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La pandemia del coronavirus genera un fuerte impacto negativo en el entramado económico-social a escala global.
La economía china retrocede por primera vez desde 1976. La Cepal estima una caída del 5,3 por ciento del PIB latinoamericano. Un retroceso de ese tipo empeoraría los registros previos más desfavorables: 1930 (-5,0 por ciento) y 1914 (-4,9 por ciento). En ese contexto, la mayoría de los gobiernos implementa inéditos paquetes de estímulos fiscales y monetarios para moderar el derrumbe y se multiplican las voces que reclaman impuestos a las grandes fortunas.
En el artículo "A progressive European wealth tax to fund the European COVID response", Gabriel Zucman, Emmanuel Sáez y Camille Landais proponen un gravamen extraordinario que recaiga sobre el uno por ciento más rico con una alícuota creciente: uno por ciento para las personas con más de 2000 millones de euros de patrimonio, dos por ciento para más de 8000 millones y tres por ciento para los que superen esa cifra.
Zucman, Sáez y Landais calculan que el “impuesto Covid” podría recaudar el 1,05 por ciento del PIB de la Unión Europea cada año.
El Partido Demócrata italiano sugiere incrementar la alícuota del impuesto a la renta de las personas físicas en un cuatro por ciento para los que ganan más de 80 mil euros anuales y ocho por ciento para las rentas superiores al millón de euros. A su vez, el partido español de Iñigo Errejón presentó sendos proyectos para elevar el impuesto a la renta (sube al 60 por ciento la alícuota para ingresos superiores a los 600 mil euros anuales) y al patrimonio.
En Argentina, el oficialista Frente de Todos impulsa un impuesto a las grandes fortunas. La recaudación potencial sería de 3000 millones de dólares aportados por alrededor de 12 mil contribuyentes. Esa iniciativa dota de mayor progresividad (de manera transitoria, porque es por única vez) al sistema tributario.
Desde el lado del ingreso, la estructura impositiva es progresiva cuando la carga tributaria recae en mayor proporción sobre los sectores pudientes. El gasto público es progresivo cuando la mayoría de las erogaciones presupuestarias benefician a los estratos socioeconómicos más postergados.
“Del resultado conjunto de ambos, tributos y gastos, se obtendrá el impacto sobre cada uno de los deciles de familias. Ello implica que si se logra un efecto muy progresivo a través de la acción del gasto, pero simultáneamente se produce un efecto muy regresivo por la acción de los impuestos sobre el mismo grupo de familias, se estará atenuando (o, llegado el caso, anulando) la acción redistributiva del presupuesto público”, explican Jorge Gaggero y Darío Rossignolo en “Impacto del presupuesto sobre la equidad” (CefidAR).
La estructura tributaria revela las relaciones de poder al interior de una sociedad. Lo que la comunidad interprete como justo o injusto en un momento determinado incide en el diseño impositivo y presupuestario.
Aludiendo al proyecto oficial para gravar las grandes fortunas, los integrantes del interbloque federal de la Cámara de Senadores (Juan Carlos Romero -Salta-, Clara Vega -La Rioja-, Lucila Crexell –Neuquén- y Carlos Reutemann -Santa Fe-) adelantaron su rechazo. A través de un comunicado, los legisladores adujeron que ese tipo de iniciativas “agrandan la grieta”. Sin embargo, los sondeos de opinión desmienten esa idea.
Un relevamiento de la consultora Analogías indica que el 81,8 por ciento de los consultados se mostró de acuerdo (16,1por ciento) o muy de acuerdo (65,7 por ciento). Por el contrario, apenas el 16,8 por ciento se manifestó en desacuerdo (7,8 por ciento) o muy en desacuerdo (6,0 por ciento). La encuesta de Zubán, Córdoba y Asociados releva una aprobación algo menor (68,3 por ciento) pero aún así mayoritaria.
Lo que está claro es que ya no hay temas intocables en un mundo convulsionado. El ejemplo más claro fue un reciente editorial del Financial Times. El medio conservador británico sostuvo que “las reformas radicales, que revierten la dirección política prevaleciente de las últimas cuatro décadas, tendrán que ponerse sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pérdidas, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza”.
@diegorubinzal
