Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19, las personas alojadas en los penales provinciales no reciben visitas ni tienen salidas transitorias. Ante esa falta de contacto con familiares y allegados, el Servicio Público de la Defensa Penal presentó un habeas corpus para que cuenten con un celular de su titularidad, debidamente registrado en el Servicio Penitenciario. Según expresa el recurso, el pedido tiene que ver con el derecho a la vinculación familiar. "La total privación de contacto o vínculo con allegados resulta un agravamiento en la forma y condiciones de detención", expresa la Defensa en el pedido que llegaría a audiencia esta semana, en los Tribunales de Santa Fe. La solicitud fue apoyada por la Asociación de Pensamiento Penal.

Firmada por la defensora provincial Jaquelina Ana Balangione y los defensores regionales de Santa Fe y Rosario, Leandro Miró y Gustavo Franceschetti, la presentación se apoya en "numerosa normativa nacional e internacional, en materia de Derechos Humanos", aseguraron. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce expresamente el papel medular de asegurar el contacto de la persona privada de libertad con su familia, y el Estado es quien debe garantizarlo", señalaron.

Como antecedente citaron la resolución del 30 de marzo pasado dictada por el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires. "Se destaca que el derecho a la comunicación es una regla básica y que su obstaculización o supresión afecta el proceso de resocialización y la salud psicofísica de las personas privadas de su libertad". La resolución también señala que "la incomunicación absoluta resulta violatoria de los derechos consagrados en los artículos 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –prohíbe el sometimiento a penas crueles, inhumanas o degradantes, y obliga a brindar un trato respetuoso de la dignidad humana– y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Además, desde la Defensoría hicieron hincapié en que en otras provincias como Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Tucumán también se está replicando la experiencia. Como antecedentes, destacaron la opinión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que al respecto describió como inhumana la incomunicación de los presos, debido a los cuadros de depresión y desesperación que se evidencian en los internos al no poder tener visitas. 

En la misma línea, la Asociación Pensamiento Penal -capítulo Santa Fe- se expresó a través de un comunicado en el que apuntaron al derecho a la educación (mediante dispositivos electrónicos) y a la comunicación, de las personas detenidas. "En otras provincias generó beneficios para personas privadas de libertad y personal penitenciario, mediante el uso de tiempo ocioso en actividades de contención y formación, que descomprimen situaciones de angustia provocadas por el encierro y, agravadas por la falta de contacto con el afuera", expresa el escrito.

Para la APP, "no hay argumentos válidos para rechazar la medida. Aquellos que fueron esgrimidos y están vinculados a una eventual alteración del orden interno por el uso de celulares, no guardan relación con las experiencias en otras provincias", aseguraron. Y agregaron que "los celulares que se encuentran dentro de las prisiones, en caso de resultar un elemento de utilidad para viabilizar actos delictivos o alterar el orden interno, desde la clandestinidad de su uso ya se hubiera materializado. Y, en caso de utilizarse para la comisión un delito un celular registrado y con uso regulado, resultaría más fácilmente identificable que en la actualidad". En tanto, plantearon que "las medidas que se tomen para la prevención de ilícitos en los establecimientos no deben ser más lesivas que lo que pretenden prevenir".

Si bien el debate se dará en audiencia, desde la Justicia Penal de Santa Fe se requirió al Servicio Penitenciario un informe sobre las posibilidades de acceso a telefonía celular. "Si bien se opuso a los pedidos realizados por la Defensa (con argumentos en relación a la normativa vigente e inhibidores de señal instalados), entendió que si el magistrado lo ordena, las personas privadas de su libertad podrían utilizar teléfonos celulares bajo ciertos requisitos, como ser el registro público del IMEI y que los dispositivos no cuenten con cámara de fotos ni la posibilidad de conectarse a datos móviles", según indicaron desde la Defensa. Además, trascendió que el SP planteó que -en ese caso- no podría haber más de dos dispositivos por sector, debidamente registrados, y que quedan exceptuados de esa sugerencia los internos de "alto perfil".

Domiciliarias y libertades. A fines de marzo, la Defensa inició la presentación de diferentes recursos de habeas corpus -colectivos e individuales- en favor de aquellos internos e internas de las unidades provinciales que estaban en condiciones de cumplir prisión domiciliaria o libertad condicional, con el objetivo de disminuir la población penitenciaria en el marco de la pandemia de coronavirus. En total, se hicieron 371 presentaciones: en 56 se hizo lugar a los pedidos; mientras que otras 96 fueron rechazadas. El resto espera resolución. Tal como publicó este diario en su edición de ayer, los internos en Coronda inician hoy una huelga de hambre para que se les dé la libertad a aquellos que ya reúnen las condiciones.