Las restricciones migratorias que Donald Trump busca implementar en Estados Unidos chocaron de frente contra un muro legal. Un juez federal de Maryland falló ayer contra el segundo decreto migratorio impulsado por el mandatario norteamericano y agregó otro bloqueo judicial que empezó a levantar Hawaii el miércoles, y que podría terminar anulando la orden presidencial, tal como ocurrió con su primera versión. Al conocerse la decisión adoptada por el magistrado hawaiano, el presidente de Estados Unidos calificó la medida como terrible, durante un acto político en Nashville, y señaló que en opinión de muchos representa una extralimitación judicial sin precedentes. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, sostuvo que el equipo de Trump tiene pensado recurrir las sentencias de ambos jueces, que dejaron en suspenso la ejecución del segundo veto migratorio anunciado hace diez días, y que debió entrar en vigor este jueves.
En concreto, el fallo del juez federal de Maryland, Theodore D. Chuang, se centró en una de las partes de la prohibición migratoria de Trump: la suspensión de la emisión de visas para los ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, países todos de mayoría musulmana. Para Chuang, que apoyó su decisión en comentarios realizados por Trump durante su campaña electoral, el veto supone la puesta en práctica de la anticipada prohibición a los musulmanes. Maryland se sumó así a la resolución tomada por el magistrado Derrick K. Watson, con jurisdicción en Honolulu, quien tras escuchar los argumentos de las autoridades de Hawaii, el primer estado que desafió la medida, dejó sin efecto la suspensión de ingreso al país de migrantes de los seis países y de todos los refugiados.
De este modo, los fallos judiciales suponen el segundo revés legal para el gobierno de Trump, que había sido obligado a respetar el primer veto de la Justicia a principios de febrero. Tras una breve pero infructuosa batalla legal contra los primeros fallos que le pusieron freno a su política migratoria, Trump cedió terreno y presentó el 6 de marzo una versión remozada en la que introdujo cambios para bajarle el tono a la impopular medida, convencido de que esta vez podría saltar el cerco judicial.
El nuevo cepo migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 días la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. A diferencia de la primera orden, la aplicación de la medida no incluía a ciudadanos de Irak y modificaba el apartado sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía la versión original.
Lo que quedó demostrado con la suspensión temporal ordenada por los jueces de Maryland y Hawaii, a horas de que el nuevo decreto entrara en vigencia, es que la esperanza de Trump de salir airoso con su iniciativa migratoria carecía de todo fundamento.
Durante la audiencia realizada en Hawaii, los abogados del gobierno de ese estado argumentaron que la nueva medida, de la misma manera que sucedía con la anterior, mantenía su carácter inconstitucional puesto que atentaba contra la libertad religiosa protegida por la primera Enmienda de la Constitución. Según explicaron los letrados, es evidente que el decreto se dirige específicamente contra los musulmanes. Los representantes del gobierno de Hawaii sostuvieron además que la medida de Trump podría dañar por igual al turismo en la isla y al sector empresarial y universitario, ya que impediría reclutar personal extranjero.
A su turno, los abogados del gobierno norteamericano arguyeron que el presidente cuenta con plena capacidad para determinar la política migratoria del país y que los argumentos del estado de Hawaii no son más que especulaciones. Desde que Trump anunció la firma de su nuevo decreto antimigratorio, la oposición –que no paró de crecer y multiplicarse– aunó a gobiernos estatales, asociaciones religiosas, defensores de derechos civiles y formó un arco heterogéneo de personas y grupos muy similar al que se movilizó hace poco más de un mes para frenar el primer decreto presidencial, que apuntó contra la comunidad musulmana.
Un primer decreto que fue ejecutado de inmediato, sin avisarle a las fuerzas de seguridad involucradas y al propio Congreso. Lo que provocó un caos, especialmente cuando comenzaron a conocerse las noticias de detenciones de extranjeros y hasta de residentes legales de Estados Unidos en los principales aeropuertos del país. Las protestas y el repudio se hicieron escuchar enseguida e, incluso, superaron las fronteras nacionales.
Pero esta vez, el gobierno de Trump buscó ser más prolijo para evitarse dolores de cabeza. Por eso buscó pulir el vocabulario del decreto –por ejemplo, no menciona la religión musulmana como característica de los países vetados–, removió de la nómina a uno de sus aliados, Irak, y le avisó con antelación a los otros dos poderes –el Legislativo y el Judicial– y a todos los órganos estatales involucrados en la ejecución de la norma. “Nos sentimos muy confiados con cómo fue redactado y con los aportes que incluye”, aseguró el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, luego del anuncio oficial.
Según el funcionario, todo el gobierno estaba convencido de que esta vez el decreto se mantendría en pie. En el estado de Washington, el juez federal James Robart, mantuvo otra audiencia el miércoles para discutir el nuevo veto migratorio. Al escuchar la noticia sobre el fallo en Hawaii, tanto Robart como Bob Ferguson, el funcionario que encabeza el recurso contra el decreto de Trump en ese estado, celebraron la decisión del juez Watson y dijeron que son buenas noticias para todo el país.
“Es muy emocionante. En este punto se trate de un esfuerzo de equipo con múltiples juicios en múltiples estados”, aseguró Ferguson, quien también batalló –con éxito– contra el primer veto migratorio de Trump. Como sea, los rechazos echan por tierra el convencimiento inicial de la administración republicana que depositaba sus esperanzas de imponerse en una mayor prolijidad en la redacción y ejecución del decreto, de manera tal que le asegurase la inacción de fiscales federales y jueces nombrados por los demócratas en diversos estados.
