A pesar de la disconformidad por la metodología de enviar ordenanzas ad referendum, el cuerpo deliberativo de la ciudad de Salta confirmó el congelamiento del costo de los talonarios de estacionamiento medido, hasta el 30 de junio próximo.
La medida responde a una demanda concreta de los trabajadores permisionarios quienes, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19, se han visto perjudicados, al no poder desarrollar su tarea de cobro de estacionamiento desde el inicio de la cuarentena.
La norma sancionada modifica la disposición transitoria que figura en la ordenanza 15.647, la cual fijaba el precio del talonario en $150, hasta el 31 de marzo de este año. Con la nueva medida, el plazo se extenderá hasta el 30 de junio. Vale aclarar que ése es el costo que actualmente deben abonar los permisionarios, por un talonario de 50 comprobantes de cobro de estacionamiento.
El proyecto enviado por la intendenta Bettina Romero había llegado al recinto con dos dictámenes: uno a favor y otro en contra. Sin embargo, antes de comenzar la discusión, ya se había acordado retirar el dictamen negativo y aprobar el proyecto. Pero este acuerdo, no impidió que los ediles realizaran críticas a la jefa comunal, principalmente por la forma elegida para presentar la iniciativa, es decir, como una ordenanza ad referendum.
Según el artículo 41° de la Carta Orgánica municipal, las ordenanzas ad referendum deberán reservarse para situaciones “de extrema urgencia”, en las cuales “no fuera posible reunir al Concejo Deliberante” o se encontrara en receso. Los ediles señalaron entonces que si bien el contexto actual es atípico, no es coincidente con lo enunciado en el artículo.
“El Ejecutivo sigue avasallando la labor del Concejo Deliberante”, manifestó Paula Benavides, concejala del bloque Ciudadanos e impulsora del dictamen negativo. Durante su alocución, la edil aclaró que se oponía a la iniciativa por una cuestión de forma, aunque adelantó que votaría a favor del proyecto, priorizando “el beneficio de los permisionarios”.
Benavides explicó que la intendenta Romero podría haber presentado la iniciativa como un proyecto “de urgente tratamiento”, tal como lo establece el artículo 40° de la Carta Orgánica. De esta manera se habría evitado un nuevo inconveniente en la ya difícil relación entre la jefa comunal y el cuerpo legislativo. “El Ejecutivo no puede seguir gobernando de esta manera. Nosotros somos un cogobierno. Necesitamos que haya más diálogo de parte de la intendencia”, finalizó.
Santiago Alurralde, concejal de Salta tiene Futuro y presidente de la comisión de Tránsito, se expresó en igual sentido: “No comparto lo que ha realizado el Ejecutivo, de solicitar la iniciativa como ad referendum”. El edil sostuvo que “la comisión se está reuniendo y se podría haber sacado un proyecto en conjunto, sobre todo escuchando las voces de los trabajadores”. No obstante ello, Alurralde dijo que “el espíritu de la ordenanza es muy positivo”.
En tanto, José Gauffín (Juntos por el Cambio) coincidió con sus pares respecto a la modalidad elegida por la intendenta para presentar el proyecto de ordenanza. “No tenemos que poner en el aislamiento al ejercicio de los tres poderes de un país. Este cuerpo funciona normalmente”, manifestó.
Por su parte, el concejal Julio Romero (Salta tiene Futuro) dijo no estar de acuerdo con poner una fecha límite al congelamiento del precio del talonario: “¿Cómo le podemos poner un plazo tope, si no sabemos cuándo se levantará el aislamiento social?”, preguntó.
