Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras, entre otros países, obtuvieron recientemente créditos de parte del FMI o están en negociaciones para acceder a nuevo fondeo. La situación de la región de cara al crédito multilateral es dispar: mientras Perú y Colombia quieren liquidez en el marco de líneas de crédito para "economías sólidas", Argentina y Ecuador están en default virtual y otro grupo de países reciben ayuda en calidad de economías de bajos ingresos.

Especialistas dicen que la herramienta más poderosa que tiene el FMI es el aumento en la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG). El ex director del Banco Central, Pedro Biscay, explicó a Página/12 que "si el FMI autoriza una emisión de DEG las reservas internacionales se verían fortalecidas y eso podría representar un alivio significativo, especialmente para los países de mayor fragilidad". Para la Argentina, implicaría un importante ingreso de fondos frecos. Pero esa medida, aplicada en 2009, ahora parece cada vez más lejana, por la negativa de Estados Unidos y de Alemania.

Uno de los programas que instrumentó el FMI para facilitar el crédito en medio de la pandemia es el Rapid Financing Instrument (RFI). El Salvador fue el primer país de América latina en conseguir este financiamiento, por un total de 390 millones de dólares, seguido de Panamá, que firmó  un préstamo por 511 millones de dólares. El gobierno de facto de Bolivia logró un crédito rápido por 285 millones y Paraguay hizo lo propio, con un desembolso de 273 millones. Costa Rica está gestionando un crédito de 508 millones, mientras que en Ecuador el préstamo de 500 millones podría llegar a extenderse hasta los 1000 millones, y hay varios países más de la región en lista de espera, como por ejemplo República Dominicana. Los RFI tienen un plazo para el repago que va de los tres a los cinco años y el costo financiero es el mismo que los programas tradicionales, que están por debajo del costo de mercado de los bonos de emergentes.

En el caso argentino, a fines del año pasado quedó en suspenso el acuerdo stand-by de 57 mil millones de dólares que el Fondo aprobó en junio de 2018 a pedido del ex presidente Mauricio Macri. El desembolso de 5400 millones que debería haber llegado en septiembre del año pasado no se depositó y el nuevo gobierno de Alberto Fernández dijo al organismo que no iba a aceptar más dinero porque era necesario resolver el tema de la deuda. El gobierno tuvo un acercamiento político con el Fondo y logró que el organismo declare que la deuda externa, con privados y con organismos, es insostenible. Mientras el gobierno negocia con los acreedores privados, trabaja para coordinar un nuevo acuerdo que permita al país no hacer desembolsos netos al FMI en los próximos tres años. El grueso de la devolución del crédito al FMI se concentra en 2022 y 2023, cuando hay que pagar 46 mil millones entre capital e intereses.

Ecuador también está en una fase de fuerte incertidumbre, ya que días atrás entró en default virtual, al posponer pagos hasta agosto por 800 millones de dólares. El plan de reestructuración de su deuda tendrá un capítulo de privados pero también en relación a la deuda con el FMI, por lo cual el país renegociaría un amplio acuerdo de apoyo crediticio. Tanto en el caso de la Argentina como de Ecuador, ese tipo de acuerdos con el FMI suelen incluir los tradicionales condicionamientos, con recetas de ajuste.

Hay otro instrumento del FMI que es una línea contingente para países "con sólidos fundamentos" que podría utilizar Perú. El presidente del Banco Central de ese país, Julio Velarde, dijo que "hemos iniciado conversaciones con el FMI para tener una línea contingente que podría llegar hasta los 18 mil millones de dólares". En una situación similar está Colombia, que hizo el pedido para poner tener a disposición sus 11 mil millones de dólares de la línea de crédito.