La Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID19, integrada por docentes e investigadores del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, investigadores de la UBA, el CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, realizaron un relevamiento en todo el país del 23 al 25 de marzo para conocer los efectos del aislamiento obligatorio en la población más vulnerable.

“Lo que hace el estudio (en el que participaron más de 800 académicos) es una radiografía social del aislamiento en grupos y zonas vulnerables en todas las provincias del país, con excepción de Tierra del Fuego, en los tres primeros días”, explicó al Suplemento Universidad de Página 12 el coordinador de la comisión Gabriel Kessler. “Lo que muestra el informe es un ‘tiempo 1’ de los problemas, tanto del presente como de un futuro cercano ligados al acatamiento”, agregó.

A través de una modalidad de encuesta realizada por WhatsApp para respetar el distanciamiento social, se descubrieron dos tipos de dificultades: la primera fue “de subsistencia y trabajo”, explicó Kessler, donde se marcaron los problemas de “los empleados precarios informales, asalariados no registrados, los pequeños comercios y empresas, los trabajadores agrícolas que necesitan continuar el trabajo en tiempo y cosecha, y las personas que necesitaban retirar comida, garrafas y medicamentos en espacios comunitarios,” entre otros.

La segunda dificultad, detalló Kessler, fue la “derivada de las prácticas sociales” que consiste en las personas que “relativizaron los contagios, la magnitud de la pandemia porque ya vivían en condiciones que tenían en sí mismas problemas”.

Otras de las preocupaciones que aparecieron en esos días fueron “el acceso al agua potable, la dificultad para el acceso a las garrafas y la falta de la recolección de residuos”. Mientras que también los vecinos manifestaron “el temor a mayores tensiones intrafamiliares, al incremento de las violencias de género, contra los más chicos y hacía los adultos mayores; el incumplimiento de las restricciones perimetrales y la interrupción de los servicios sociales que brindaba el Estado”, puntualizó el investigador.

“Desde el principio había información, pero eso no implicaba cambiar las prácticas de forma automática. No es tan fácil si no están dadas las condiciones económicas, sociales y habitacionales para cumplir la cuarentena de forma adecuada”, reflexionó Kessler.

Uno de los datos más llamativos del informe mencionaba que “donde había un liderazgo consensuado, ahí había un intento de organización ya sea de información, de necesidad, de contacto con los gobiernos nacional o local”, mientras que era el caso contrario en los lugares donde no había un liderazgo.

Respecto al trabajo realizado por los académicos, Kessler explicó que la comisión también coordinada por Marcela Cerrutti; Ariel Wilkis; Natalia Bermúdez, Georgina Binstock, Mario Pecheny y Juan Ignacio Piovani, recibió la ayuda de “40 becarios del CONICET que trabajaron en tiempo récord volcando los datos para que puedan analizarla y realizar un trabajo de 140 páginas”.