“Esperamos poder poner en funcionamiento un proyecto muy grande que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, con proponer todo lo que las comunidades han estado transmitiendo como necesidades urgentes, que tienen relación en primer lugar con garantizar el acceso al agua segura y propuestas de desarrollo”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, en teleconferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, refiriéndose a la situación de las comunidades indígenas que habitan el departamento Rivadavia, en el extremo noreste de la provincia. 

La ministra hizo esta afirmación en medio de informe sobre la asistencia gubernamental a comunidades indígenas y criollas aisladas por eventos climáticos en la zona del Chaco salteño. Luego, en respuesta a una pregunta, precisó que este proyecto es para cumplir con el fallo, difundido el 2 de abril, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reconoció los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14, y ordenó al Estado argentino, y el salteño, remediar esta situación en un plazo de seis años. 

"Teníamos un proyecto previo al coronavirus, previo al fallo. Y lo que estamos haciendo ahora con ese proyecto es adecuarlo para poder cumplir los plazos dispuestos por el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos”, sostuvo la ministra.

Añadió que en la readecuación de este proyecto están interviniendo los ministerios de la Producción y Desarrollo Sustentable y de Obras Públicas, además del suyo. Dijo que vienen reuniéndose para avanzar en esta iniciativa para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana, que "dispone que se realicen acciones específicas en ciertos plazos que debemos cumplir". Aunque no dio mayores precisiones sobre este plan, Figueroa adelantó que se volverá "a instalar un comité como en su momento hubo” y contó que han “rescatado también todo lo que se había propuesto anteriormente en las distintas negociaciones que se vienen realizando en este juicio”. 

En cuanto al proyecto, dijo que en el Gobierno recibieron "muchas inquietudes y muchas propuestas, muchos pedidos de acompañamiento para proyectos de desarrollo socio comunitario", que están siendo analizadas por la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, que "está trabajando con proyectos muy importantes, ya en este momento articulando con las intendencias y con las comunidades para poder llevar adelante este proyecto inmenso de desarrollo socio comunitario basado por supuesto en estrategias que respeten los derechos humanos de las personas”.

La sentencia de la Corte Interamericana se dio en una demanda de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en representación de los habitantes de los ex lotes fiscales 55 y 14 de los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). 

La Corte destacó que el Estado argentino violó el derecho a la propiedad de estas comunidades e incurrió también en otras afectaciones de derechos de estos pueblos. La interferencia en su territorio de actividades ajenas a sus costumbres tradicionales incidió en el modo tradicional de alimentación y en el acceso al agua. Por esto, el tribunal internacional también fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. 

"La diligencia exigida podría dar respuesta a la emergencia sanitaria que sufren las comunidades y que ya provocó varias muertes por desnutrición este año. Junto a Lhaka Honhat pedimos al Estado nacional y provincial su intervención en febrero . Subrayamos la relación entre el reclamo territorial de las poblaciones y la ausencia de políticas eficaces de protección que, en esta época de pandemia, se agudizan", recordó en un comunicado sobre la sentencia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos abogados asistieron a los demandantes. 

Cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana implica muchas acciones. Entre otras disposiciones, ese tribunal ordenó al Estado argentino, y salteño, delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones a las comunidades indígenas; trasladar a la población criolla fuera de las 400 mil hectáreas; remover del territoriolos alambrados y el ganado de los pobladores criollos.

Además, la Corte exigió que en seis meses el Estado argentino presente un estudio que identifique las situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación y que formule un plan de acción en el que determine las acciones que realizará y el tiempo en el que serán ejecutadas. La ministra Figueroa no precisó, y el sistema de conferencia de prensa remoto no permite la repregunta, pero es de suponer que cuando habla del gran proyecto se refería a este plan de acción.