En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández habló de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social. Apuntó a su gestión inmediata, cuando detalló los aspectos relevantes de lo que denominó Contrato 2020/2021: trabajos del futuro, financiamiento de la infraestructura verde, aplicación de la riqueza que está en el exterior con fines productivos, transparencia y eficacia institucional.

Comunicó a diputados y senadores que habría de presentar un proyecto de ley para la constitución del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, con el que auspicia a establecer una agenda con contenidos de políticas de Estado que trasciendan los períodos presidenciales. Destacó que aquellos que encabecen el nuevo organismo serán designados con acuerdo del Senado y sus mandatos excederán los cuatro años. En este sentido, una nota reveladora de la convicción democrática y pluralista del presidente Fernández fue la exteriorización de que es plenamente consciente que esta iniciativa supone una autolimitación a sus facultades administrativas. Y ¿con qué argumento un mandatario rechazaría una recomendación unánime de un Consejo con esas características? Según sus propias palabras, allí se reunirán sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica.

Poco antes de aquel 1º de marzo -día que hoy percibimos distante-, quien había sido públicamente mencionado por el Presidente como la persona que debería hacerse cargo del Consejo Económico y Social, dijo públicamente que no es tiempo de crear una estructura de esa naturaleza en razón de que los actores sociales manifiestan sus posturas de manera irreductible.

Alberto Fernández, en lugar de intentar convencer al candidato renuente, de esperarlo o de eludir el abordaje del tema, mantuvo su compromiso e hizo el anuncio ante el Congreso Federal. Así, el Poder Ejecutivo expuso una matriz de conducción política moderna ejecutada con determinación. Menos de dos semanas después de aquel discurso, el presidente Fernández, constreñido por la pandemia del Coronavirus, volvió a demostrar fortaleza en sus discursos y en su proceder, enfrentando la adversidad.

Más allá de las medidas tomadas por el Gobierno para atravesar de la mejor manera el grave trance, merece destacarse que el carácter de la conducción del Presidente volvió a ponerse en blanco sobre negro, exhibiendo liderazgo y pluralismo por igual. Ambas caras de la misma moneda, acuñada en el Frente de Todos, han sido apreciadas por los principales referentes de la oposición y por un amplísimo segmento del colectivo nacional.

Ciertamente, el Poder Ejecutivo no envió al Congreso el proyecto de ley del Consejo Económico y Social. La cuarentena antepone un obstáculo operativo insalvable para su adecuado tratamiento. ¿Habrá que esperar que retomemos el ritmo de vida normal para poner en juego esa cuestión o el Consejo sería una herramienta útil en esta coyuntura que transita el país? ¿No es momento para que la institucionalización del diálogo social vaya tomando cuerpo, justamente en la emergencia, cuando se requiere que los sectores involucrados no actúen desarticulados o de modo voluntarista, pudiendo hacerlo orgánica y eficazmente?

Un principio de respuesta afirmativa asomó el mismo día en que miles de jubilados desesperados en su pobreza fueron a cobrar sus haberes formando interminables filas para entrar a los millonarios bancos, rompiendo toda regla de aislamiento social. Con ese disparador el Gobierno decidió conformar una mesa de crisis junto con la CGT, los empresarios y los expertos en sanidad para definir los caminos para la salida de la cuarentena. Esa iniciativa debería ser la naciente del Consejo Económico y Social anunciado por Alberto Fernández y previsto inequívocamente por el Frente de Todos.

El Presidente está legalmente habilitado para llamar a un Consejo Económico y Social provisional cuya integración podría obedecer a los mismos criterios que la ley habrá de estatuir una vez que se sancione, y que podría abarcar una mayor representatividad que la que fue instrumentada para esa mesa de crisis. Desde luego, el primer Consejo debería abocarse a aportar recomendaciones para el día a día. Aunque en sus aportes para el día después hallaremos la verdadera necesidad de su pronta puesta en marcha.

En la medida que el Consejo se constituya y trabaje, la pelota irá rodando hacia el campo de las expresiones de la sociedad civil que, a partir de esta encrucijada, serán llamadas a protagonizar progresivamente la agenda de nuestra Nación, del mismo modo que sucederá en el extranjero. En ellas recaerá una enorme y perentoria responsabilidad: tendrán que responder a la convocatoria del Gobierno con idéntica fortaleza y con semejante accionar vanguardista, en simetría con la oferta que viene de la máxima autoridad.

Los sectores del trabajo y los de la empresa, que componen el motor de la generación de la riqueza argentina serán parte esencial del nuevo Consejo. El Presidente los nombró en primero y en segundo lugares cuando los citó de cara a la Asamblea. La formalización de esa participación, juntamente con la de todas las demás representaciones, pasó de ser una propuesta en curso a ser un imperativo político de la hora. 

* Ingeniero y abogado. Fue directivo de la CGE.