El senador Joaquín Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, confirmó que convocó para el 29 de abril a los once integrantes restantes, para tratar la acusación contra el fiscal rosarino Adrián Spelta, investigado por la prisión domiciliaria de "Ema Pimpi" Sandoval en una lujosa residencia donde fue acribillado a balazos.  La misma comisión tratará la imputación contra el fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto sobre quien un fiscal federal reveló ayer un hecho grave: Javier Arzubi Calvo afirmó que en el marco de una investigación por venta de drogas se pudo ver en varias oportunidades a un vehículo adjudicado al MPA y del que bajó un hombre muy parecido físicamente al fiscal Blanco ingresar a la vivienda habitada por un dealer que estaba bajo investigación. 

El senador Gramajo prefirió no adelantar opinión, pero calificó las conductas de ambos fiscales como "muy graves". En tanto también se espera el dictamen del Procurador Jorge Barraguirre sobre el accionar de dos jueces: para la Corte cabe recordar fue “ilegal e irracional” haber dado esa prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval. Así se califica lo actuado por el fiscal Adrián Spelta y luego por los jueces Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrechu.

 El 25 de octubre de 2019 un grupo entró por la fuerza a una casa de barrio La Florida,  y ejecutó a Ema Pimpi Sandoval, quien en la práctica estaba cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar a pesar de que debía estar en la cárcel.

 Sandoval no era cualquier preso :fue juzgador haber disparado contra el domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en 2013.También dieron muerte a una chica de 22 años y un muchacho. Un cuarto joven que esa noche estaba en el lugar sobrevivió a las heridas. El caso hasta ahora no tiene detenidos, aunque si autores identificados, que los propios pesquisas reconocen -off de record- que ya están presos pero por otros delitos. "Son gente perjudicada por el Ema Pimpi, quien mató a varios miembros de una familia" reconocen frente a este cronista.

 

La novedad de la última semana  es que la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal María Cecilia Vranicich resolvió no seguir adelante con la instrucción y giró la causa a la Legislatura. "La evidencia reunida excede los límites de sanción” que puede solicitar ese organismo interno, por lo tanto será la comisión bicameral de Acuerdos la que resuelva. La Auditoría cree que hay suficiente evidencia para que Spelta reciba una sanción disciplinaria de entre 60 y 180 días de suspensión o sea destituido del Ministerio Público Fiscal.De todas formas,  Vranicich ya denunció los hechos ante la justicia penal.

Gramajo explicó ayer que las acusaciones pueden ingresar por cualquiera de las Cámaras legislativas y que con el solo ingreso, su presidente la remite a la Comisión de Acuerdos, que tiene 10 días para convocar a una reunión que evalúe los pasos a seguir. No han corrido, por la cuarentena. de todos modos el senador ya convocó a sus pares de comisión y también a la auditora del MPA “para que ella nos de información pormenorizada de la prueba remitida”. Ante una consulta, explicó que para sesionar la Comisión “tiene que tener quórum reglamentario” al iniciarse las deliberaciones y luego puede seguir sin ese número.

Para avanzar, Acuerdos debe designar un acusador: diputado o senador. Y entonces sí se notifica al “funcionario requerido”. “Se le hace saber de la prueba, se le ofrece que designe defensor y que constituya domicilio legal en la capital de la provincia. Se lo notifica donde ejerce su función, con copia de lo actuado”, indicó Gramajo.

 “La comisión tiene entonces 40 días para producir la prueba desde la comisión. El acusador puede ofrecer su prueba, y tanto él como la defensa pueden solicitar testigos, dentro o fuera de la administración pública”. Después, se cita a una audiencia, para disponer la clausura de la prueba y notificarlo.

Gramajo dijo que es partidario –ante las limitaciones a la prensa por la pandemia- de que se transmitan en vivo las reuniones de Acuerdos, aunque admitió que esa cuestión debe ser definida por sus integrantes. “Siempre existe una versión taquigráfica pero en este caso me parece mejor que se pueda seguir”, anticipó.

En tanto, el camarista Oscar Puccineli es investigado porque es el dueño de la casa, alquilada por inmobiliaria a un tercero, pero insolvente, en La Florida de Rosario, donde resida Sandoval cuando lo asesinaron el 25 de octubre de 2019.  

 La Comisión de Acuerdos de la Legislatura está formada por 12 integrantes. Los senadores Joaquín Gramajo, Alcides Calvo y Rubén Pirola  del PJ, y Lisandro Enrico de la UCR. Y los diputados frentistas Pablo Farías (PS), Lionella Catallini (OS), Maximiliano Pullaro (UCR), Fabián Bastia (UCR) y Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (Cambiemos), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Leandro Busatto (PJ).