Unos 150 presos del penal de Melchor Romero, cerca de La Plata, tomaron las instalaciones, se subieron a los techos y reclamaron excarcelaciones y prisiones domiciliarias, además de condiciones mínimas de cuidado de la salud. La gran mayoría de los internos ya tenían salidas transitorias, es decir que llevan cumplida gran parte de la condena y cuentan con distintos niveles de salidas: algunos durante un día del fin de semana, otros dos y hasta tres días, en camino a obtener la libertad condicional. Pero la cuarentena paralizó el proceso. Los servicios penitenciarios decidieron que no hay más salidas, para evitar que el coronavirus entre en las cárceles, una resolución contraria, por ejemplo, a la que se tomó en Estados Unidos, donde los que presos con salidas fueron enviados a sus casas con detención domiciliaria. Fue una manera de descomprimir las cárceles. Al final de la jornada, se armó una especie de comité de negociación y los internos presentarán un petitorio.

El juez Víctor Violini, en acuerdo con otros magistrados de la Cámara de Casación bonaerense, resolvió la semana pasada fijar condiciones para acelerar las prisiones domiciliarias y excarcelaciones. La idea básica fue beneficiar a los mayores de 65 años, enfermos, mujeres con niños pequeños, embarazadas y presos con gran parte de su condena cumplida. La condición era no haber cometido delitos violentos. El fallo permitió ya 2100 detenciones domiciliarias o excarcelaciones: es el 4 por ciento del total de presos bonaerenses, un porcentaje muy lejos del 10 por ciento que logró la libertad en un país punitivista como Estados Unidos. Más allá de esas excarcelaciones, en muchísimos casos el proceso se hizo lento. El propio Violini fue mediador en varios penales en los que hubo problemas: Florencio Varela, Ituzaingó y San Martín. En este último penal seguía en la noche del lunes la huelga de hambre.

Uno de los factores que disparó las protestas fue la situación de Joaquin Arakaki, condenado a perpetua por el asesinato de su hija en el marco de una siniestra venganza contra su ex pareja. Arakaki salía tres veces por semana a realizar sesiones de diálisis y, según parece, allí se contrajo la infección. De inmediato, tuvieron que ser enviados a aislamiento cinco internos y diez penitenciarios. Como sucede en el mundo carcelario, los rumores se expandieron como un reguero de pólvora: trascendió que Arakaki había fallecido y que un penitenciario dio positivo. Hasta esta noche de lunes, no existen penitenciarios vinculados a Arakaki que hayan dado positivo. Según el SPB, hay un suboficial de Melchor Romero internado y una suboficial de Olmos en el Hospital Italiano de La Plata.

La realidad es que los internos de Melchor Romero se encontraron con las salidas cortadas, sin visitas, sin recibir ni comida ni medicina que les llevaban los familiares y viviendo en el hacinamiento en el que está todo el sistema bonaerense. La protesta tuvo que ver con eso. Al final de la tarde, volvió la tranquilidad después de una negociación en la que participaron la defensoría general de La Plata, la Comisión Provincial de la Memoria, la plana mayor del SPB y el juez José Villafañe. No hubo heridos y se quedó en que los internos preparan un petitorio centrado seguramente en excarcelaciones y prisiones domiciliarias.

Aunque nadie lo va a decir oficialmente, este tipo de incidentes es difícil que se concreten sin algún guiño de los penitenciarios. Sucede que todos entienden que la situación es ilógica: en lugar de adoptar la solución más racional, que era enviar a sus casas a presos que ya salían, el sistema los recluyó a todos, poniendo en peligro la salud de los presos y de los penitenciarios, además de constituir una violación a los derechos humanos. En el penal no hay casi alcohol en gel, mucho menos barbijos ni aislamiento ni higiene.

En Estados Unidos y el Reino Unido las excarcelaciones han sido masivas y se registraron una enorme cantidad de contagios. De movida nomás, el procurador norteamericano impulsó la excarcelación de todos los mayores de 60 del sistema federal, unos 10 mil presos, mientras que en el Reino Unido lograron el mismo beneficio 9 mil de los 85 mil presos federales. La mayoría de los países del mundo están respondiendo a una recomendación de la ONU en el mismo sentido: descomprimir de forma urgente las cárceles porque son un gravísimo foco de la epidemia.