisis es diferente a todas, tanto por su aparición como por su desarrollo. Y lo es porque ha atacado a la salud de la población, siendo, además, esencialmente, política, ya que son decisiones políticas las que nos dejaron sin los medios adecuados para hacerle frente y serán decisiones de similar naturaleza las que nos saquen o nos hundan, definitivamente, en ella.

Despertar las conciencias

Planteando el problema en el terreno de las víctimas, hace escasos días el experto independiente de la ONU Juan Pablo Bohoslavsky vino a concluir que los Estados tienen que salvar vidas y economías para que luego haya empleos para las personas y se puedan proveer bienes y servicios básicos durante la crisis. Pero esto, afirma, “debe hacerse de manera inteligente y responsable considerando especialmente los impactos sobre la salud”.

De eso se trata, sin duda. Entre medias somos testigos asombrados de actitudes como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien lo único que se le ocurre, ante la enormidad de los datos sobre contagios y fallecidos en su país, es anunciar que piensa retirar la notable aportación norteamericana a la OMS. Afortunadamente, tal desmán ha sido contestado por la fundación de Bill y Melinda Gates anunciando la aportación de casi la mitad de la cantidad que aquel retirará. Conviene aquí recordar que la OMS es un organismo de Naciones Unidas meramente consultivo y no ejecutivo. Pero, como escribía Ramón Lobo en estas mismas páginas: “La OMS es un chivo expiatorio perfecto para Donald Trump, que también probó la vía de llamar al covid-19 ‘el virus chino`. La suspensión de los pagos es una insensatez más en una presidencia errática…”. Yo añadiría a esta acertada observación una frase de Noam Chomsky en una entrevista que les recomiendo y cuyo enlace en YouTube incluyo: “Si dejamos nuestro destino en manos de bufones sociópatas, estamos acabados”.

Lo cierto es que bufones los hay en todos los países y que esta situación está siendo aprovechada por la extrema derecha para demandar más mano dura, más control y más represión, sea ésta física o tecnológica. La profesora de filosofía María José Fariñas advierte que, al hilo de los acontecimientos, “se va instalando en el imaginario social un discurso de exaltación de la seguridad y el orden, que deriva en una lógica de enfrentamiento casi militar o de guerra. Esta es una postura que conduce al inmovilismo y a la renuncia a buscar opciones utópicas de cambio social o alternativas a las situaciones reales de injusticia o de catástrofe”.

Abundando en este análisis, véanse los casos de Polonia, Hungría, Turquía, entre otros, en los que ya se perciben esas tendencias autoritarias y en los que, sin apenas disfraz, se aboga por el hecho de que se “garantice” un mundo “ordenado” aunque se pierda algo de libertad a cambio de “seguridad”. Vuelvo a Chomsky cuando afirma que la defensa debe ser alimentar cuanto sea posible los lazos sociales que se han creado, ayudando a quien se pueda, desarrollando organizaciones, expandiendo análisis, hacer planes de futuro y acercar a la gente en esta era de Internet. Tiene razón porque el virus ataca el cuerpo, pero también adormece las conciencias, siempre más frágiles, ante la inmensidad del reto de proclamar la confrontación total y prioritaria frente al hambre y la pobreza extrema, que están mucho más próximas a nosotros de lo que imaginamos.