El gobierno definió que para acceder a los beneficios del pago de salarios por parte del Estado, las empresas de más de 800 empleados deberán tener como requisito no realizar operaciones con otras firmas radicadas en guaridas fiscales. Esto impacta en firmas como Techint, cuya casa matriz tiene sede en Luxemburgo. 

Hay otros países que también están avanzando en aclaraciones similares, como el caso de Dinamarca, Polonia y Austria. 

La norma publicada en el Boletín Oficial indica que, para acceder a los beneficios, las firmas de más de 800 trabajadores tampoco pueden distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019 ni pueden recomprar sus acciones. Además, están imposibilitadas de realizar la operatoria de compra de dólares a través del llamado "contado con liqui". 

Días atrás, el gobierno flexibilizó el criterio para que las empresas accedan al programa de "Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)". Incluyó entre los beneficiarios a las grandes empresas, aunque ahora aclaró una serie de puntos para esas firmas. 

Opacos abstenerse

Uno de los requisitos es que "no podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación". En otras palabras, excluye a las empresas radicadas en guaridas fiscales o cuya casa matriz está anotada en una jurisdicción "opaca".

La lógica que corre detrás de esas decisiones es que el esfuerzo fiscal del Estado en el caso de las grandes compañías es una respuesta que va en beneficio hacia aquellos actores que pagan sus impuestos para fortalecer esas capacidades del sector público. En cambio, la radicación en paraísos fiscales, que en el fondo tiene el objetivo de reducir el pago de impuestos, va en detrimento de las finanzas públicas.

La medida está en línea con recientes anuncios de parte de los gobiernos de Dinamarca y de Polonia, que explicaron que van a excluir de sus programas de asistencia a las empresas en crisis a aquellas firmas radicadas en paraísos fiscales, tales como Luxemburgo y Islas Caimán, entre otros. También en Austria se está evaluando una medida similar.

El caso danés

En el caso de Dinamarca, el gobierno acordó junto a la oposición mantener el paquete de ayuda hasta julio. Se trata de un plan de ayuda que equivale al 2,7 por ciento del PBI del país nórdico. Incluye compensaciones a las empresas para el pago de salarios y a los empleados autónomos. También supone una extensión en el plazo de pago de impuestos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas de ese país aclaró que "las empresas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, no pueden recibir compensación, en la medida en que sea posible aislarlas en virtud de la legislación de la UE y cualquier otra obligación internacional”.

El caso polaco

En el caso de Polonia, el gobierno puso en marcha un paquete de ayuda del orden del 3 por ciento del PBI, que incluye el subsidio por el equivalente al 40 por ciento de los salarios del sector privado y el pago de una mensualidad para los trabajadores autónomos, entre otras medidas. Al referirse al paquete de estímulo económico, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que "las grandes compañías que quieran una parte del fondo de rescate de 5500 millones de euros deben pagar los mismos impuestos que las empresas nacionales. Es necesario acabar con los paraísos fiscales, que son la pesadilla de las economías modernas”.