Tras cinco horas de durísimas negociaciones entre los representantes de los internos y las autoridades judiciales y políticas se firmó un acuerdo con el que, al menos por ahora, se levantó el conflicto en el penal de Villa Devoto. Hubo puntos en que el acuerdo no fue difícil, pero otros fueron muy ríspidos. Por de pronto --y siguiendo un fallo de la Casación Federal-- se favorecen las excarcelaciones o prisiones domiciliarias de los mayores de 60 años, de los enfermos, de quienes tienen condenas menores a tres años de prisión, de las mujeres con niños pequeños, las embarazadas, los que fueron condenados siendo menores, los presos que ya tenían salidas transitorias y los extranjeros que ya hayan cumplido la mitad de la condena y estén en condiciones de ser expulsados del país. Pero había un punto ríspido, que se incluyó en el acta final, pero que difícilmente se concrete: conmutaciones de penas o "compensaciones por el mal estado del sistema carcelario". Es una exigencia de los presos con condenas más duras y es imposible que el presidente Alberto Fernández firme un beneficio de esa naturaleza. En Provincia de Buenos Aires reclaman lo mismo y está claro que el gobernador Axel Kicillof no avalará una medida semejante.
Nuevamente, el ámbito de la negociación fue la capilla del penal y estuvieron el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; dos jueces de Casación Nacional y Federal, Daniel Morin y Gustavo Hornos; Ariel Cejas Meliare, por la Procuración Penitenciaria, y varios representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las personas detenidas, así como los defensores oficiales. Tal cual ocurrió el viernes, la abogada Andrea Casamento expresó las posturas de los presos, pero todos coinciden en que la voz cantante la tiene Guillermo Alvarez, al que llaman "El Concheto", preso por homicidio. Detrás de él, hay un grupo de internos que estudian en el Centro Universitario de Devoto, de buen nivel intelectual. En total, en la capilla participaron unos 20 internos representando a los distintos pisos de Devoto.
Tras arduas cinco horas de negociaciones, Cejas Meliane, de la Procuración Penitenciaria, delineó los puntos básicos del acuerdo. Se conforma un grupo interdisciplinario que se reunirá otra vez el jueves que viene. El objetivo es revisar, uno por uno, los nombres de unos 1100 presos de Devoto que están en condiciones de acceder a la detención domiciliaria. Fuentes del Ministerio de Justicia afirman que cuentan con las pulseras electrónicas para monitorear a esos detenidos y prevenir que no salgan de sus domicilios, pero para ello se necesita el visto bueno de los jueces. Morin y Hornos, que tuvieron una relevante intervención en el encuentro de este sábado, explicaron que todos los jueces no piensan lo mismo, pero que tratarán de unificar los criterios para que las excarcelaciones y domiciliarias sean posibles.
El centro del enojo de los presos no es con el Poder Ejecutivo ni con el Ministerio de Justicia, sino con el Poder Judicial, en esencia porque cada paso se demora. Por ejemplo, el trámite para que los médicos digan que un preso con tuberculosis está en riesgo, se retrasa días y días. El secretario Mena prometió acelerar todos esos tiempos, dentro de sus posibilidades. Los magistrados Morin y Hornos se comprometieron a que en la reunión del jueves estarán al menos dos jueces de Ejecución Penal, que son los que tienen a cargo a los presos y los trámites para las morigeraciones.
En el texto firmado por todos los presentes, hay puntos en los que se podrá trabajar, como el de mejorar las condiciones sanitarias, es decir la falta de alcohol en gel, barbijos y la atención médica. Se hizo una recorrida por los pabellones para ver los destrozos de la protesta del viernes y el saldo es que las mayores roturas se produjeron en la instalaciones que manejan los penitenciarios: cocinas, heladeras, rejas. Hay varios internados, aunque ninguno de ellos de gravedad, y fue trasladado a un hospital un interno herido por perdigones.
Como ya adelanto PáginaI12, los internos no quieren ser trasladados a otros penales. Devoto es una especie de VIP del Servicio Penitenciario Federal: las condiciones son deplorables, pero más o menos parecidas a las de otros penales, no hay superpoblación, y sobre todo, queda en la ciudad y los familiares no tienen que hacer largos recorridos para hacer una visita. El viaje a Ezeiza o Marcos Paz es toda una odisea, más aún en tiempos de cuarentena. De manera que el reclamo central son las excarcelaciones y domiciliarias, no los traslados.
Hasta ahora, del total de presos que tiene el Servicio Penitenciario Federal, 13 mil, ya hubo unos mil que obtuvieron beneficios, pero la exigencia es que en Devoto consigan lo mismo otros mil. Del total de la población en esa cárcel, 1600 internos, sólo 300 tienen condena, el resto está con prisión preventiva.
Desde ya que el punto más difícil es el que tiene que ver con el reclamo de reducción de pena. Algunos dicen que debería ser de tres años, como compensación por las malas condiciones de los penales y las circunstancias excepcionales del coronavirus. Argumentan que, en su momento, los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Eduardo Duhalde tomaron medidas de esa naturaleza para descomprimir cárceles que estaban repletas. El efecto sería que un preso condenado a 20 años se ve beneficiado muy poco, pero uno condenado a cinco años recupera la libertad. Por lo que se sabe, ni el gobierno nacional ni el gobierno bonaerense están dispuestos a firmar una norma de ese tipo, de manera que es una cuestión que seguirá siendo motivo de conflicto.
Como ya consignó PáginaI12, en el mundo entero hay una política de descomprimir las cárceles y alivianar los peligros de contagio, dado que el régimen de un penal es objetivamente contrario al distanciamiento que requiere el virus y a las normas dictadas por la Organización Mundial de la Salud. En una cárcel no hay protocolo posible.
En sólo cuatro estados norteamericanos --Ohio, Arkansas, Carolina del Norte y Virginia-- dieron positivo por covid-19 un total de 3277 presos. Y los estudios demuestran que los contagios son inevitables, porque el virus ingresa con los que producen o llevan la comida, los médicos, los penitenciarios, el personal de mantenimiento e impacta en una población de riesgo por hepatitis, tuberculosis, HIV y otras enfermedades. En las últimas 24 horas, Nueva Jersey mandó a sus casas a mil presos y este fin de semana Nueva York haría lo propio con otros 2 mil.
