El clima comienza nuevamente a calentarse en la cárcel de Coronda: es que tras las explosiones de penales en distintos puntos del país como Devoto, Florencio Varela, Las Flores (donde hubo cinco muertos), y uno anterior en el mismísimo penal de la capital de la frutilla, ahora los internos anunciaron que desde mañana comenzarán una huelga de hambre para que se les conceda la libertad a aquellos detenidos que ya reúnen las condiciones para obtenerla, pero que vieron congelados sus trámites por la cuarentena fijada debido al coronavirus. "Desgraciadamente, ante la falta de respuesta del poder judicial la mayoría de los internos de la cárcel de Coronda el día lunes 27 iniciaran una huelga de hambre, con el objetivo hacer oír su reclamo", advierte el documento firmado por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario.  "Por ello, exhortamos al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, para que se escuche el reclamo y se trabaje en la agilización de los procedimientos y el acceso a todas las garantías judiciales, conforme lo requiere los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y nuestras Constituciones Nacional y Provincial", explicó a Rosario/12 Carmen Maidagan, quien forma parte de la Comisión citada y es una ex integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y por ese motivo, los internos se comunicaron con ella en esta ocasión. 

En verdad las personas privadas de la libertad en la cárcel de Coronda, ya vienen reclamando por una pronta resolución de los pedidos de libertad. Lo reclaman para todos los que están en condiciones de acceder a este derecho, ya sea revisando las prisiones preventivas dispuestas, concediendo libertad asistida, incluidas aquellos otros casos que ya venían gozando de salidas transitorias. Estos últimos están solicitando el otorgamiento de la libertad para cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio juntos a sus familias, en sus domicilios. En tanto en el caso de los que gozaban de salidas laborales piden que se les permita salir siempre que sus actividades se encuentren dentro de las permitidas, para así poder pernoctar en sus hogares, sin retornar al penal.

En rigor este reclamo no es nuevo sino que se viene efectuando desde el comienzo de las medidas de aislamiento sin una efectiva respuesta del poder judicial. Por este motivo, y a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia elevaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que fue recepcionado el 14 de abril de 2020.

En su nota las personas privadas de la libertad, entre otras cuestiones le manifiestan a la Corte: “Teniendo en cuenta las recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud, se encuentran muchos internos en el grupo de personas de alto riesgo en relación al COVID 19. La gran preocupación de esta población penal se debe a razón de que notamos una gran dilación en dictarse resoluciones que permitan acceder a prisiones alternativas, lo que posibilitaría mejorar y resguardar la calidad de vida de las personas, concediendo arrestos domiciliarios, y así disminuiría el riesgo de contagio de esta pandemia”. Más adelante solicitan que "se puedan articular mecanismos que faciliten el diligenciamiento de los incidentes en curso, por lo cual apelamos a la buena predisposición a fin de que se puedan subsanarse dichas falencias, ya que pueden tener efectos irreparables. Sabemos que estamos atravesando una situación muy crítica que puede tener un gran impacto en la población”, dice la carta de los detenidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos "insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia”

Habida cuenta de este situación desde la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario expresaron que "resulta fundamental agilizar y flexibilizar los procedimientos para que todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de obtener la libertad por cualquier motivo lo hagan y esto ocurra en tiempo oportuno".

En esta linea recordaron que ya se expresaron el tema tanto el Comité Nacional Contra la Tortura en su dictamen del 20 de marzo de 2020, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su comunicado de prensa 66, del 31 de marzo de 2020. Puntualmente la CIDH, en su documento "insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia”.

Asimismo "la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades”. 

En igual sentido la comisión de DDHH recuerda que la misma Comisión “exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas “.

El documento concluye recomendando "la reevaluación de los casos de prisión preventiva sustituyéndolos por medidas alternativas, con prioridad en aquellos grupos de riesgo para el COVID 19". Y en esa línea aconseja la "evaluación del otorgamiento de medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada".

En este sentido el pedido de los internos a la Corte Suprema de Justicia santafesina está en consonancia con lo recomendado tanto por el Comité Nacional contra la Tortura, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Por ello es necesario que se busque una forma de trabajo que permita agilizar los procedimientos", dice el Colegio a través de la Comisión citada. Y apunta además que "teniendo en cuenta que dentro de los derechos a las garantías judiciales, resulta fundamental el acceso de las personas privadas de la libertad al contacto fluido con sus defensores, ello podría agilizarse con los medios tecnológicos disponibles", al tiempo que recuerda velar por "el cumplimento de todas las garantías como el acceso a la doble instancia mediante los recursos de las resoluciones que resulten desfavorables".