Mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo, el Gobierno nacional reglamentó el decreto de Alberto Fernández para que los trabajadores de la salud abocados a controlar la pandemia de coronavirus cobren un bono no remunerativo de 5000 pesos durante los próximos cuatro meses. La norma establece que los establecimientos de salud públicos y privados de todo el país deberán entregar declaraciones juradas con las nóminas completas de trabajadores, incluidos los precarizados como becarios, pasantes o residentes, y faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a verificar los datos. La asignación estímulo se pagará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de covid-19 como pandemia, el gobierno ordenó a los efectores de salud suspender las licencias del personal afectado a la emergencia sanitaria. Una semana después, mediante otro decreto, Fernández lo declaró “personal esencial”, es decir obligado a prestar asistencia. A fines de marzo, considerando “su exposición al riesgo de contagio es mayor”, el Presidente dictó el decreto para pagarles un bono mensual de 5000 pesos, a cargo del Estado, por los servicios que presten en los meses de abril, mayo, junio y julio.
La asignación estímulo, adicional a los ingresos habituales de los trabajadores, alcanza a profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes de instituciones de salud públicas, privadas y de la seguridad social. La resolución conjunta precisa que incluye establecimientos de salud con internación, sistemas de emergencia extra hospitalaria, laboratorios de análisis clínicos y residencias de la tercera edad. Comprende tanto a trabajadores bajo relación de dependencia como a quienes están expuestos a modalidades contractuales precarias, ya sean locaciones de servicios, pasantías, becas, residencias o prácticas profesionales, con la única condición de que por sus tareas se encuentren expuestos o abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia.
La resolución para instrumentar el pago, que firman los ministros de Salud y de Trabajo, Ginés González García y Claudio Moroni, recuerda que el Estado cuenta con al menos dos instrumentos con los que intentó ordenar durante los mandatos presidenciales de Cristina Kirchner las diversas denominaciones y categorizaciones de trabajadores y establecimientos sanitarios de todo el país: el Registro Federal de Establecimientos (REFES), de 2009, y la Red de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), de 2015.
Con esas plataformas como base para verificar los datos, el Ejecutivo dispuso ahora que todas las instituciones sanitarias contempladas en el decreto deberán actualizar su plantel de trabajadores en el REFES mediante declaraciones juradas a cargo de sus representantes legales, donde deberán determinar los beneficiarios que cumplan con las condiciones para cobrar el bono y el monto que les corresponde en caso de que cumplan jornadas parciales. Luego la AFIP podrá hacer “las verificaciones pertinentes” sobre la información presentada. En caso de falsedad o incongruencias, los apoderados serán pasibles de acciones penales, civiles y administrativas.
