Distribuidoras de luz y gas son objeto de una avalancha de reclamos por facturas que envían a los usuarios con montos absurdos. Clientes que venían pagando 1000 pesos por el servicio eléctrico de pronto se encuentran con boletas de 5000, 6000 y hasta 10.000 pesos sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores. Lo mismo sucede con el servicio de gas por redes, y ocurre tanto con usuarios residenciales como con pymes del comercio y de la industria. La razón es que las empresas están autorizadas a estimar los niveles de consumo en lugar de realizar la lectura habitual de los medidores mientras dure la cuarentena. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como lo es la cuarentena, pero su aplicación efectiva está dando lugar a todo tipo de abusos. El ente de control del servicio de gas, el Enargas, emitió esta semana una resolución para empezar a revertirlo con los usuarios no residenciales.

“Detectamos muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, señaló el interventor de ese organismo, Federico Bernal. “Hemos adoptado una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación”, explicó, en referencia a la resolución 25/2020 del último miércoles que ordena a las distribuidoras habilitar “aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas” para que los clientes pueden remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta del medidor. “No podemos permitir que en esta situación tan difícil encima tengamos casos de usuarios y usuarias que reciben facturas con importes que no se ajustan al consumo real”, insistió Bernal.

La resolución se tomó a partir de denuncias de numerosas pymes que paralizaron la actividad por el aislamiento social preventivo y obligatorio pero que, insólitamente, empezaron a recibir facturas como si estuvieran trabajando a su máxima capacidad. “Son muchos los usuarios no residenciales cuya producción es cero y su consumo fue estimado en base a datos históricos, en un proceso productivo normal, sin limitaciones como consecuencia de la pandemia”, advirtió Bernal.

Las distribuidoras de gas tienen plazo hasta el próximo viernes para desarrollar las aplicaciones y páginas web que permitan a los clientes no residenciales (comercios e industrias) enviar la información correcta de los consumos y asignar las devoluciones correspondientes en próximas facturas. La medida también alcanza “a los clientes residenciales que son nuevos en el servicio y no poseen registros históricos de consumo o con datos de consumo menores a un año”, que son quienes resultan más afectados por la misma situación en el caso del gas.

En el servicio eléctrico, en cambio, el mayor caudal de denuncias corresponde a los clientes domiciliarios.

“Mi nombre es Haydée. Alquilo un monoambiente en San Martín y tengo este problema. El mes pasado me vino de luz 5300 pesos. No tengo lavarropas, secarropas, no tengo nada. Soy una jubilada que no tiene nada. Como no pagué los 5300 pesos, este mes, sin que pasaran a mirar el medidor, me quieren cobrar 10.900 pesos. Estoy sola y alquilo por 8000 pesos por mes, porque es una pieza, un baño y una pequeña cocina. Me están pidiendo 10.900 pesos por algo que no usé. Me están enfermando la vida. Yo pagaba 1009,25 pesos hasta el mes anterior. Tengo un pequeño anafe, una pava eléctrica para calentar el mate, que la caliento dos veces. El anafe lo uso solo a la noche. No puedo entender por qué me quieren cobrar esta barbaridad. El portero se fijó si había alguna pérdida, me tomó los datos del medidor, pero no hay pérdida, no hay nada que diga que yo puedo pagar esta plata. Hoy fui a Edenor a ver si estaba abierto y estaba cerrado. Les quería mostrar lo que pagaba anteriormente, pero no había nadie y no me atienden por teléfono. No estoy acostumbrada a tener este tipo de problemas”, relata la clienta de Edenor del partido de San Martín, en el conurbano bonaerense, en un mensaje desesperado a la Red de Multisectoriales, que reúne a entidades de consumidores de todo el país, ante la imposibilidad de obtener una respuesta por parte de la empresa.

“Nos están llegando muchas denuncias de sobrefacturación”, revela Andrea Manzi, abogada de aquella organización de usuarios. A eso se agrega un factor que aumenta la preocupación de clientes como Haydée y que desafía la instrucción del Gobierno de no aplicar cortes en servicios públicos por 180 días a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban hasta dos salarios mínimos (33.750 pesos), así como a los monotributistas de las categorías A y B y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo, pensiones no contributivas, electrodependientes y micro pymes, entre otros.

Como se observa en la foto que acompaña este artículo, llegan boletas con vencimiento en mayo que incluyen la leyenda de “aviso de suspensión” del servicio por falta de pago. Esa posibilidad sigue habilitada para aquellos que no forman parte del universo mencionado en el párrafo anterior, pero según la Red de Multisectoriales, las intimaciones también son remitidas a usuarios amparados en la norma de protección oficial. “No estamos recibiendo denuncias de corte de servicio. Salvo algunas excepciones, como un cliente de Litoral Gas al que le sacaron el medidor esta misma semana, en general las distribuidoras de luz y gas no están produciendo cortes. Lo que hacen es amedrentar a los usuarios que se atrasan con la factura mediante intimaciones que envían por correo electrónico o con la leyenda en la factura. Eso provoca mucho miedo en la gente, que hace como puede para pagar cuando podría no hacerlo por el decreto del gobierno”, reprocha Manzi, y menciona que recibió quejas en el mismo sentido contra Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas.

La semana pasada, el Gobierno reglamentó el decreto 311 que prohíbe los cortes de servicio por 180 días. Allí se estableció la creación de una Unidad de Coordinación conformada por funcionarios de las carteras de Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Economía, los entes de control Enre, Enargas y Enacom, Cammesa, Aysa y la Jefatura de Gabinete. Su primera tarea asignada será producir un informe con la cantidad de usuarios alcanzados por el decreto 311 “y el segmento de usuarios no alcanzados que se considere conveniente incluir”. En este punto, entre las entidades de consumidores existe consenso en que el corte de beneficiarios amparados es muy bajo al fijar un máximo de ingresos equivalente a dos salarios mínimos (33.750 pesos). Entre el 60 y el 80 por ciento de los usuarios quedan sin protección, estiman. La posibilidad de incluir a más clientes, como se faculta a la Unidad Coordinadora, despierta expectativas favorables para una mayor cobertura.

De hecho, eso ocurrió con los clientes de telefonía fija, móvil, Internet, TV por cable y satelital en la misma reglamentación del decreto 311. Se dispuso que los monotributistas de las categorías C y D que puedan demostrar una caída del 50 por ciento en su facturación también quedarán resguardados, y señala que lo mismo corre para los usuarios particulares en general.

Las asociaciones de consumidores, por otra parte, están atentas a la decisión que también debe adoptar la Unidad Coordinadora sobre la tasa de interés que se aplicará cuando los usuarios que ahora no paguen las facturas –sin corte de servicio por el decreto 311- empiecen a hacerlo. Las distribuidoras eléctricas y de gas ejercen presión porque sus niveles de facturación cayeron arriba del 50 por ciento, en parte también por el tiempo que estuvieron cerrados los locales de pago extrabancario.

La gravedad de la pérdida de ingresos de la población, que se alarga por la necesidad de extender la cuarentena, debe llevar al Gobierno a reforzar las medidas de amparo de sectores sociales cada vez más amplios. Es indispensable que lo haga para garantizar la efectividad de la única vacuna posible en este momento contra el coronavirus: el aislamiento social.