Las medidas del gobierno para proteger el empleo en la pandemia vienen frenando el aumento de los despidos. A pesar de la complicadísima situación que genera la cuarentena, no hay un tendal de casos, asegura el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El paquete de políticas de protección al trabajo arrancó con el decreto de Necesidad y Urgencia que, desde el 1 de abril, prohibió los despidos por 60 días, y se ha ido complementado con transferencias que muestran una voluntad política de atravesar este período sosteniendo al empleo y las empresas: el gobierno anunció el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las compañías que demuestren una sensible caída de las ventas, aprobó créditos para el pago de sueldos por $150 mil millones (unos cinco millones de trabajadores) y habilitó créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos. Adicionalmente, pagará cerca de 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (para los trabajadores informales y autónomos) y unos 130.000 seguros de desempleo. “Si a esto se suma el empleo público, se ve una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa”, señaló el titular del CEPA, Hernán Letcher.

Contenidos los despidos, el efecto más generalizado del primer mes de confinamiento es hoy la reducción de los salarios. Hasta marzo, en el país había unos diez mil trabajadores con problemas en sus sueldos, que en su mayor parte consistían en atrasos en los pagos. Pero al 15 de abril, es decir apenas dos semanas después, el número de empleados que sufrieron reducciones en sus salarios se multiplicó por 29: ya supera los 287 mil casos. La situación económica de los empleados formales perjudica la de la economía popular porque si se gana menos, sencillamente se gasta menos.

“Conseguir que con la pandemia no haya cambios irreversibles en el mercado de trabajo es un objetivo zarpado. La Argentina tiene como particularidad, además, un alto nivel de trabajo informal. Creo que hay que poner en claro cuánto está interviniendo el estado nacional para sostener al mundo de trabajo, esto es algo que tenemos que decir, hacer visible. Porque si bien frente a la pandemia todo el mundo entendió que se deben implementar políticas de protección del empleo, en Argentina están teniendo un despliegue particularmente fuerte”, señaló Letcher. “El estado está actuando como socio en la ayuda a las empresas. Esto algo que no debería pasar desapercibido”.


El análisis se basa en del empleo registrado, que es sólo una parte --“la punta del iceberg”-- de una realidad laboral muy heterogénea. Muchos casos, como los de empresas unipersonales o familiares no registradas quedan por fuera del campo de lo visible. Lo mismo pasa con los conflictos que no tienen una respuesta sindical o cobertura periodística. Incluso el mundo del trabajo registrado es en la Argentina muy heterogéneo internamente y esto hace que las políticas del Estado tengan que ser muy diversas. Por ejemplo, en el caso de los monotributistas, una parte ha sido incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (categorías A y B) y a otros los alcanza la posibilidad de créditos a tasa cero. En este marco, el relevamiento encontró que:

  • Desde que se inició la cuarentena se registraron 5.386 despidos y 7.223 suspensiones. El 60 por ciento de los despidos fueron realizados por cuatro empresas. El primer caso fue el del grupo Techint, que dejó a 1450 trabajadores en la calle. Luego Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, hizo lo mismo con 700 de sus trabajadores. En el rubro periodístico, la firma Publi Express, que edita entre otras la revista Pronto, despidió a más de 80 trabajadores tres días después de firmado el DNU de prohibición de los despidos.

  • La reducción salarial es el principal cambio, lo característico de este período de pandemia. Hubo 231.483 trabajadores que pasaron a cobrar menos en bajas acordadas entre las patronales y los gremios, por otra parte, hubo 50.034 casos de bajas de sueldos sin acuerdo. Se agregan 8.480 casos de suspensiones con rebaja salarial y 3.070 casos de atrasos en los pagos. En total, 297.063 trabajadores tuvieron rebajas en sus sueldos.

  • Se ve un rol más activo de los gremios, que han intervenido para impedir los despidos, en los casos de empresas que desconocieron el decreto de necesidad y urgencia que los prohíbe.

Si se suma todos los afectados, ya sea por rebajas en los sueldos, despidos y suspensiones, el número de trabajadores con problemas derivados de la cuarentena supera los 300 mil. Prácticamente todos del sector privado, ya que el estado ha mantenido tanto el vínculo laboral como los ingresos habituales.